Yaranga y Antezana no creen que los jóvenes presentados por el Gobierno sean los verdaderos ejecutores de la masacre
Trujillo. Los analistas Pedro Yaranga y Jaime Antezana desestimaron que los jóvenes presentados por el Ejecutivo sean los verdaderos ejecutores de la incursión armada y el secuestro del empresario minero. La marcada disparidad física entre los capturados y los atacantes de los vídeos, sumada a la hipótesis de un apresuramiento por exhibir logros políticos, abre un mar de interrogantes sobre la investigación policial en La Libertad.
Lo que la ciudadanía esperaba como una demostración de eficacia policial en la Región La Libertad terminó convertida en una profunda controversia institucional. Tras la violenta incursión armada que dejó cuatro personas fallecidas y derivó en el secuestro y posterior liberación de un empresario minero en Trujillo, las autoridades del sector Defensa e Interior convocaron a la prensa para exhibir a los presuntos responsables de la matanza. Sin embargo, la exposición pública de los detenidos generó inmediatas dudas en la prensa y entre especialistas en orden interno, criminología y seguridad nacional.
Los analistas Pedro Yaranga y Jaime Antezana sostuvieron, cada uno desde sus propios marcos de evaluación técnica y política, que la narrativa gubernamental carece de respaldo probatorio y morfométrico. Para ambos expertos, resulta inviable que el grupo presentado por la Policía Nacional del Perú (PNP) haya tenido la capacidad operativa, el entrenamiento táctico y la envergadura logística para ejecutar un ataque de tal magnitud.
La discrepancia física y el perfil operativo de los atacantes
En su análisis sobre la dinámica de los hechos, Pedro Yaranga puso de relieve la evidente desproporción entre la vestimenta, la postura y la contextura de los atacantes registrados en las cámaras de seguridad y la de los jóvenes puestos a disposición de la justicia. Yaranga remarcó que las imágenes del secuestro revelan a un comando con preparación bélica avanzada, trabajo previo de inteligencia y un desplazamiento propio de personal con instrucción militar o policial, posiblemente integrado por exagentes o licenciados de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, el investigador descartó que los intervenidos —a quienes definió como «gatilleros» o sicarios juveniles de bajo costo que operan en la periferia de Trujillo— hayan tenido la autonomía para planificar un golpe de esa escala. Yaranga enfatizó que el caso no responde a las dinámicas convencionales de extorsión atribuibles a bandas locales como «Los Pulpos», sino a disputas de alto nivel vinculadas a las economías ilegales de la minería aurífera en la provincia de Pataz.
Según esta lectura, el ataque contra la comitiva del empresario buscó eliminar a su personal de seguridad mediante una acción rápida para evitar dejar testigos, configurando una operación profesional pagada por facciones rivales del sector extractivo.
Cuestionamientos a la versión gubernamental y el factor político
Por su parte, Jaime Antezana calificó la presentación oficial de los sospechosos como una maniobra desinformativa orientada a contener la presión mediática sobre el Gobierno. Antezana subrayó la marcada diferencia de estatura entre los delincuentes que ejecutaron la masacre —hombres de porte alto y entrenamiento avanzado— y los detenidos de baja estatura mostrados por el Ministerio de Defensa y la alta dirección policial.
El sociólogo comparó esta estrategia con precedentes históricos de manipulación de la opinión pública mediante «psicosociales», señalando que la urgencia de las autoridades por mostrar resultados inmediatos vulnera el debido proceso y desvía la atención de la verdadera delincuencia organizada. Antezana advirtió que presentar ante los medios a sujetos que no guardan coincidencia anatómica ni criminal con los verdaderos perpetradores equivale a edificar un montaje institucional que reviste gravedad en medio del deterioro de la seguridad pública.
Testimonios de la familia y vacíos en las pericias
El escepticismo de los investigadores coincidió con los reclamos de los familiares de los capturados, quienes negaron tajantemente la vinculación de los jóvenes con la matanza y denunciaron que las detenciones se produjeron de forma arbitraria en sectores vulnerables de la ciudad para simular eficacia.
Las dudas planteadas por Yaranga y Antezana abren un escenario incierto sobre la solidez del caso fiscal. Hasta el momento, las fuerzas del orden no han presentado el armamento ni el peritaje balística que vincule de manera inexpugnable a los arrestados con los proyectiles percutados en la escena del crimen, dejando abierta la hipótesis de que los auténticos responsables de la masacre continúen operando en la clandestinidad.
Valoración a la función policial y el reclamo de autonomía institucional
Más allá de los cuestionamientos hacia la instrumentalización política del aparato estatal por parte del poder de turno, la valiosa labor de la Policía Nacional del Perú permanece en la primera línea de combate contra la delincuencia. La crisis actual exige garantizar la autonomía técnica e investigativa que permita a los efectivos actuar con estricto profesionalismo, lejos de presiones o apuros mediáticos.
La controversia generada alrededor de las recientes intervenciones no opaca el esfuerzo ni la entrega cotidiana de miles de efectivos policiales que, en Trujillo y en las distintas regiones del país, arriesgan su integridad física para devolver la tranquilidad a la ciudadanía. La crítica formulada por los especialistas no está dirigida al personal de campo ni a la mística institucional de la Policía Nacional, sino a las dinámicas de conducción que priorizan la figuración política por encima del rigor técnico de las investigaciones.
Para los propios integrantes de las fuerzas del orden, el escenario actual representa una oportunidad histórica para impulsar una profunda reforma orientada a consolidar su autonomía técnica y operativa. Proteger la labor de inteligencia, asegurar el debido proceso probatorio y dotar a la institución de independencia frente a los vaivenes del poder político resultan condiciones indispensables para que el profesionalismo de la Policía Nacional se traduzca en una lucha frontal, objetiva y eficaz contra las organizaciones criminales.
