León XIV: ¿El Estado laico es letra muerta en el Perú?

¿Dónde termina el deber logístico y diplomático del Estado y dónde empieza el sesgo confesional de sus instituciones?

A propósito de la visita de León XIV, de la cual nos sentimos honrados, existe un dicho entrañable que nuestras abuelas repetían cuando algo amenazaba con empalagar o perder la compostura: "El culantro es bueno, pero no tanto". Aplicado a la gestión pública, la máxima cobra vigencia cada vez que los límites entre el protocolo diplomático, el servicio a la ciudadanía y el proselitismo confesional terminan borrándose en el Perú.

El despliegue y la cobertura por la visita de León XIV al Perú reabren un debate incómodo pero imprescindible: ¿dónde termina el deber logístico y diplomático del Estado y dónde empieza el sesgo confesional de sus instituciones?

¿Estado aconfesional o confesional de facto?

Las señales que emite el aparato estatal peruano durante acontecimientos de alta impronta católica —como la visita del papa León XIV— demuestran cómo la administración pública suele desdibujar la frontera entre la neutralidad institucional y el fervor religioso mayoritario.

Nadie cuestiona que la llegada de un jefe de Estado soberano con el que el Perú mantiene relaciones bilaterales exija un despliegue de seguridad ciudadana y orden público a cargo del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, el problema no reside en la logística vial ni en la custodia policial, sino en la apropiación y desproporción institucional. Diversas reparticiones del Estado han adoptado medidas que tensionan el principio de aconfesionalidad consagrado en la Constitución:

• Medios Públicos (IRTP / TV Perú): Como canal financiado por la totalidad de la ciudadanía —católicos, evangélicos, agnósticos, ateos y creyentes de diversos credos—, TV Perú debe responder a los principios constitucionales de libertad de información y neutralidad. No obstante, transformar la pantalla oficial en una vitrina promocional de fe vulnera de manera abierta la Ley de Radio y Televisión.

La desproporción es histórica: jamás el medio de comunicación del Estado peruano había cedido sus horas de transmisión para actuar de facto como la señal televisiva de un credo en particular. Ni las demandas sociales de las regiones, ni la visibilización de otras confesiones religiosas garantizadas por la Ley N.º 29635, ni los debates de interés nacional han tenido jamás el despliegue monográfico y devocional que el Ejecutivo le ha concedido a la visita pontificia, convirtiendo lo público en un espacio de proselitismo implícito.

• Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería): Si bien al canciller le corresponde por mandato dirigir el protocolo de Estado ante la llegada de un dignatario extranjero, en esta oportunidad el ministro de RREE encabezó de forma directa la comisión ejecutiva encargada de la organización de la visita papal. Esta dualidad significó dividir su tiempo y recursos de gestión pública, restándole la debida atención e importancia a las responsabilidades inherentes a su cargo como jefe de la diplomacia peruana para abocarse a la logística de un evento de naturaleza pastoral y religiosa de una determinada creencia.
• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE): A través del Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, el Gobierno declaró días no laborables compensables (entre el 11 y el 16 de noviembre, según la región y el sector laboral) bajo el pretexto de facilitar la movilización por la visita pontificia, trastocando la productividad y la rutina laboral del país en favor de un evento de culto. Lo lógico era que cada creyente católico quedara en libertad total para decidir si asistía o no a las actividades de León XIV, con la seguridad de que el Estado o su empleador tendrían los mecanismos normativos para compensar la inasistencia a su jornada laboral.
• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH): Instancia encargada formalmente de los asuntos de culto y de garantizar la igualdad jurídica de las confesiones, que en la práctica termina articulando un rol de coordinación eclesial directa, priorizando la agenda de la Iglesia Católica por encima de su deber de supervisar la neutralidad estatal.
• Ministerio de Cultura (MINCUL): Que de manera sistemática suele respaldar, auspiciar y financiar eventos de matiz netamente católico bajo la etiqueta laxa de "patrimonio inmaterial", relegando la neutralidad que exigiría la tutela de una nación cultural y religiosamente diversa.
• Municipios y Gobiernos Regionales: Los subgobiernos han movilizado recursos logísticos públicos, personal de serenazgo, maquinaria e infraestructura municipal para acondicionar espacios de culto, levantar estrados litúrgicos y decorar las ciudades con iconografía exclusivamente católica, como si se tratara de festividades oficiales del Estado.

