Conozca el último blindaje de la rectora sanmarquina antes del término de su mandato
UNMSM. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos vive horas críticas. Lejos de iniciar una transición ordenada, la gestión de la rectora Jerí Gloria Ramón Ruffner de Vega ha optado por forzar la legalidad hasta el último minuto de su quinquenio. Utilizó la sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU) celebrada el pasado viernes 3 de julio —marcada por vicios insubsanables— para intentar blindar sus últimos actos administrativos antes de su salida, el próximo sábado 25 de julio.
La sesión írrita del 3 de julio
La sesión del viernes debe leerse como un acto de fuerza carente de legitimidad. Con la ausencia estratégica de los decanos que se negaron a participar en un espacio que consideraban ilegítimo —Amador Grover Mejía Osorio (Ciencias Económicas y de la Gestión), Mirtha Roque Alcarraz (Ciencias de la Salud) y José Félix Palomino Manchego (Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales)—, la rectora Jerí Ramón logró aprobar, sin debate alguno, los dos puntos del Orden del Día en el edificio Jorge Basadre Grohmann.
La ausencia de la oposición permitió que los consejeros alineados a la gestión aprobaran, sin contrapeso, la Resolución Rectoral N.° 008606-2026-R, que dispone la prórroga irregular de los representantes de decanos ante el CU «en vía de regularización». «Estando dentro de las atribuciones conferidas a la señora rectora por la Ley 30220 y el Estatuto de la UNMSM, y con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario», se lee al final de la parte considerativa.
El artículo 1 ratifica la continuidad de las comisiones permanentes de Asuntos Académicos, Relaciones Laborales, Normas y Planificación bajo el siguiente texto: “Aprobar, en vía de regularización, la continuidad de los representantes de decanos ante el Consejo Universitario de la UNMSM, a partir del 28 de junio de 2026 y hasta la elección de los nuevos representantes, en cada área académica”. Vea la Resolución aprobada.
Como advirtió el decano José Félix Palomino Manchego en el pronunciamiento oficial de la Coordinadora de Decanos, la figura de «con cargo a dar cuenta» ha sido instrumentalizada burdamente. Este mecanismo, diseñado para gestionar urgencias inaplazables, no puede ser una patente de corso para que la rectoría decida quiénes integran el máximo órgano de gobierno, violentando la voluntad de las bases académicas y el Estatuto universitario.
Esta aparente normalidad es puesta en duda por la representación de asambleístas en minoría. Alberto Retamozo Linares, profesor principal de la Facultad de Derecho y ex vicerrector, sostuvo que estas acciones solo profundizan la incertidumbre jurídica y política. Para Retamozo, el origen de la crisis es la «destitución ilegal» del Comité Electoral Universitario (CEU). Al haber sido elegido por la Asamblea, su remoción por la mayoría oficialista contraviene el Estatuto, dejando a la universidad sin un árbitro legítimo para las próximas elecciones de autoridades y representantes estudiantiles.
La estrategia de la gestión saliente parece organizada. Comenzó con la suspensión de las elecciones tras la toma de la Ciudad Universitaria y continuó con el cese de los miembros suplentes del CEU por decisión de la Asamblea Universitaria, bajo control de la gestión de Jerí. Hoy, en la última sesión ordinaria, intentaron convalidar actos con órganos de cuestionada legitimidad.
El rechazo a la ruptura estatutaria
La postura de los decanos opositores ha sido categórica al calificar la sesión del 3 de julio como un quebrantamiento del orden legal. En su reciente pronunciamiento, la Coordinadora de Decanos no solo denunció la ausencia de quórum reglamentario, sino que subrayó la vulneración sistemática del Estatuto de la UNMSM.
El decano de la Facultad de Derecho, José Félix Palomino Manchego, fue enfático al señalar que «la universidad no es un ente privado donde la discrecionalidad rectoral sustituye al mandato de los órganos colegiados». Para Palomino, la aprobación de la prórroga de los representantes de los decanos bajo la fórmula «con cargo a dar cuenta» carece de sustento fáctico, pues no existe una urgencia que justifique la omisión del debido proceso electoral interno en cada área académica.
