Delia Espinoza: su destitución va más allá del simple desacato administrativo
Delia Espinoza: La decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de apartar definitivamente a Delia Espinoza Valenzuela del cargo de fiscal suprema (y por ende, de la Fiscalía de la Nación) es un hito jurídico que va más allá del simple desacato administrativo. La destitución genera un sismo institucional que paraliza o redirige las investigaciones más sensibles contra la alta política peruana.
Al perder su condición de magistrada se rompe la continuidad de Delia Espinoza en los casos que ella lideraba personalmente. Este es el impacto directo en los procesos judiciales:
- Casos contra la presidencia y el Ejecutivo: Delia Espinoza mantenía una postura frontal respecto a las investigaciones que involucraban a Dina Boluarte:
Denuncias por muertes en protestas: Como Fiscal de la Nación, Espinoza era la única facultada para investigar a la presidente. Su salida implica que estas carpetas pasarán a manos de un fiscal interino o del nuevo titular, lo que genera temores de un «enfriamiento» de las diligencias.
Caso «Rolex» y Enriquecimiento Ilícito: La estrategia de acusación que venía construyendo Espinoza queda en suspenso. Existe el riesgo de que el nuevo liderazgo del Ministerio Público opte por una interpretación más restrictiva del artículo 117 de la Constitución para no avanzar hasta el fin del mandato presidencial.
- Investigaciones a Congresistas («Los Niños» y otros)
Espinoza lideraba las pesquisas sobre la presunta red criminal que operaba en el Congreso:
Canje de votos por archivos: Se investigaba a decenas de legisladores por haber negociado sus votos (para la elección del Defensor del Pueblo o la remoción de la JNJ) a cambio del archivamiento de sus investigaciones fiscales.
Impacto: Con su destitución, el impulso político y jurídico para denunciar constitucionalmente a estos congresistas se debilita. Muchos de los investigados en el Legislativo fueron precisamente quienes impulsaron su inhabilitación política semanas atrás, lo que refuerza la tesis de una «venganza política» que ahora logra detener sus procesos.
- El factor de la «Interinidad» y Retroceso de Pruebas
La salida de Espinoza no es solo un cambio de nombre, sino de equipo técnico:
Remoción de Fiscales Adjuntos: En periodos de interinidad previos (como el de Tomás Gálvez), ya se habían visto cambios en los equipos especiales que investigaban casos de alta corrupción. La destitución de hoy abre la puerta a que se remuevan a los fiscales adjuntos que conocen el detalle de las pruebas contra los «altos funcionarios».
Retraso Procesal: Cualquier nuevo fiscal necesitará meses para empaparse de carpetas que contienen miles de folios, lo que en la práctica otorga un «respiro» legal a los investigados.
- La respuesta de Delia Espinoza
Se espera que la ex fiscal active mecanismos internacionales. Ella ha calificado su destitución como un «proceso indebido» y una vulneración a la independencia judicial. Si lograra una medida cautelar en instancias internacionales o en el Poder Judicial (vía amparo), el Ministerio Público entraría en una situación de caos administrativo con dos figuras reclamando el cargo, similar a lo que ocurrió con Patricia Benavides.
En conclusión, la decisión de la JNJ consolida un cambio total en la correlación de fuerzas dentro del Ministerio Público y despeja el camino judicial para varios sectores del Congreso y el Ejecutivo que se sentían cercados por las diligencias en las investigaciones de Delia Espinoza.
La destitución y el detonante
El eje central de la destitución por unanimidad) fue la negativa de Delia Espinoza a ejecutar la reposición de Patricia Benavides. Para la JNJ, esto no fue solo un «descuido», sino una falta muy grave bajo la siguiente lógica:
Desobediencia a un Mandato Constitucional: La JNJ sostiene que sus resoluciones son vinculantes. Al ignorar la orden de reponer a Patricia Benavides, Delia Espinoza habría vulnerado el principio de legalidad y jerarquía institucional.
Afectación a la Seguridad Jurídica: El Pleno de la JNJ argumentó que permitir que un alto funcionario decida qué resoluciones cumplir y cuáles no, crea un precedente peligroso de arbitrariedad.
- Otras consideraciones determinantes
La resolución de destitución no se limitó al desacato de la reposición. Existen otros cargos y contextos que la JNJ evaluó para justificar la máxima sanción:
- Obstaculización e Incidentes en la Sede Central: Se imputó a Espinoza haber permitido o instigado actos que alteraron el orden institucional. Esto incluye las «vigilias» y el bloqueo físico en el noveno piso de la fiscalía cuando Benavides intentó reincorporarse, lo cual fue calificado como una maniobra para impedir el ejercicio de funciones de una magistrada repuesta.
- Abuso de Autoridad y Omisión de Funciones: La JNJ consideró que Espinoza se rehusó deliberadamente a convocar a la Junta de Fiscales Supremos para dar cuenta de la resolución de reposición, actuando con el fin de mantenerse en el poder.
- El Factor Político-Legislativo: A la fecha, Espinoza ya arrastraba una inhabilitación de 10 años impuesta por el Congreso en diciembre de 2025 (por el caso del reglamento de la Ley 32130). Aunque esta era una vía distinta, la JNJ utilizó el proceso disciplinario para cerrar definitivamente su vínculo con la carrera fiscal.
⚖️ Por unanimidad el pleno de la @JNJPeru, presidida por la doctora María Teresa Cabrera Vega, resolvió destituir a Delia Milagros Espinoza Valenzuela del cargo de fiscal suprema de @FiscaliaPeru por haber hecho caso omiso a la Resolución n.° 231-2025-JNJ.https://t.co/cdYBqNnduC
— Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) January 23, 2026