Universidades Públicas como la UNI, paralizan sus actividades académicas en beneficio de una agenda religiosa.

• Universidades Públicas (como la UNI y la Agraria La Molina): Que optaron por suspender las clases presenciales y trasladarlas a la modalidad remota, amparándose en la coartada de las "medidas de seguridad" y el tráfico por la visita papal, paralizando la vida académica regular en beneficio de una agenda religiosa.
• El silencio de la Defensoría del Pueblo: Organismo constitucional autónomo llamado a defender los derechos fundamentales y la legalidad, pero que en este contexto ha guardado un llamativo silencio, omitiendo cualquier pronunciamiento sobre la vulneración del principio de neutralidad al que está obligado el Ejecutivo.

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El contraste con la Ley de Libertad Religiosa

Aunque el artículo 50 de la Constitución Política reconoce a la Iglesia Católica como elemento esencial en la formación histórica, cultural y moral del Perú, la promulgación en el segundo Gobierno de Alan García de la Ley N.º 29635 (Ley de Libertad Religiosa) en 2010 buscó garantizar la igualdad de trato y la no discriminación hacia otras entidades religiosas.

En la práctica cotidiana, esa igualdad dista mucho de ser efectiva:

1. Estatus privilegiado vs. Registro ordinario: Mientras la Iglesia Católica goza de un estatus legal y tributario de carácter internacional garantizado por el Acuerdo de 1980 (documento negociado durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y suscrito/puesto en vigencia por la Junta Militar antes del mandato de Fernando Belaunde Terry), las confesiones evangélicas y otras minorías deben someterse a trámites administrativos continuos en el MINJUSDH para acceder a beneficios parciales.
2. Financiamiento público: El Estado destina asignaciones económicas a obispos y personal eclesiástico de la fe mayoritaria, un esquema de cooperación que no se extiende proporcionalmente a otros credos ni a espacios de representación laica.
3. Visibilidad en espacios oficiales: La presencia de símbolos y ritos litúrgicos católicos en sedes del Poder Judicial, ministerios e instituciones públicas refleja una asimetría que contrasta con la neutralidad que promete el marco legal de la libertad religiosa.

Balance: La neutralidad como garantía para todos

Reconocer la importancia sociológica de la fe de millones de peruanos no exige que las autoridades del Poder Ejecutivo abroguen su deber de neutralidad. La aconfesionalidad del Estado no es una afrenta contra las creencias religiosas; es, al contrario, la única garantía de que todas las confesiones —y también las convicciones no creyentes— coexistan en igualdad de condiciones sin que el dinero ni los canales de todos sirvan al credo de una de las comunidades religiosas, por más mayoría que esta represente.

Cuando el aparato público desborda sus competencias informativas para sumarse al fervor promocional, el Estado peruano olvida su rol garantista. Porque en la política pública como en la cocina, el respeto es indispensable, pero el exceso de celo institucional termina por echar a perder el plato.

Para concluir esta reflexión, vale la pena volver a la conocida sabiduría popular expresada al inicio: "el culantro es bueno, pero no tanto". A esa premisa valdría la pena sumar otra advertencia oportuna: "tanto va el agua al cántaro que termina por romperse".

Es preciso advertir que los excesos y las decisiones mal calculadas desde el poder público pueden tensionar la convivencia con ese sector de la ciudadanía que, frente a esta visita, no se golpeará el pecho, no se trazará la señal de la cruz en la frente, ni rezará el Padre Nuestro o el «Yo confieso». Ciudadanos que tampoco responderán en la liturgia «Y con tu espíritu», «Lo tenemos levantado hacia el Señor» ni «Es justo y necesario», y que no contestarán al «Ave María Purísima» con el dogmático «Sin pecado concebida».