“Voy a seguir la posta hasta el final”, expresó el líder de RP, en una actitud que evidencia la brecha entre la ética electoral y su actuar político
Rafael López Aliaga. El escenario político limeño suma un nuevo episodio que pone a prueba la solidez y los principios que deberían regir las contiendas democráticas. Tras confirmarse la renuncia de Luis Rubio a la candidatura por la alcaldía de Lima, la respuesta de la dirigencia de Renovación Popular no tardó en llegar, aunque no precisamente en la forma de una reflexión institucional o un deslinde ético, sino mediante una asimilación inmediata del beneficio táctico.
Rafael López Aliaga, lejos de ofrecer explicaciones profundas sobre las razones de fondo que llevaron a la declinación de su candidato, optó por asumir el control de la narrativa con pragmatismo absoluto. La frase resumida “Voy a seguir la posta hasta el final”, pronunciada tras concretarse la salida de Rubio, grafica de manera transparente cómo se percibe la competencia electoral desde la cúpula del partido: un espacio donde las candidaturas no representan proyectos colectivos consolidados, sino fichas intercambiables según la conveniencia del momento.
“Lucho, muchísimas gracias, hermano, muchas gracias. Yo voy a seguir la posta, yo voy a ir hasta el final; yo llego en la mano más refuerzos tipo Carlos Álvarez (el cómico y excandidato presidencial). Entonces voy a llegar hasta el final como teniente alcalde, voy a llegar y voy a poner tu nombre muy en alto. Eso si te espero, mi querido Lucho. para seguir con hospitales solidarios”, expresó López Aliaga en Chaclacayo en un acto proselitista al hacer pública la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la alcaldía de Lima, situación que lo coloca como numero 2 en la primera fila para asumir un cargo por el cual está vetado en caso ganara las elecciones el 4 de octubre próximo.
Esta postura revela una marcada desconexión entre el deber ser que exige el marco electoral y el actuar cotidiano del dirigente. Las reglas de la democracia representativa están diseñadas para que los ciudadanos elijan sobre la base de propuestas sustentadas en personas idóneas y procesos transparentes. Cuando un líder de partido recibe una dimisión sin el menor rubor y se apresura a capitalizarla para sostener su presencia mediática y electoral, se debilita el sentido normativo de la contienda.
El mensaje que se envía a la ciudadanía es problemático. En lugar de priorizar el respeto a la voluntad popular y al diseño original de la oferta electoral, se impone la lógica de la maniobra de última hora. La ligereza con la que se toma la posta ante la caída de una postulación oficial evidencia una brecha preocupante entre los estándares éticos mínimos que requiere la función pública y la conducta de una dirigencia que parece reaccionar únicamente bajo el cálculo del costo-beneficio político.
La coyuntura
La renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular por razones personales abrió una discusión que va más lejos de la mera estrategia de campaña: expone una fisura ética y jurídica en el sistema electoral peruano, que pasamos a reforzarlo en seis conclusiones.
- Primacía del espíritu de la norma: Las leyes no son cláusulas aisladas ni mecanismos ciegos; deben interpretarse como un todo coordinado. La intención clara de la norma es prohibir la reelección inmediata, por lo que cualquier mecanismo que busque eludir dicho mandato configura un fraude a la ley.
- Legalidad no equivale a legitimidad: Aunque la renuncia de un candidato sea un procedimiento permitido en la forma, instrumentalizarla para forzar la continuidad de un alcalde saliente constituye un acto formalmente legal pero éticamente indigno, que debilita la confianza de la ciudadanía en las reglas de juego.
- El antecedente jurisprudencial del JNE: La decisión del JNE de extender la jornada electoral al día siguiente durante la primera vuelta demostró que el tribunal tiene la potestad y el deber de poner la justicia constitucional y la realidad por encima de la literalidad rígida de los reglamentos.
- Respeto al voto con sanción a la argucia: La solución técnicamente correcta en caso de un triunfo del partido no es anular la elección ni invalidar la voluntad popular expresada en las urnas, sino apartar a la autoridad en funciones por incurrir en prohibición de reelección.
- Asunción del Sillón Municipal por el N.° 2 de la lista: La consecuencia lógica y justa de esta interpretación es que la alcaldía sea asumida por el primer regidor que no tenga impedimento constitucional (el número 2 de la lista electoral), garantizando así que la ley exprese justicia y no premie la especulación normativa.
- Reforma legislativa y sanción penal: Es indispensable abrir un espacio de debate jurídico y legislativo para reformar la normativa electoral e incorporar esta conducta en el Código Penal como un delito electoral. La tipificación debe alcanzar tanto al candidato renunciante como al regidor beneficiario por la comisión de fraude a la ley y distorsión de la voluntad popular, e incluir entre las causales de cancelación de la inscripción del partido político en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) el uso deliberado de estas estratagemas.
