El ministro de Justicia, Félix Chero Medina negó este miércoles que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo sobre Filtración de Información pretenda criminalizar el trabajo de aquellos periodistas que sostengan sus investigaciones a partir de información obtenida por las autoridades, como sostienen gremios e instituciones de prensa, como IPYS.
“En lo absoluto hay un cuestionamiento a la vulneración del derecho de la libertad de expresión y de información que tienen los medios de comunicación. Ustedes tienen el derecho a la información y a la reserva de sus fuentes. Eso no está en cuestionamiento conforme se pretende especular”, expresó en rueda de prensa el ministro de Justicia y Derechos Humanos al término de la sesión del Consejo de Ministros.
El fundamento del Ejecutivo
El proyecto del Ejecutivo, busca, según el texto de la iniciativa “proteger la información privilegiada que tienen las investigaciones penales para que estas no se desnaturalicen y tampoco afecten a los testigos y a los colaboradores”.
Lo que se quiere, señala, es incorporar el delito de difusión de información reservada en la investigación penal, el cual tiene como objetivo salvaguardar dicha información a la que se tiene acceso por el cargo o función que desempeñan los operadores de justicia y las partes procesales en general.
El Código Procesal Penal señala que la investigación penal es reservada, más aún en aquellos casos que son complejos, donde se investigan actos de corrupción y crimen organizado. En casos de actos de corrupción complejos, puede terminar por caerse la investigación, porque esta información es divulgada y alerta incluso a muchos investigados que se ocultan de la administración de justicia o fugan del país.
Asimismo, busca garantizar que los actos de investigación alcancen sus fines, sancionar el delito, restaurar la lesión ocasionada por este y asegurar la paz social.
El sustento de IPYS
A consideración del IPYS (Instituto Prensa y Sociedad), el proyecto de ley del Ejecutivo es “claramente violatorio de la libertad de información aprobado por el Consejo de Ministros, que criminalizaría las publicaciones periodísticas sobre investigaciones judiciales”.
“Advertimos, asevera, que un proyecto de esta naturaleza no tiene ninguna relación con la alegada necesidad de proteger la acción de la justicia. Lo consideramos, por el contrario, un intento de proteger a los investigados por corrupción dentro del gobierno, como parte del conjunto de acciones destinadas a obstruir la acción de la justicia que estamos presenciando”.
Agrega que “la gravedad de la situación que vive el país ya ha sido señalada por una resolución del Fiscal de la Nación y por otra de un juez de Corte Suprema: la presunta operación de una organización criminal desde el gobierno, indican, puede socavar los cimientos del Estado democrático. Uno de ellos, el de la libertad de expresión, está siendo directamente amenazado, pero es evidente que no es el único”.
El IPYS esta dirigido por un Consejo Directivo integrado por Augusto Álvarez Rodrich (presidente), Laura Puertas, Mirko Lauer, Alejandro Miró Quesada, Pedro Tenorio y Luis Jaime Cisneros
