BTL: ¿Un Estado «de rodillas»?: El sometimiento logístico y la crisis de prioridades en la UNMSM

Éstas son las mimplicancias de un negocio privado que moviliza a distintos sectores del Estado y que manda a la virtualidad a la decana de América

BTL.  ¿Se pone el aparato público al servicio irrestricto de promotores privados bajo el pretexto de la seguridad? El inusual despliegue logístico y la paralización de la presencialidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos abren un cuestionamiento ético e institucional profundo.

La confirmación y realización de los tres conciertos de la banda surcoreana BTS en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha encendido un intenso debate nacional. Mientras las instituciones públicas movilizan un despliegue operativo sin precedentes, la opinión pública y la comunidad universitaria se debaten entre el impacto económico multimillonario y el cuestionamiento ético sobre el rol del Estado y de la universidad pública frente a un espectáculo privado.

1. Un Estado volcado al espectáculo: ¿Protección ciudadana o servilismo logístico?

A la pregunta de si el Estado «se pone de rodillas» ante la industria del entretenimiento masivo, los hechos muestran una respuesta categórica en la práctica: las instituciones públicas han supeditado su operatividad cotidiana a los requerimientos de un evento privado que genera millones de dólares para sus promotores.

• Ministerio Público / Fiscalía de la Nación: Desplegó operativos preventivos y controles de identidad en los exteriores del estadio para mitigar fraudes, la reventa de entradas falsificadas, alteraciones del orden público y aglomeraciones.
• Defensoría del Pueblo: Mediante la Adjuntía para la Seguridad Ciudadana, Seguridad Nacional y Lucha contra las Drogas, y en virtud de la Ley N° 27276 (Ley de Seguridad en Espectáculos Públicos no Deportivos con Gran Concentración de Personas), realizó labores de supervisión sobre las medidas de seguridad, coordinando acciones con la PNP, el Cuerpo General de Bomberos, Defensa Civil y los propios organizadores privados para garantizar el ingreso, permanencia y salida del público.
• Indecopi: Monitorea y fiscaliza el cumplimiento de las condiciones del servicio de la ticketera oficial, los precios de venta, los derechos del consumidor y las condiciones de acceso, en coordinación con las autoridades policiales e interinstitucionales.
• Ministerio de Salud (Minsa) / SAMU: En los exteriores e interiores del recinto, el Minsa desplegó ambulancias y equipos del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU), brigadas de gestión del riesgo de desastres y personal para brindar orientación médica, atención de primeros auxilios, prevención de golpes de calor, e incluso charlas sobre mochila de emergencia y prevención del embarazo adolescente. Asimismo, se puso en alerta preventiva a la red hospitalaria de Lima.
• Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU): Diseñó e implementó un plan especial de movilidad masiva, ampliando los horarios del Metropolitano (Rutas B, C y servicio Lechucero) y habilitando puntos de embarque especiales alrededor del campus sanmarquino para evacuar al público asistente.
• Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y Municipios Limítrofes (San Miguel y Bellavista): A través de sus áreas de Serenazgo, Fiscalización y Gestión del Riesgo de Desastres, ejecutaron inspecciones operativas, ordenamiento y erradicación del comercio ambulatorio e intervenciones en el tránsito vehicular.
• Policía Nacional del Perú (PNP): Movilizó a cientos de efectivos para desvíos de tránsito, anillos de seguridad, control de masas y resguardo de accesos al recinto universitario.
• Promperú: Respaldó públicamente el evento bajo el argumento del «turismo musical», destacando que 6 de cada 10 fanáticos se desplazan para asistir a shows internacionales y que el concierto convocó a miles de visitantes de Arequipa, Cusco, Trujillo y de países vecinos como Chile, Ecuador y México.

Para diversos analistas, bajo la premisa de resguardar el orden y la integridad física de los asistentes, el aparato estatal termina asumiendo tareas operativas y logísticas que abaratan los costos de producción de las empresas promotoras, subordinando el uso de bienes, fondos y personal público al servicio de un espectáculo lucrativo de naturaleza privada.

