SUNEDU: la falta acarrea una multa de de S/87,217.38
Sunedu. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) confirmó la sanción impuesta a la Academia de la Magistratura (AMAG), que incluye una multa de S/87,217.38, por prestar servicios educativos universitarios sin contar con la debida autorización.
Ello, luego de declarar infundado el recurso de reconsideración presentado por la AMAG mediante la Resolución del Consejo Directivo N°0002-2025-SUNEDU/CD.
La sanción fue resultado de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado por la antigua Dirección de Fiscalización y Sanción (actual Unidad de Delimitación de Responsabilidades Administrativas) de la SUNEDU en junio de 2024, tras determinar que la AMAG colaboró en la organización y desarrollo de un programa de maestría, denominado “Máster propio magistratura contemporánea: la justicia en el siglo XXI”.
Este programa, ejecutado en convenio con la Universidad de Jaén de España, incumplió la normativa peruana al no contar con la autorización de la SUNEDU para su oferta y prestación del servicio en territorio nacional.
En su recurso de reconsideración, la AMAG alegó que no prestó directamente el servicio educativo, ya que dicha responsabilidad recaía sobre la universidad extranjera. Sin embargo, la SUNEDU concluyó que la AMAG tuvo una participación activa en la convocatoria, organización, desarrollo y administración del programa, incluyendo aspectos como la matrícula, difusión, cronograma y utilización de su infraestructura para las clases.
Esas acciones son consideradas como prestación del servicio educativo superior universitario, lo cual requiere autorización previa conforme a la Ley Universitaria.
La AMAG también argumentó que el procedimiento sancionador estaba prescrito. No obstante, la SUNEDU determinó que el plazo legal para sancionar la segunda edición del programa, desarrollada entre julio de 2019 y octubre de 2020, no había vencido al momento del inicio del PAS en junio de 2024.
Con esta decisión, la SUNEDU reafirma su compromiso de garantizar el cumplimiento de las normas de licenciamiento en la educación superior universitaria en el Perú, a fin de proteger a los estudiantes y promover la calidad educativa, precisa una nota informativa de la entidad.
La AMAG
La sanción se aplica en momentos que la Academia de la Magistratura se encuentra en pleno proceso de renovación de autoridades. En la fecha juramentaron los nuevos consejeros del Consejo Directivo de la institución.
En este acto protocolar, asumieron sus funciones el juez supremo titular Carlos Arias Lazarte, como representante del Poder Judicial, y el magistrado Víctor Hugo Chanduví Cornejo, designado por la Junta Nacional de Justicia. Ambos profesionales asumen esta responsabilidad con el compromiso de fortalecer las capacidades de los operadores de justicia en beneficio de la ciudadanía.
Carlos Arias Lazarte es Juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, Doctor en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, Magister en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Víctor Hugo Chanduví Cornejo es abogado con más de cuarenta años de experiencia profesional. Posee el grado de doctor en Derecho y registra estudios de doctorado en Educación. Además, es maestro en Derecho Civil y Comercial y Derecho Constitucional por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y Universidad Privada Antenor Orrego, respectivamente.
El Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura lo integran: Manuel Luján Túpez, juez supremo, Carlos Arias Lazarte, juez supremo y Emilia Bustamante Oyague, jueza suprema; Zoraida Ávalos Rivera y Delia Espinoza Valenzuela, representantes del Ministerio Público; Víctor Hugo Chanduví Cornejo, representante de la Junta Nacional de Justicia.
La Academia de la Magistratura es la institución oficial del Estado peruano que forma y capacita a los jueces, fiscales y aspirantes a la Magistratura. Extiende sus actividades de capacitación a los auxiliares de justicia.
Tiene por objetivos:
Fortalecer las competencias de los jueces en la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
Incrementar las competencias de los jueces y fiscales en el Nuevo Código Procesal Penal.
Actualizar a los magistrados en los nuevos instrumentos procesales (civil, familia, contencioso administrativo, etc.), así como en otras materias interdisciplinarias relacionadas al campo del Derecho, por ejemplo: temas humanísticos, sociales y de actualidad que incidan en el sistema de justicia.
Familiarizar al magistrado con los precedentes vinculantes en el área de su interés.
Analizar temas y casos relevantes vinculados al distrito judicial donde desempeña su función.
