Dina Boluarte: Comisión Permanente mandó al archivo Denuncia Constitucional que tiene como principal implicada a la presidente
Dina Boluarte, presidente de la República y seis ministros de Estado implicados en las muertes provocadas en las protestas sociales en diferentes regiones del país entre diciembre del 2022 y febrero del 2023 como consecuencia de los enfrentamientos entre manifestantes y las Fuerzas del Orden, no serán investigados.
La Comisión Permanente decidió mandar al archivo a la Denuncia Constitucional formulada por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, contra los siete miembros del Ejecutivo tras aprobar por 10 votos contra 12 el informe de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendó archivar el expediente constitucional elaborado por el Ministerio Público.
El informe argumenta que “no existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados Dina Boluarte, presidente de la República; Pedro Angulo, extitular de la PCM; Alberto Otárola Peñaranda, extitular de Defensa y la PCM; los exministros del Interior, César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, así como el exministro de Defensa Jorge Luis Chávez Cresta. utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones”.
Luego, el mismo informe recalca que “se ha determinado que en mérito a las pruebas aportadas y presentadas no existen elementos de convicción suficientes que configuren en los tipos penales de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves (contemplados en) los artículos 181 y 122 del Código Penal, respectivamente”.
En la sesión presidida interinamente por el acciónpopulista Ilich López Ureña, en su condición de tercer vicepresidente del Congreso, ninguno de los 12 congresistas que votaron para no investigar las muertes en los días de protestas producidas tras la caída del expresidente Pedro Castillo, pronunció palabra alguna. El silencio fue la característica de los miembros de las bancadas de Fuerza Popular, APP, Somos Perú, Acción Popular y Honor y Lealtad. No figuran los votos de Renovación Popular, tampoco de Avanza País, por, probablemente, la inasistencia de sus miembros.
En cambio, los hoy opositores al régimen, Ruth Luque Ibarra, del Bloque Democrático Popular; Flavio Cruz Mamani, de Perú Libre y Wilson Quispe Mamani, Juntos por el Peru-Voces del Pueblo) cuestionaron duramente la decisión de la mayoría congresal al señalar que en su desarrollo el informe repite una expresión de una manera ligera de que no se acreditó o no se encontró evidencia documental para sólo impedir que haya una investigación y permitir que el Ministerio Público diga si hubo o no responsabilidad.
“Yo no entiendo si un informe de esta naturaleza y todos los que han estado a cargo se colocan casi en una decisión de juez, porque solamente alguien que está en esa condición puede señalar si una prueba tiene la calidad de acreditación o no; eso responde a un proceso de investigación y que creo que el Ministerio Público es el que debe determinar si hay alguna responsabilidad. Por parte del Congreso deberíamos permitir que esa investigación se profundice, qué sucedió arriba de las instancia. ¿Cómo es que funcionó? Cómo es que murieron 50 peruanos?., señaló Luque Ibarra.
“Esa, añadió, es una responsabilidad política que le corresponde a la señora Dina Boluarte y sus ministros de determinar y lo que deberíamos hacer como Congreso es permitir que esa investigación se desarrolle y se profundice para ver qué ha sucedido. Lamentablemente aquí en el Congreso ni siquiera se autorizó que funcionara la Comisión Investigadora porque no se acreditaron los representantes de la bancada.”
“¿Entonces, qué es lo que se está pretendiendo? ¿Cerrar toda la posibilidad y que prime la impunidad ante hechos gravísimos que han sucedido en el Gobierno de la señora Dina Boloarte?. Porque no podemos callar ante hechos donde se ha cobrado la vida de peruanos y peruanas, tiene que haber investigación y creo que eso es lo que corresponde. No corresponde decir si se acreditó o no se acreditó, si hay una prueba o no hay prueba, eso lo harán las autoridades del Sistema de Justicia.”, fustigó.
Dicho estas palabras, Ruth Luque Ibarra planteó una cuestión previa: el retorno del caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para una mejor valoración del contenido y no haya solo una narración de no se aprobó o no se acreditó porque no corresponde.
Flavio Cruz complemento los dichos de Luque Ibarra al afirmar que “estamos creando una memoria histórica nefasta. De dónde vino la orden. ¿de Palacio de Gobierno?. Tengo formación militar y a cualquier soldado raso nos enseñan a respetar las órdenes de arriba, nadie puede hacer algo o disparar si no tiene la orden de arriba sucesivamente y eso es lo que ha pasado. Entonces hay una responsabilidad política, de mando y comando, y eso es lo que ha ocurrido”.
“Es un acto, agregó Cruz, de responsabilidad histórica e institucional de tener que construir armonía que esto vaya a investigarse en un juicio y se absuelva si no hay responsabilidad. ¿O acaso esto es una demostración de que sí se asesinaron? O, sí efectivamente ¿hubo una responsabilidad penal del cual se quiere rehuir?.
En estas circunstancias la presidencia de la Mesa puso a votación la cuestión previa, que sometido a votación fue rechazada por un voto, en este caso 11 a 10. El undécimo voto correspondió al que hacía las veces de presidente, el acciónpopulista Ilich López Ureña..
Tras la votación, intervino el congresista de la bancada Juntos por el Perú por Puno, Wilson Quispe Mamani, de la alianza Juntos por el Perú, quien sostuvo que no es posible que podamos archivar un proyecto de ley o una intención de investigación contra la señora Dina Boluarte. Al Congreso de la República le corresponde todo acto de investigación finalmente, porque aquí ha habido muertes.
“El pueblo salió a protestar como manda la Constitución Política que claramente indica que todo poblador peruano tiene derecho a protestar, a manifestar sus opiniones y sus ideas y a movilizarse pacíficamente. Las Fuerzas Armadas y provocaron muertes, lo que rechazamos y condenamos”, señaló.
Luego, la presidencia dio el uso de la palabra a la presidente de la comisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, quien pidió que al haber concluido el rol de oradores, de conformidad con el inciso F del artículo 89 del reglamento del Congreso, someter a votación el informe, cuyo resultado fue 12 votos contra 10 a favor del archivamiento de su archivamiento
“Ha sido aprobado el informe final de la Subcomision de Acusaciones Constitucionales, en consecuencia remítase al archivo la denuncia constitucional 509”, expresó López Ureña, con lo que quedó sellado el proceder nada colaborativo del actual Congreso en la investigación en este tema de las revueltas tras el fin del gobierno de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022”. Veamos las imágenes:
