UNI. Un proceso electoral manchado por el fraude virtual, la suplantación de identidad y el sabotaje telefónico expuso la vulnerabilidad de una de las instituciones emblemáticas del país en el día más esperado para la renovación de sus autoridades y consolidación de su democracia e institucionalidad: las elecciones generales mediante el voto directo, secreto y universal. La comunidad de la UNI exige la inmediata intervención de oficio de la Fiscalía de prevención del delito.
Lo ocurrido hoy en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) no es solo una irregularidad administrativa; es un acto delincuencial sin precedentes que empaña de manera vergonzosa la historia de una de las casas de estudios más prestigiosas del Perú. En un proceso sin la fiscalización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) —por decisión de la propia universidad—, la segunda vuelta para elegir rector y vicerrectores terminó suspendida e invalidada parcialmente tras destaparse un descarado intento de fraude.
El modus operandi: Suplantación e insidia
Durante el desarrollo de la votación virtual, la indignación estalló cuando diversos docentes intentaron ejercer su derecho al voto y descubrieron que el sistema ya registraba sus sufragios. Literalmente, sus identidades fueron robadas dentro de la plataforma digital para emitir votos sin su consentimiento.
El Comité Electoral Universitario (CEUNI) confirmó la gravedad de los hechos: tras las denuncias recibidas desde las 10:45 a.m., el equipo técnico identificó que las votaciones fraudulentas provenían de la IP 185.241.122.73, una dirección perteneciente a la propia red de la UNI. Es decir, el sabotaje se perpetró desde adentro.

Sabotaje telefónico: Un ataque coordinado
La gravedad de la situación trasciende el entorno digital universitario. El decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Dr. Miguel Luis Estrada Mendoza, hizo una gravísima denuncia pública al revelar que, entre ayer y hoy, él y otros docentes sufrieron el bloqueo sistemático de sus líneas de teléfono móvil mediante suplantación de identidad ante sus operadores de telefonía. Un ataque previo y coordinado destinado a dejar incomunicados a actores clave del proceso.
"Es inaceptable que pasen estos actos muy indignos en nuestra Universidad Nacional de Ingeniería... este proceso debe ser limpio y transparente, pero con esto se evidencia que no quieren que sea así", manifestó el decano Estrada Mendoza.
“Colegas, a las 10:15 aproximadamente entré a votar y ya habían votado por mí”. “Acabo de querer emitir mi voto y sale que ya está emitido”. Mensajes como estos se multiplicaron de inmediato en las redes sociales de los docentes afectados. Entre las damnificadas figura la exrectora interina de la institución y exdecana de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, Dra. Luz de Fátima Eyzaguirre Gorvenia, quien exigió categóricamente que el nuevo proceso electoral que convoque el CEUNI se desarrolle de manera estrictamente presencial y no virtual, a fin de garantizar la intangibilidad del sufragio.
A la indignación generalizada se sumó el candidato a rector y ganador de la primera vuelta electoral, Dr. Juan Martín Rodríguez Rodríguez, quien a través de un pronunciamiento en redes sociales denunció abiertamente un atentado contra la institucionalidad universitaria:
«Estoy profundamente indignado. Múltiples profesores han visto registrado su voto sin haber siquiera ingresado al sistema en línea; es decir, alguien más los ha suplantado. En este momento invito a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, al Congreso de la República y a todos los colegiados que quieran defender la institucionalidad. Aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería se está cocinando un fraude que afecta la voluntad popular. Por favor, vengan y ayúdennos a proteger la democracia universitaria», enfatizó el postulante que lidera la fórmula al mayor cargo ejecutivo del claustro.
Urge la intervención fiscal: ¡Flagrancia y delincuencia impune!
Ante la evidencia irrefutable de la vulneración del sufragio de un número importante de docentes, el CEUNI amparó su decisión en los artículos 55° y 56° del Reglamento General de Elecciones para declarar la nulidad parcial de esta segunda vuelta.
Sin embargo, la simple anulación del proceso o las investigaciones internas de la universidad resultan absolutamente insuficientes. Hasta el momento se desconoce si la Fiscalía de Prevención del Delito o Penal de turno ha intervenido en las instalaciones, una omisión inaceptable ante lo que constituye la comisión flagrante de delitos informáticos, suplantación de identidad y atentado contra la fe pública.
La Fiscalía no necesita invitación ni trámite administrativo previo: está obligada a actuar de oficio inmediatamente. No se puede tolerar que prácticas de delincuencia organizada pretendan tomar el control de una universidad pública. Se exige una pericia informática forense inmediata para dar con los autores materiales e intelectuales. Los delincuentes incrustados en la universidad no pueden ni deben quedar impunes.