En el Perú durante el año 2022 persistieron los desafíos estructurales a la institucionalidad democrática, lo mismos que se tradujeron en enfrentamientos entre poderes del Estado, debilitamiento de la gobernabilidad y, finalmente, un intento de quiebre del orden constitucional que desencadenó una crisis política y social.
Esta consideración forma parte del capítulo Perú del Informe Anual de la CIDH 2022 dado a conocer hoy Washington por la organización. El documento presenta los avances y desafíos de los Estados miembros de la OEA en la materia; y expone los logros institucionales, el trabajo y actividades realizadas por la Comisión para garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas en la región.
“La Comisión ha registrado avances en el Perú, incluyendo la aprobación de la Política Nacional del Pueblo Afroperuano; la decisión del Tribunal Constitucional que ordena al Gobierno abstenerse realizar expulsiones colectivas e indiscriminadas de personas en situación de movilidad humana, así como la entrega de un subsidio económico a personas mayores”, expone el informe.
Sin embargo, agrega, persistieron los desafíos estructurales a la institucionalidad democrática que, durante 2022, se tradujeron en enfrentamientos entre poderes del Estado, debilitamiento de la gobernabilidad y, finalmente, un intento de quiebre del orden constitucional que desencadenó una crisis política y social.
En el documento, la CIDH advirtió sobre desafíos a la institucionalidad democrática producto del enfrentamiento entre los poderes del Estado y del uso reiterado de las figuras constitucionales de acusación constitucional, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, y la disolución del Congreso por la negatoria de confianza a dos consejos de ministros que tienen el potencial de debilitar la separación, el equilibrio de poderes y paralizar la gobernabilidad del país, debido a su falta de definición objetiva
En ese contexto de desafíos institucionales, la CIDH señala que durante 2022 se presentaron dos mociones de vacancia contra el expresidente de la República así como una serie de denuncias constitucionales en contra suya y de la exvicepresidenta.
En ese marco, refiere, el 7 de diciembre, el expresidente Pedro Castillo anunció, mediante un mensaje a la nación, su decisión de disolver -en contravención de la constitución- el Congreso de la República e instalar un gobierno de emergencia que actuaría a través de decretos-ley. Además, anunció el toque de queda, así como la reorganización de instituciones del sistema de justicia, entre otros aspectos. Las instituciones nacionales activaron mecanismos internos para evitar el quiebre institucional y se ordenó la detención preliminar del expresidente por 18 meses, en el marco de procedimiento penal en su contra que se sumó a 8 carpetas investigativas existentes
Procedió la sucesión constitucional con la posesión de la presidenta de Dina Boluarte.
Vea el informe sobre Perú elaborado por la CIDH.
Vea el informe completo Anual de la CIDH 2022.
