Pide al Fiscal de la Nación que policías europeos y rusos investiguen a sus instigadores en caso de un atentado mortal
Mario Amoretti. En un dramático e inusual requerimiento de dos páginas dirigido al despacho del Fiscal de la Nación, el abogado penalista y exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti Pachas, hizo un pedido de protección e investigación internacional ante el inminente riesgo que afirma correr su vida.
Amoretti señala temer ser víctima de un homicidio —o que pretendan calificar su eventual muerte como un «suicidio»— tras haber formalizado e impulsado graves denuncias que involucran presuntas redes de corrupción policial vinculadas a bandas criminales, entre ellas las ramificaciones atribuidas al peligroso delincuente Érick Luis Moreno Hernández, conocido con el alias de «El Monstruo» (y en sus inicios criminales como «Chonguito»).
Redes de complicidad e impunidad
Según se detalla en el escrito, desde mayo de 2024 existen declaraciones del propio criminal apodado “El Monstruo” en las que asegura tener a policías en actividad filtrados a su servicio. Amoretti remarca que, pese a que esta situación fue del conocimiento de al menos dos fiscales provinciales, un juez de investigación preparatoria, un fiscal superior y seis jueces superiores, ninguna de estas autoridades denunció el hecho oportunamente.
Asimismo, el jurista señala que impulsó acciones legales luego de que exaltas autoridades —como el exministro del Interior José Santibáñez y el actual Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez— afirmaran públicamente que altos mandos policiales estaban infiltrados con organizaciones delictivas sin que la Fiscalía abriera investigación de oficio. Aunque la Fiscalía de la Nación ordenó investigar, un fiscal provincial archivó la causa e incurrió en desacato e inhibición irregular, decisión que finalmente fue revertida por un Fiscal Superior tras la queja interpuesta por el penalista.
La sombra del crimen de la periodista Susy Aponte, “La China Polo”
El desencadenante del dramático pedido de Amoretti fue el reciente asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, acaecido a plena luz del día. Amoretti recordó que la comunicadora denunció públicamente estar recibiendo amenazas desde diversos penales e infiltración de altos mandos de la Policía Nacional con bandas criminales.
Amoretti subraya que la impunidad con la que actúan estos grupos y la falta de voluntad para identificar a los autores mediatos e instigadores —como ocurrió en el caso de la abogada Fany Flor Hernández Correa, su sobrina política asesinada en la puerta del penal de Chincha— motivan su desconfianza en los esquemas de investigación locales cuando existen «fuertes intereses» de por medio.
Pide la intervención de peritos de Italia, Alemania, Rusia y España
Ante la eventualidad de sufrir un atentado mortal, Amoretti solicita de manera expresa al Fiscal de la Nación que se autorice la intervención de agentes y peritos especializados de las policías de Italia, Alemania, Rusia y España para que identifiquen a los autores intelectuales del crimen, a quienes les corresponde la pena de cadena perpetua.
Amoretti justificó la elección de estas legaciones diplomáticas por razones familiares y profesionales:
- Italia: Posee la nacionalidad italiana.
- Alemania: Dos de sus nietas ostentan dicha nacionalidad y su hijo integra el Colegio de Abogados de Múnich.
- Rusia: La madre de sus nietas es de nacionalidad rusa.
- España: Registra una trayectoria académica en instituciones de la abogacía con sede en dicho país.
«Tengo motivo más que suficiente para temer por mi vida […]. Dios quiera que no suceda, pero de ocurrir, se debe investigar a los instigadores o autores mediatos», concluye Amoretti en el documento remitido a la máxima instancia del Ministerio Público.
Interpretación del hecho
El hecho de que Mario Amoretti Pachas —un penalista con vasta trayectoria y figura pública ampliamente respetada— haya tenido que recurrir formalmente al Fiscal de la Nación para solicitar este tipo de medida extrema, se puede interpretar bajo varios planos sobre la situación del sistema institucional y de seguridad en el país:
- Desconfianza profunda e institucionalizada en la policía y la fiscalía local
Cuando un abogado con pleno conocimiento de la ley y de las vías procesales pide anticipadamente que policías de países extranjeros (Italia, Alemania, Rusia, España) investiguen su eventual asesinato, está enviando un mensaje directo de desconfianza estructural:
- Sospecha de captura o infiltración: Asume que los órganos de investigación locales (como la Policía Nacional o fiscalías provinciales) no tendrían la independencia, la capacidad o la voluntad de llegar a los «autores mediatos e instigadores» cuando hay poderosos intereses de por medio.
- Precedentes de inacción: En la propia carta sustenta su desconfianza recordando el archivo de denuncias y cómo autoridades del Poder Judicial y Ministerio Público no actuaron pese a conocer que criminales como “El Monstruo” contaban con policías en actividad infiltrados.
- Normalización de la violencia contra operadores del derecho y denunciantes
El escrito refleja cómo el crimen organizado y la extorsión han escalado a niveles donde la condición de profesional del derecho, figura mediática o candidato político ya no otorga ningún tipo de blindaje o respeto:
- Cita expresamente el asesinato de la periodista y candidata Susy Aponte Polo a plena luz del día, así como el de su sobrina política, la abogada Fany Hernández Correa, en la puerta del penal de Chincha.
- Denuncia que la figura del «suicidado» o el encubrimiento homicida se ha convertido en una estrategia para silenciar a quienes revelan redes de corrupción o crimen organizado.
- La quiebra del monopolio de la protección estatal
Que un ciudadano de alto perfil recurra a sus vínculos con embajadas e instancias extranjeras (aludiendo a sus nacionalidades o lazos familiares en Italia, Alemania, Rusia y España) expone que la ciudadanía percibe que la protección del Estado ha colapsado. Si alguien con el nivel de contactos y visibilidad de Amoretti siente que la vía interna no le garantiza la vida ni la justicia, queda la incógnita de qué protección le queda al ciudadano de a pie.
- Uso del documento como un «seguro de vida» o carta de contención pública
Desde el punto de vista de la estrategia legal y mediática:
- Al hacer pública y formal esta solicitud ante el Ministerio Público, Amoretti busca elevar el costo político y criminal para cualquier grupo que intente atentar contra su vida.
- Poner nombres, apellidos, antecedentes e instituciones en un escrito formal ante la máxima autoridad fiscal busca dejar una traza indeleble para que, de ocurrir un atentado, los presuntos responsables e instigadores queden inmediatamente expuestos.
¿Hasta dónde se ha llegado?
Esta situación evidencia un punto crítico donde el crimen organizado y la corrupción han perforado las garantías básicas del Estado de derecho:
- Pérdida de autoridad: Las autoridades encargadas de impartir justicia y seguridad quedan puestas en evidencia por un jurista que señala que no investigaron a tiempo las infiltraciones denunciadas por los propios criminales.
- Desprotección sistemática: Muestra el paso de una criminalidad común a un escenario de crimen organizado con injerencia institucional, donde investigar o denunciar se convierte en una actividad de altísimo riesgo de muerte, incluso para las figuras más experimentadas de la abogacía.
