ONU, UE y juristas alertan de un «ataque descarado» al orden jurídico global que deja desprotegidas a las víctimas de los crímenes más graves
La Corte Penal Internacional. La tensión entre Estados Unidos y la justicia internacional alcanzó un punto crítico. La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó de forma categórica las nuevas sanciones financieras y de visado impuestas por Washington contra sus jueces y fiscales, calificándolas como un «ataque flagrante contra la independencia judicial».
La medida, respaldada por condenas de la ONU y llamamientos de la Unión Europea, sitúa al sistema de rendición de cuentas global en un punto de no retorno.
«La Corte no se dejará amedrentar. Seguiremos cumpliendo nuestro mandato con independencia e imparcialidad, en pleno cumplimiento del Estatuto de Roma y en interés de las víctimas», aseveró la presidenta de la CPI, Tomoko Akane.
- La ONU y la CPI alzan la voz: «Un asalto a la justicia»
El rechazo institucional ha sido unánime y frontal desde las más altas esferas diplomáticas:
- António Guterres (ONU): El Secretario General advirtió que estas medidas punitivas ponen en peligro directo la capacidad operativa del tribunal y asestan un duro golpe a la lucha contra la impunidad. Exigió a todas las naciones respetar sus compromisos jurídicos.
- Volker Türk (DD. HH.): El Alto Comisionado calificó las sanciones de «inaceptables» y exigió su cancelación inmediata.
- Asamblea de Estados Parte: Calificó las acciones de Washington como «lamentables intentos de intimidación» e instó a los 125 Estados miembros a formar un frente unido para blindar la institución.
- Una escalada sistemática: 9 jueces y 2 fiscales en la lista negra
Las sanciones de agosto de 2026 no son un hecho aislado, sino la culminación de una ofensiva bajo la Orden Ejecutiva 14203 que ya alcanza a 9 de los 18 jueces de la CPI, a sus dos fiscales adjuntos y a personal clave.
| Funcionario / Juez | País de origen | Cargo en la CPI |
| Tomoko Akane | Japón | Presidenta de la CPI |
| Abdoulaye Seye | Senegal | Abogado Principal de la Fiscalía |
| Kimberly Prost | Canadá | Jueza |
| Nicolas Guillou | Francia | Juez |
| Nazhat Shameem Khan | Fiyi | Fiscal Adjunta |
| Mame Mandiaye Niang | Senegal | Fiscal Adjunto |
- El detonante: Las órdenes de arresto y el trasfondo geopolítico
El choque frontal responde a las investigaciones y órdenes de arresto dictadas por la CPI contra altas autoridades, incluyendo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y a su exministro de Defensa Yoav Gallant.
Ni Estados Unidos ni Israel forman parte del Estatuto de Roma. Sin embargo, la CPI opera como tribunal de última instancia para juzgar genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad cuando las jurisdicciones nacionales no lo hacen, actuando en representación de 125 Estados parte.
- Expertos de la ONU solicitan la intervención de la UE
Un grupo de expertos independientes de la ONU lanzó una seria advertencia este viernes: «El sistema de justicia forjado en Núremberg y Tokio está en el filo de la navaja. Se pretende poner de rodillas a la CPI para garantizar la impunidad de los aliados de EE. UU.».
Frente a esta situación, han solicitado medidas de protección urgentes:
- Estatuto de Bloqueo de la UE: Piden a Bruselas que active de inmediato este mecanismo para prohibir que bancos y empresas europeas apliquen las sanciones estadounidenses.
- Protección a empleados: Garantizar coberturas para los funcionarios de la CPI, procedentes de casi 100 países.
- Escudo a las ONG: Proteger a los defensores de derechos humanos y organizaciones civiles que colaboran con el tribunal recopilando pruebas.
Conclusión:
En este escenario de presiones y represalias, las verdaderas víctimas de las atrocidades en el mundo son las más vulnerables, al ver amenazado su último recurso de justicia y reparación. La firmeza demostrada por la CPI y la ONU deja claro que la defensa de los derechos humanos no puede someterse a los intereses cambiantes de las potencias. El futuro del sistema de rendición de cuentas dependerá de la capacidad de los Estados para mantenerse.
