El renunciante confía que su dimisión genere ”un clima de mayor confianza» de cara a la segunda vuelta
Piero Corvetto. ¿Volverá la normalidad postelectoral en la Oficina Nacional de Procesos Electorales?. La salida del jefe de la ONPE marca un punto de quiebre en uno de los periodos más convulsos para la institucionalidad democrática del Perú.
Al presentar su carta de renuncia, aceptada luego por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Corvetto no solo deja un cargo, sino que intenta desactivar una bomba de tiempo política, expresando su deseo de que este gesto «contribuya a generar un clima de mayor confianza» de cara a la segunda vuelta.
Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si la salida del funcionario detendrá la maquinaria de descalificación que ha tenido como principal artífice al líder de Renovación Nacional, Rafael López Aliaga.
Un blanco constante: El léxico del agravio
Durante su gestión, Corvetto no solo enfrentó desafíos logísticos, sino una campaña de personalización de la culpa. Rafael López Aliaga, en diversas plataformas y mítines, no escatimó en adjetivos punzantes que han cruzado la línea de la crítica política para instalarse en el terreno del insulto personal y la deslegitimación total.
Bajo la narrativa de un «fraude sistemático» —nunca probado judicialmente—, el excandidato presidencial y ex alcalde de Lima se refirió a Corvetto y a las autoridades electorales con términos como:
- «Delincuente» y «corrupto», al cuestionar la transparencia de los procesos.
- «Cómplice», señalándolo como pieza clave de un supuesto «robo de votos».
- Incluso llegó a usar calificativos como «baboso» y «cobarde» en momentos de alta tensión mediática, despojando la discusión pública de cualquier nivel de decoro institucional.
La paradoja de la renuncia
Corvetto se va reconociendo problemas técnicos y operativos en el despliegue de material electoral el pasado 12 de abril, pero defendiendo su «integridad». Su asistencia inmediata ante la Fiscalía Anticorrupción, donde entregó voluntariamente su pasaporte y permitió el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, busca marcar una distancia ética frente a quienes lo acusan de ocultar irregularidades.
¿Cambio de rostro o cambio de estrategia?
La salida de Corvetto satisface uno de los pedidos tácitos de la ultraderecha peruana, pero plantea un escenario peligroso: ¿se ha sentado un precedente donde el acoso y el insulto pueden forzar la salida de autoridades electorales?
Si el sector identificado con López Aliaga continúa con la retórica del fraude frente a cualquier resultado adverso, la renuncia de Corvetto habrá sido un sacrificio estéril. La certidumbre que reclama la ciudadanía no depende solo de quién dirija la ONPE, sino de que los actores políticos acepten las reglas del juego democrático sin recurrir a la difamación como herramienta de campaña.
Carta de renuncia, pasajes
«Me dirijo a usted (presidente de la JNJ, María Teresa Cabrera), a fin de comunicar mi decisión de renunciar al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, responsabilidad que ejerzo desde el 31 de agosto del 2020».
“Luego de los problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral en determinados sectores de Lima Metropolitana durante la jornada electoral y estando a finalizar el procesamiento de actos, «considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada».
«He cumplido con integridad mi función, me preparé desde siempre para el cargo que concursé y en el que pudimos gestionar un fuerte proceso de necesarias reformas, pero los problemas focalizados ocurridos el 12 de abril, constituyen una situación que me impide continuar en el cargo».
«Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones, y estoy seguro de quien me suceda va a contribuir a construir un contexto político adecuado para la celebración exitosa de la segunda vuelta presidencial».
«En ese contexto, solicito que mi renuncia sea aceptada en el más breve plazo, pues la ciudadanía y los actores políticos requieren certidumbre frente a nuestro futuro inmediato. Además de manifestarle mi total y entera disponibilidad a las investigaciones en los fueros que correspondan, a fin de contribuir plenamente al esclarecimiento de los hechos».
Investigaciones siguen en marcha
La renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE no lo exime de las investigaciones en curso, ni detiene los procesos legales que se han iniciado tras la jornada electoral del 12 de abril de 2026.
En el derecho peruano, la responsabilidad legal de un funcionario público persiste independientemente de si continúa en el cargo o no.
Los tres frentes que Corvetto enfrentará son:
- El Frente Penal (Ministerio Público)
Es el más grave. Corvetto acudió a la Fiscalía Anticorrupción precisamente para ponerse a derecho. El hecho de haber entregado su pasaporte y autorizado el levantamiento de su secreto de comunicaciones es una estrategia de defensa para demostrar «arraigo» y evitar una posible medida de detención preliminar o impedimento de salida del país.
- Investigación: Se le investiga por presuntas irregularidades en la distribución de material electoral y delitos electorales.
- Consecuencia: Si se hallan indicios de dolo o corrupción, la fiscalía puede solicitar prisión preventiva o iniciar un juicio oral, sin importar que ya no sea jefe de la ONPE.
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Corvetto se va reconociendo problemas técnicos y operativos en el despliegue de material electoral el pasado 12 de abril (Foto: ONPE).
- El Frente Administrativo y Disciplinario (JNJ)
Aunque ya no ocupa el cargo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptó su renuncia, pero precisó que esto no anula las investigaciones sobre las «anomalías» que impidieron votar a más de 60,000 ciudadanos.
- Alcance: La JNJ puede emitir sanciones que lo inhabiliten para ejercer cargos públicos en el futuro. La renuncia corta el proceso de «destitución» (porque ya no está en el puesto), pero deja abierta la puerta a la inhabilitación.
- El Frente Político y la Contraloría
La Contraloría General de la República puede realizar auditorías sobre su gestión. Si se detecta un mal uso de recursos públicos o negligencia administrativa punible, Corvetto sigue siendo civilmente responsable por los daños causados al Estado durante su mandato.
En conclusión: Su renuncia es un gesto político para «limpiar» el clima electoral de la segunda vuelta, pero legalmente no es un «borrón y cuenta nueva». Al contrario, al dejar el cargo, pierde la protección institucional y debe responder como cualquier ciudadano ante las autoridades por los hechos ocurridos bajo su mando.
El cargo será asumido interinamente por el Gerente General, Bernardo Juan Pachas Serrano, según comunicvado de ONPE.