2. La UNMSM y la tensión académica: ¿Universidad pública o empresa de servicios?

El punto más crítico recae sobre la Decana de América. La decisión de la gestión que encabeza la rectora Jerí Ramón Ruffner de alquilar el estadio y suspender la presencialidad los días 7, 9 y 10 de octubre para migrar a la virtualidad desencadenó duras reflexiones internas sobre las prioridades de la educación superior.

La voz de la academia: El análisis de José Luque Barba y Víctor Peña

Para el físico José Luque Barba, exsecretario general de la UNMSM, la situación exige una mirada estructural sobre el rumbo de la universidad pública:

«¿Las actividades comerciales que se realizan dentro o alrededor de la universidad están al servicio de su misión académica y científica, o la misión académica termina adaptándose a los intereses comerciales?»

Luque Barba plantea que una universidad no debería medir su éxito por cuánto dinero genera alquilando sus espacios, sino por cuánto conocimiento es capaz de producir y aportar a la sociedad. Si un evento externo obliga a paralizar la vida académica, la prioridad institucional queda seriamente distorsionada.

En esa misma línea, el exvicerrector y profesor principal de la Facultad de Ciencias Físicas, Víctor Peña Rodríguez, cuestionó el costo ético de esta decisión:

«El problema está en la afectación, en el costo-beneficio. ¿Qué beneficio podría ser satisfactorio para un golpe tan tremendo en la moral y valores que obliga a una universidad? Imagínese que la rectora quiso otorgar el grado doctor honoris causa a estos coreanos […] Este es un cierre literal de la universidad, entregándole las llaves a extraños. ¿Qué mensaje se les pasa a los estudiantes, a los jóvenes?»

Puntos críticos sobre la paralización universitaria:

• La investigación en pausa y la exclusión del pregrado: Aunque se garantizó el acceso a laboratorios para docentes y tesistas de posgrado, los estudiantes de pregrado quedaron al margen. Esto relegó la formación científica de las primeras etapas, proyectando el mensaje de que la investigación formativa es prescindible frente a un compromiso comercial.
• La ciencia necesita presencialidad: Una lección teórica puede trasladarse temporalmente a una plataforma virtual, pero un laboratorio, una colección científica, un experimento, una práctica de campo o un ensayo de investigación no pueden sustituirse a través de una pantalla.
• Universidad pública ≠ empresa de servicios: Si bien la ley permite la obtención de recursos propios mediante el alquiler de infraestructura, el límite infranqueable se vulnera cuando dichas actividades mercantiles desplazan, interrumpen o condicionan el acceso de los propios estudiantes y docentes a su campus.
• Cuestionamiento a la transparencia: La comunidad universitaria exige saber con exactitud a cuánto ascienden los ingresos por el alquiler del estadio y cuál es el destino de esos fondos, cuya rendición de cuentas rara vez se expone con la debida claridad pública.

3. La otra cara de la moneda: El impacto económico y las Mypes

Desde la acera económica, los gremios empresariales defienden la realización del evento como un catalizador del comercio local. Según proyecciones del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), liderado por Rodolfo Ojeda, los tres días de concierto movilizan entre 150 y 200 millones de soles.

4. Reflexiones finales: Las preguntas que deja este capítulo

El paso de BTS por el Estadio de San Marcos deja al descubierto una encrucijada institucional que va mucho más allá de la euforia juvenil o de las cifras de ventas. Obliga a formular preguntas de fondo que comprometen el rol de las instituciones del Estado:

1. ¿Se pone el Estado «de rodillas»?: Sí, cuando la fuerza pública, el sistema de salud y la regulación del transporte se ponen a disposición de un megaevento privado para resolverle la logística y contener sus impactos, asumiendo costos operativos con recursos de todos los peruanos bajo la justificación de «proteger la vida de los asistentes».
2. ¿Es la universidad pública el escenario indicado?: ¿Resulta legítimo convertir el primer claustro universitario de la nación en un recinto para reunir a miles de personas que rinden culto a una industria cultural foránea, sacrificando días de clase presencial e investigación a cambio de ingresos millonarios que raras veces son mostrados con transparencia?
3. Misión vs. Mercantilismo: Una universidad pública no existe para maximizar ganancias inmobiliarias, sino para generar ciencia, pensamiento crítico y cultura. Cuando la misión académica termina adaptándose a las necesidades de la agenda comercial externa, la institución degrada su propósito fundamental.