La norma aprobada en medio de un intenso debate, prioriza al fuero militar-policial sobre la justicia ordinaria, incluso en procesos en curso
Impunidad. En una sesión que quedará marcada por la polarización, el Congreso de la República, con 52 votos a favor, aprobó en segunda votación una iniciativa que promete alterar profundamente el equilibrio de poderes y el acceso a la justicia en el Perú: la «Ley que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal».
Bajo la bandera de la lucha contra la criminalidad, el legislativo ha diseñado un marco que, en la práctica, otorga prioridad al fuero militar-policial sobre la justicia ordinaria, incluso en procesos en curso.
La redefinición del «Delito de Función»
La norma aprobada redefine el alcance del «delito de función». Ahora, cualquier conducta ilícita cometida por militares o policías durante estados de emergencia será, por definición, competencia del sistema militar-policial.
La crítica central, resonada en el pleno por diversos sectores, es que esta disposición crea un «paraguas» protector. Acciones que vulneren derechos fundamentales —como las ocurridas en contextos de protesta social— corren el riesgo de ser desplazadas de los juzgados civiles a los fueros especializados, donde la independencia judicial ha sido cuestionada históricamente.
El mecanismo del rchivo definitivo
Quizás el punto más controvertido del texto es su Disposición Complementaria Final.
La ley no solo mira hacia adelante; ordena a los jueces de la justicia ordinaria archivar, en un plazo de 30 días hábiles, cualquier investigación o proceso en trámite que coincida con el fuero militar.
Lo que es aún más alarmante para el sistema de justicia es la potestad de dejar sin efecto sentencias condenatorias que no hayan alcanzado la calidad de «cosa juzgada», anular antecedentes y liberar a los procesados de cualquier obligación de reparación civil. ¿Estamos ante una amnistía encubierta bajo el pretexto de una precisión normativa?
Voces en conflicto
Mientras que sectores del Congreso —incluyendo defensores de la disciplina institucional— argumentan que la justicia ordinaria ha sido «penetrada» y que la lentitud del sistema común perjudica la operatividad policial, la oposición es contundente: el Estado tiene el monopolio de la fuerza, pero este no puede ser un cheque en blanco. La preocupación de la ciudadanía es válida: ¿Quién garantiza que un tribunal militar-policial juzgará con la debida imparcialidad a sus propios miembros cuando la vida de un civil está en juego?.
El turno del Ejecutivo
Con la pelota en la cancha del Poder Ejecutivo, el país observa a la expectativa. El gobierno tiene 15 días para decidir si promulga esta norma o la observa.
La decisión no es menor: implica definir si el Perú apuesta por fortalecer la justicia especializada en detrimento de la justicia ciudadana, o si, ante la evidencia, se opta por preservar el estándar de derechos humanos que el país ha jurado proteger ante la comunidad internacional.
En Agenda País, seguiremos monitoreando la evolución de esta norma que, más allá de la técnica legislativa, toca la fibra más sensible de nuestra democracia: el derecho de todo ciudadano a un juicio justo, imparcial y transparente.
El quiebre en el Hemiciclo: denuncias de «mañoserías» y autoritarismo
La votación no fue el final del conflicto; fue el detonante de una crisis de formas que dejó al descubierto una profunda fractura en el Congreso. Inmediatamente después de aprobada la norma, la oposición denunció una maniobra administrativa coordinada para impedir el derecho a la reconsideración.
La parlamentaria Flor Pablo dejó constancia en actas de una práctica inaceptable: «Mesa de partes ha sido abandonada de manera arbitraria; si van a ganar, ganen con los votos, pero no con este tipo de artimañas». Esta denuncia fue secundada por otros legisladores, quienes vieron en el vacío de personal administrativo una señal de desprecio hacia los procedimientos parlamentarios.
El debate escaló en intensidad con intervenciones que marcaron la gravedad del momento:
- Sobre el autoritarismo: La congresista Sigrid Bazán no ocultó su preocupación por el precedente que esto sienta ante la historia: «No queremos que nuestros hijos estudien una historia reescrita por quienes hoy quieren imponer su visión, sino que entiendan la realidad del país que se está discutiendo aquí».
- La denuncia de la «triquiñuela»: El congresista Edgar Raymundo fue contundente al cuestionar la transparencia del proceso: «No podemos entrar en juegos maquiavélicos. Hay que ser transparentes; si nos ganan, que sea de buena manera, no con triquiñuelas».
- La advertencia final: En una de las participaciones más directas, el congresista Guido Bellido calificó el proceder de la Mesa Directiva como un acto de cobardía política: «Es inadmisible que se use el aparato administrativo para evitar una reconsideración. Eso es de cobardes; si tienen la mayoría, sométanse al debate, pero no se escondan tras mañoserías».
A pesar de los intentos de otros congresistas, como el parlamentario López, por desviar el foco hacia el respeto a los trabajadores del Parlamento y el apego al reglamento, la sensación que quedó en el ambiente —y que ha quedado registrada en los diarios de sesiones— es que la legitimidad de esta norma no solo está siendo cuestionada por su impacto en la justicia, sino por la opacidad con la que se forzó su aprobación final (que obtuvo 45 votos a favor, 58 en contra y 1 abstención).
Este episodio deja una lección amarga para la ciudadanía: en la recta final de esta gestión, el debate parlamentario ha sido desplazado por la imposición, dejando la mesa servida para un gobierno que, según la oposición, se perfila con un matiz autoritario desde su nacimiento en el Congreso.
