A decir del líder del Partido del Buen Gobierno, la tarea le compete a la administración entrante de Keiko Fujimori
Jorge Nieto Montesinos propuso hoy trasladar a la administración entrante de Keiko Fujimori la potestad de decidir sobre el pedido de Gracia Presidencial a favor del expresidente Pedro Castillo, lo que en la práctica significa una abdicación de la prerrogativa presidencial del actual mandatario.
Específicamente, ¿qué es lo que Jorge Nieto propuso al término de su visita a la presidenta electa en su oficina de San Isidro?
“Le he sugerido hoy a la presidenta que considere las rutas para la libertad del presidente Castillo, buscando que el país encuentre un espacio de descompresión y de despolarización. No es un pedido de indulto. Le he sugerido que considere las rutas para que eso sea dentro de un marco del Estado de Derecho y de la Constitución; que se busquen las rutas, que se vea, que se plantee el tema como parte de esta política general de despolarización en el país. Entonces, no es una tarea que le competa a este gobierno. Es una tarea que le compete al gobierno que entra”.
“La posibilidad planteada de revisar la situación legal del presidente Castillo está colocada en el marco de una política simbólica de reconciliación, de acercamiento del país. Entonces no es una tarea que le competa a este gobierno, es una tarea que le compete al gobierno que entra y creo que eso debe ser muy nítido”.
Esta declaración, analizada con rigor, revela una estrategia que busca inhibir al presidente Balcázar de ejercer sus facultades propias, delegando una decisión de Estado en manos de la principal fuerza opositora del gobierno que concluye.
El argumento de la «reconciliación» es, en este contexto, un vehículo para la inacción. Al sugerir que el Ejecutivo actual se mantenga al margen, Nieto no está facilitando una salida a la crisis, sino asegurando que el costo político de una decisión tan sensible —la libertad de Castillo— sea evadido por el gobierno de Balcázar y proyectado como una hipoteca política hacia el futuro. Se propone, en esencia, que el presidente renuncie a su autoridad para que sea la presidenta electa quien asuma la responsabilidad, con las implicancias de desconfianza y cálculo político que esto conlleva.
Resulta fundamental considerar que el presidente Balcázar, a sus 82 años, se encuentra en una posición única frente a esta encrucijada. Su situación le otorga un «blindaje» natural ante las consecuencias penales o políticas de largo plazo, brindándole una libertad de acción que ningún otro mandatario posee.
La sugerencia de Nieto, al intentar despojar al mandatario de esta capacidad, coloca al presidente ante un dilema histórico: convertirse en un ejecutor de la inercia, delegando su poder en la administración entrante, o asumir la responsabilidad total de sus actos, reivindicando la prerrogativa de su cargo frente a quienes buscan postergar la resolución de un conflicto que consume al país.
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El otro frente
En la otra orilla, la sugerencia del representante del Partido del Buen Gobierno abrió un nuevo y virulento frente de conflicto. Al enmarcar la libertad de Pedro Castillo dentro de una política de reconciliación, Nieto ha dado por descontado que el expresidente es merecedor de un perdón, una premisa que ha provocado un rechazo inmediato en los sectores de derecha más radical.
Para estos sectores, la sola posibilidad de debatir un indulto es una afrenta inaceptable. Su postura es clara: Pedro Castillo intentó subvertir el orden constitucional con un golpe de Estado, hecho por el cual fue destituido, encarcelado y sentenciado, sin importar que el proceso seguido contra el expresidente no cumplió con los rigores que señala la ley, razón por la que hoy es materia de cuestionamiento.
Para este segmento de la opinión pública, el debate planteado por Nieto ignora la gravedad de la ruptura del orden democrático, minimizando el proceso judicial y sentenciatorio, independientemente de las críticas sobre el debido proceso que se puedan haber vertido desde la defensa de Castillo.
La propuesta de Nieto se ha convertido, así, en un arma de doble filo. Por un lado, busca —teóricamente— despojar al Ejecutivo actual de la responsabilidad política de una decisión que marcaría un hito en la transición. Por otro lado, al intentar «reconciliar» al país, Nieto ha terminado por irritar a quienes consideran que la libertad de Castillo no debe estar bajo ninguna circunstancia sobre la mesa de negociaciones.
En medio de este fuego cruzado, el presidente José María Balcázar se encuentra ante una encrucijada definitiva. A sus 82 años, el mandatario cuenta con el «blindaje» de una carrera política que ya cierra su ciclo, lo cual le otorga una libertad de acción inusual. Delegar esta prerrogativa en la presidenta electa Keiko Fujimori, como sugiere Nieto, no es solo un acto de prudencia política; es, en esencia, la renuncia a una facultad soberana.
Si el presidente Balcázar decide aceptar la sugerencia de Nieto, confirmará su papel como un mandatario de transición que opta por el silencio y la inercia. Si, por el contrario, decide ignorar el consejo y asumir la responsabilidad histórica de sus actos, se convertirá en el árbitro final de una decisión que, independientemente del camino que tome, terminará por definir el carácter de su breve pero trascendental gestión.
