Dina Boluarte: Gobierno presenta demanda competencial ante el Tribunal Constitucional
Dina Boluarte. El Ejecutivo recurrió al Tribunal Constitucional en un intento de evitar que continúen adelante tres investigaciones abiertas en su contra que actualmente están bajo la jurisdicción del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Estas investigaciones están relacionadas con el caso Rolex, la desactivación del equipo especial de la Policía Nacional y las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero y febrero del 2023.
Para el efecto, el Ejecutivo presentó una demanda competencial ante el TC con el propósito de que las investigaciones que tiene la presidente sean congeladas hasta el final del mandato presidencial.
La demanda fue presentada por el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero, el 25 de julio, en representación del Ejecutivo y tras la aprobación en Consejo de Ministros el 17 de mayo para que se plantee este recurso ante el TC.
Según el recurso, la competencia de la mandataria supuestamente vulnerada la de “dirigir la política general del gobierno”, a través de la interpretación que la Fiscalía y el Poder Judicial tienen del artículo 117 de la Constitución.
Este apartado establece que un presidente en ejercicio solo puede ser juzgado por cuatro causales, incluido traición a la patria o disolver el Congreso de forma irregular.
La primera vez que se varió la posición institucional del Ministerio Público —no investigar a un mandatario en funciones— fue durante el mandato del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), lo que abrió un debate jurídico.
En la demanda competencial, el Ejecutivo subraya que hasta ahora el Tribunal Constitucional no ha validado la interpretación sobre el artículo 117 de la Constitución.
“No existe a la fecha un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre si dicha interpretación es compatible con las garantías para el ejercicio de las competencias asignadas al presidente de la República […], o que evalúe la concordancia del mencionado artículo con las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado peruano en materia de lucha contra la corrupción o investigación de graves violaciones de derechos humanos”, señala el documento.
Mas sobre la demanda
El documento señala que la figura de la presidencia de la República es el cargo más importante de la Nación y que el Perú cuenta con un régimen presidencial atenuado, algo que “no puede ser alterado a través de interpretaciones constitucionales”.
Sin embargo, el Gobierno advierte que se ha debilitado institucionalmente al Poder Ejecutivo y al régimen político previsto en la Constitución con diversas decisiones tomadas desde el 2016 en adelante, como las restricciones a la figura de la cuestión de confianza, el uso de la vacancia presidencial como herramienta de control político y la posibilidad de disolver el Congreso para convocar al pueblo para dirimir discrepancias políticas.
Igualmente aseguró que las acciones del Poder Judicial y el Ministerio Público afectan la labor de la jefa de Estado. La demanda menciona los siguientes casos:
Diligencias preliminares contra Dina Boluarte y Walter Ortiz Acosta por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad,
Diligencias contra Dina Boluarte y diversos ministros por presunto genocidio, homicidio calificado y otros delitos por muertes en las protestas de diciembre del 2022 hasta marzo del 2023.
Las investigaciones contra Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social y como presidenta por presunto enriquecimiento ilícito, por el caso Rolex, lo que incluyó el allanamiento de su domicilio y la incautación de relojes y otros artículo de lujo.
El abogado
Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, precisó que si bien esta demanda competencial es del Ejecutivo y no del equipo de defensa legal de la presidenta, se convierte en un escenario más a nivel constitucional junto al hábeas corpus que presentarán en los próximos días a través de Domingo García Belaunde y Ernesto Blume, así como una acción de amparo por la investigación por las muertes en las protestas.
“No es tan cierto que esté pidiendo las anulaciones de las investigaciones”, aseguró en declaraciones a Canal N. Según Campos, lo que busca el Gobierno es que el TC señale cómo deben proceder respetando la Carta Magna.
Señaló que la defensa espera que el TC clarifique y establezca una interpretación definitiva que evite las diligencias, allanamientos y toma de declaraciones mientras ella esté en el cargo.
“Los efectos de esta interpretación que está solicitando el procurador, que para mí incluso va a tener que ser precisado en el debate es precisamente decir […] Ya, la investigación preliminar va, pero tiene que ser conforme a lo que dice el 117 de la Constitución”, añade.
