CIDH preocupada por acusación constitucional contra Zoraida Avalos
La CIDH pide que se garantice el derecho de defensa y el debido procesoLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C., horas antes que el Congreso peruano decidiera inhabilitar por 5 años a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, expresó su preocupación por las acusaciones constitucionales abiertas en el Legislativo contra personas operadoras de justicia en el Perú e hizo un llamado a que se garantice el derecho de defensa y el debido proceso para que no se debilite la independencia judicial. Entre otros casos, el órgano institucional de la OEA que tiene a su cargo el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región se refirió al caso de la acusación constitucional en contra de la fiscal suprema Zoraida Ávalos. [caption id="attachment_85429" align="alignnone" width="860"]
CIDH y sus representantes etuvo en Perú hace unos meses y hoy en Washington se muestran preocupoados (Foto: CIDH).[/caption] Esta figura (de acusación constitucional) faculta al Congreso para investigar, juzgar y sancionar, con penas de suspensión, destitución, e inhabilidad por hasta diez años, a altas autoridades del Estado por “infracción de la Constitución”.
CIDH y sus razones para su preocupación
“Preocupa a la CIDH la ambigüedad de dicha figura puesto que ni la ley ni la Constitución precisan las conductas punibles y sus correspondientes consecuencias. En reiteradas oportunidades, ha llamado a delimitarla para asegurar objetividad e imparcialidad, respetando el principio de legalidad y asegurando la separación y el equilibrio de los poderes”, preciosa lña entidad en un pronunciamiento. La misma fuente refiere que el Estado peruano informó que la acusación constitucional se encuentra regulada en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y que dicha figura “hace parte (de) la función sancionadora del Congreso y que, como facultad de control político, puede ser ejercida por “responsabilidades eminentemente políticas, aun cuando no exista la comisión de un delito de por medio”. [caption id="" align="alignnone" width="1024"]
Sanción aprobada contra la exfiscal Zoraida Ävalos provoca preocupación en la CIDH (Foto: Congreso de la república).-[/caption]
“En todo caso, señala la CIDH, de llevarse a cabo estos juicios políticos, la Comisión advierte sobre la importancia de observar con rigor las garantías del debido proceso y el derecho de defensa”.
El Estado, a su vez, comunicó que el procedimiento de la acusación constitucional se encuentra reglamentado en la propia carta política y en el Reglamento del Congreso.
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Adicionalmente, informó que, en todo proceso, sea en sede jurisdiccional, administrativo sancionatorio, corporativo o parlamentario se respeta y garantiza el derecho al debido proceso y las garantías mínimas que lo conforman, incluyendo: el principio de legalidad y el subprincipio de la taxatividad, la presunción de inocencia, conocimiento previo y detallado de la acusación, concesión del tiempo y medios adecuados para preparar la defensa.CIDH y los estandares internacionales
La CIDH recuerda que, conforme a estándares interamericanos, las garantías para salvaguardar la independencia judicial no sólo cobijan a jueces sino también a fiscales. Los Estados les deben dotar de estabilidad en sus cargos como una consecuencia del rol fundamental que desempeñan en el acceso a la justicia. En tal sentido, es preciso que tanto jueces como fiscales cuenten con un adecuado proceso de nombramiento, protección contra presiones externas e inamovilidad en el cargo. [caption id="" align="aligncenter" width="1024"]
CIDH: "Es preciso que tanto jueces como fiscales cuenten con un adecuado proceso de nombramiento, protección contra presiones externas e inamovilidad en el cargo" (CIDH).[/caption]
La Comisión Interamericana insta al Estado peruano a que delimite los parámetros objetivos para la aplicación de la acusación constitucional, para asegurar su consonancia con el principio de legalidad, derecho de defensa y debido proceso, de acuerdo con los estándares e interamericano e internacionales sobre la materia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo mandato se deriva de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano asesor de la OEA en la materia. La CIDH está formada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.
