Por mayoría (13 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra), la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó la moción de orden del día a través de la cual expresa su rechazo a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que según se interpreta, estarían dirigidas contra la Policía Nacional del Perú y, además, lo declara persona non grata.
Este acuerdo será elevado al Pleno de la Representación Nacional para su debate y eventual aprobación.
Esta moción tiene cinco puntos, a decir:
Primero: Expresar su rechazo a las inaceptables expresiones del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República de Colombia, que constituyen una ofensa a nuestra Policía Nacional del Perú, a la República del Perú y, al banalizar el holocausto, constituye también una ofensa a todo el pueblo judío, muchos de cuyos integrantes son nacionales peruanos.
Segundo: Declarar persona non grata al señor del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República de Colombia.
Tercero: Exhortar al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que cada uno dentro de sus competencias realicen las gestiones necesarias para garantizar que el señor Gustavo Francisco Petro Urrego presidente de la República de Colombia, no ingrese al territorio nacional.
Cuarto: Solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que eleve, a través de los canales diplomáticos, la presente moción de orden del día al señor Eufracio Morales, ministro plenipotenciario de Colombia en el Perú.
Quinto: Expresar su más profundo pesar a los familiares de los policías asesinados el 11 de febrero pasado en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Y al mismo tiempo, reiterar el rechazo al terrorismo tanto nacional como extranjero.
Los dichos de Petro
¿Cuáles fueron las palabras textuales del presidente de Colombia, Gustavo Pedro que han sido señaladas como ofensivas? “En el Perú marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”, afirmó en un discurso durante la posesión de los embajadores de Colombia en China, México, Canadá y Brasil.
En realidad, el mandatario colombiano no especificó si se refería al actuar de la policía peruana- Sin embargo su declaración se produjo el día de movilizaciones y marchas en el Centro de Lima, en el que miles de efectivos marcharon por el Paseo de los Héroes Navales y entonaron cánticos de su institución.
Veamos el contexto de las palabas del presidente Petro:
Nuestro Estado en tiempos contemporáneos, es genocida. Ayudó a matar a miles de colombianos simplemente porque eran de izquierda.
Aún hoy, uno va a cualquier esquina de cualquier ciudad de Colombia y dice, soy de izquierda y empieza a sentir peligro. Esa es la herencia de un Estado genocida en la cultura de una sociedad.
Lo mismo hubiera pasado con los alemanes. La Alemania nazi tenía un Estado genocida. No hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi, desde ese punto de vista, genocidas.
Pero hay otras diferencias, los alemanes hicieron catarsis, los alemanes supieron que sus sociedades y sus generaciones de ahí en adelante no podían repetir lo que hicieron.
En Colombia eso no ha pasado. Es decir, en Colombia es posible un nuevo genocidio, porque en la cultura de la sociedad no se construido la gravedad del hecho de tener un Estado genocida y de no repetirlo, sino que, al contrario, en la sociedad colombiana, en muchos sectores, se aplaude el que se pueda matar a una persona por sus ideas.
Eso no es de los años 80, eso sigue siendo hoy. El odio con el cual el Estado colombiano ayudó, con aplauso popular, a matar a miles de militantes de un partido político, ese mismo odio existe hoy.
No es sino abrir las redes y ahí lo ven. No hay, sino que abrir las convocatorias que se proponen y ahí lo encuentran. Los genocidas siguen en la sociedad colombiana. Y esa es, la derivación de esa sentencia contra el Estado colombiano, por el genocidio de la Unión Patriótica.
Esa relación entre el Gobierno colombiano y la Corte IDH, que ha sido difícil en el pasado, porque tiene un hilo común, el desacato, la sentencia judicial. Ojalá, si nosotros en este Gobierno, vivimos días de importancia histórica, tiene que cambiar.
Todas las sentencias deben cumplirse con exactitud, incluida, las menos problemáticas, que tienen que ver con una reforma del Estado en el sentido de que los derechos políticos de los colombianos y las colombianas no pueden ser conculcados por autoridades administrativas sólo por juez penal.
Mientras no sea sí, hay acciones dictatoriales en Colombia, no democráticas. Y este tema implica que miremos esas sentencias y si hay desacato del Estado, porque no quiere la reforma en ese sentido, pues hay que ver qué consecuencias tiene.
El Gobierno de Colombia está en toda la disposición de cumplir todos los tratados, como ordena la Constitución, a los cuales nos hemos comprometido. Es una orden constitucional.
Y más cuando se tratan de tratados de derechos humanos que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad.
Y eso creo que debe ser reafirmado señor canciller por ley de la República otra vez. Aunque pareciera inocuo, no hemos entendido la importancia del derecho convencional.
Su principal misión, entonces, señor Embajador de Colombia, dada su experticia en este tema del derecho internacional y del tratado internacional de la Convención Americana, es hacerlo respetar, es establecer esa confianza con la Corte IDH, es fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y es lograr que toda la comunidad latinoamericana lo acepte.
Hoy los nicaragüenses, el gobierno nicaragüense, liberó a los presos políticos. No sé si todos, a nuestra querida compañera Dora María Téllez, por ejemplo.
Pero en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Convención Americana de Derechos Humanos no se aplica solo a gobiernos de izquierda. Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos. Y esa es nuestra postura. Todos los gobiernos de América latina que firmaron ese tratado, incluido, además, el gobierno de los Estados Unidos, deben aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos y hacerla aplicar allí donde se viola.