Por su parte, el decano Amador Grover Mejía Osorio (Representante del Área Académica de Ciencias Económicas y de la Gestión) y la decana Mirtha Roque Alcarraz (Representante del Área Académica de Ciencias de la Salud) han coincidido en que su decisión de no asistir al Consejo Universitario fue una medida de protesta ante la imposibilidad de ejercer un control fiscalizador efectivo.
Según sus fuentes, la actual gestión no solo ha bloqueado el debate de los temas de fondo —como la crisis del Comité Electoral—, sino que ha convertido las sesiones del Consejo en trámites administrativos para «normalizar» medidas que, en la práctica, son actos de fuerza destinados a mantener el control de los estamentos universitarios más allá del periodo legalmente establecido.
Vea el pronuncimiento de los decanos 2
Vea el pronunciamiento de los decanos:
La apuesta por la permanencia
¿Por qué tanto esfuerzo en «regularizar» lo irregular a escasos 20 días de dejar el poder? Todo apunta a que la rectora Jerí Ramón no busca un retiro pacífico, sino asegurar una «segunda línea» de mando que le permita mantener el control desde las sombras.
La sospecha de que la actual gestión pretende seguir ejerciendo influencia a través de Adrián Alejandro Flores Konja es cada vez más sólida. Al ser el decano con mayor antigüedad en la categoría de docente principal —ratificado desde el 1 de febrero de 2001 mediante Resolución Rectoral N.° 02876-CTG-01—, le corresponde asumir el rectorado transitorio por seis meses. La estrategia parece clara: dejar una estructura de gobierno a su medida para que sea Flores Konja quien controle la transición hasta la elección del nuevo rector para el quinquenio 2027-2031.
La legalidad no puede entrar en receso
Como señaló Retamozo Linares, la incertidumbre que vive San Marcos es el resultado de intentar manejar la universidad como una cuota de poder personal. La «regularización» aprobada es un intento de blindaje que pone en riesgo la legitimidad de cualquier decisión futura. San Marcos merece un cierre de ciclo basado en el respeto al Estado de Derecho y no en maniobras de último minuto. La comunidad universitaria exige que la institucionalidad prevalezca sobre cualquier interés de facción.
Prueba de fuego
La transparencia del periodo transitorio que encabezará Flores Konja será la prueba de fuego para recuperar la democracia en la «Decana de América». Fuentes cercanas a la oposición estiman que Jerí Ramón busca permanecer en «primera línea» a través de Flores Konja, a la espera de que el nuevo Congreso Bicameral modifique la Ley Universitaria, lo cual le permitiría postular a la reelección o ampliar su mandato. La preocupación radica en que este rectorado transitorio consolide los cambios actuales, incluyendo la anulación definitiva de un proceso electoral transparente.
Un escenario de lucha por la institucionalidad
Mientras la gestión de Jerí Ramón se desgasta recurriendo a leguleyadas, la oposición ha decidido apelar a la resistencia. La voz de Alberto Retamozo ha sido clara: la restitución del CEU es innegociable. Retamozo denunció que la destitución ilegal de este órgano es un hecho preocupante, dado que dicho cuerpo fue elegido por la Asamblea y existen miembros suplentes con plena vigencia.
El tablero sanmarquino está fracturado
Por un lado, una gestión saliente que se aferra a la «regularización» administrativa para evitar el vacío legal que ella misma provocó; por otro, una comunidad universitaria que espera con atención los movimientos de Flores Konja y las reacciones del nuevo Congreso. Mientras el poder de Jerí Ramón se desvanece, queda esperar cómo se reorganizarán las corrientes que aspiran al Rectorado. Lo que suceda en las próximas tres semanas definirá si la cuatricentenaria San Marcos logra recuperar su cauce democrático o si permanece atrapada bajo la sombra de una gestión que se resiste a aceptar el fin de su mandato.
