Tomás Gálvez: 5 implicancias por la exclusión de todo cargo en el MP de Rafael Vela y José Domingo Pérez
El enfoque punitivo contra la corrupción de alto nivel entra en un preocupante periodo de revisión
La confirmación de la exclusión de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por parte de Tomás Gálvez Villegas, en su primer día tras su elección como Fiscal de la Nación por parte de la Junta Nacional de Fiscales, representa un punto de quiebre institucional con múltiples implicancias jurídicas y políticas. Conozca 5 implicancias jurídicas y políticas que arrastra la decisión del nuevo titular de la acción penal en el país:
- Desarticulación del Equipo Especial Lava Jato
La salida de Vela y Pérez implica, en la práctica, el desmantelamiento de la estructura que ha liderado las investigaciones más emblemáticas de corrupción corporativa y política en las últimas décadas. Al ser los fiscales que mayor conocimiento acumulado tienen sobre las carpetas de Odebrecht y otras constructoras, su reemplazo genera un riesgo de dilatación o debilitamiento de las acusaciones fiscales ya presentadas.
- Cambio en la Estrategia de Persecución Penal
Esta decisión sugiere un giro en la política institucional del Ministerio Público. Significa que, bajo una administración de Gálvez, la prioridad o el método de trabajo del equipo Lava Jato no cuenta con respaldo jerárquico. Esto puede derivar en:
- Revisiones de acuerdos de colaboración eficaz: Se podría poner en duda la validez o los términos de los beneficios otorgados a colaboradores.
- Reasignación de recursos: Menor presupuesto o personal administrativo para dichas fiscalías.
- Impacto en los Juicios Orales en Curso
Muchos de los casos (como el de Keiko Fujimori o el de Alejandro Toledo) se encuentran en etapas críticas de juicio oral o control de acusación. La exclusión de los fiscales que diseñaron la teoría del caso obliga a nuevos fiscales a estudiar miles de folios en tiempo récord, lo que suele ser aprovechado por las defensas para cuestionar la continuidad y coherencia de la fiscalía.
- Señal de «Ajuste de Cuentas» Institucional
Desde una perspectiva política, esta medida se interpreta como la victoria de una facción del Ministerio Público sobre otra. Tomás Gálvez ha mantenido una confrontación pública y legal abierta con el equipo especial, por lo que su decisión se percibe no solo como administrativa, sino como una represalia o purga basada en las investigaciones que los fiscales realizaron y que, en algunos momentos, rozaron a figuras vinculadas al propio Gálvez.
- Reacción en la Opinión Pública y Estabilidad
Históricamente, los intentos de remover a Vela y Pérez (como ocurrió en la víspera de Año Nuevo en 2018 con Pedro Chávarry cuando ejercía la presidencia de la República, Martín Vizcarra) han generado movilizaciones sociales masivas. Esta decisión podría reavivar la percepción de impunidad o de captura de las instituciones por parte de grupos bajo investigación, lo que eleva la tensión política entre el Ministerio Público y la sociedad civil.
Esta decisión marca el inicio de una etapa de reconfiguración total en el sistema de justicia peruano, donde el enfoque punitivo contra la corrupción de alto nivel parece entrar en un periodo de revisión o repliegue.
Juicios que ya tienen fecha programada para este año
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Caso Keiko Fujimori (Caso Cócteles)
Este es el proceso más golpeado por la inestabilidad.
- Estado actual: Tras la nulidad del juicio oral dictada a inicios de 2025, el caso regresó a la etapa de control de acusación.
- Impacto de la exclusión: José Domingo Pérez era quien conocía cada una de las más de 5,000 pruebas y testimonios. Un nuevo fiscal debe ahora reexaminar toda la acusación para sustentarla en las audiencias de 2026. Esto facilita que las defensas planteen nuevas excepciones y pedidos de nulidad, argumentando falta de coherencia en la nueva estrategia fiscal, lo que podría congelar el inicio del nuevo juicio oral indefinidamente.
- Caso Alejandro Toledo (Interoceánica)
- Estado actual: En enero de 2026, el Poder Judicial autorizó el inicio del juicio oral por el Tramo 4 de la Interoceánica Sur (donde se piden más de 24 años de cárcel).
- Impacto de la exclusión: Rafael Vela, como coordinador, era el eje de la cooperación internacional con Brasil y EE. UU. Sin su liderazgo y ante su reciente suspensión de 9 meses (marzo 2026), la fluidez de las pruebas testimoniales que vienen del extranjero (como las de Jorge Barata o Josef Maiman) corre el riesgo de burocratizarse o perderse, debilitando la posición del Ministerio Público justo cuando el juicio debe entrar en su etapa más intensa.
- Caso Susana Villarán
- Estado actual: El juicio oral contra la exalcaldesa de Lima inició formalmente en septiembre de 2025 y tiene sesiones programadas durante todo este año (martes y jueves).
- Impacto de la exclusión: A diferencia de otros casos, este ya está «en marcha». Sin embargo, la salida del equipo original obliga a fiscales que no participaron en la investigación a sostener los interrogatorios a testigos clave. En las audiencias de enero de 2026, ya se ha reportado confusión sobre qué representante del Ministerio Público se «abocará» finalmente al juicio, lo que genera retrasos en las sesiones y una defensa con mayor margen de maniobra.
- Caso Ollanta Humala y Nadine Heredia
- Estado actual: El proceso llegó a su fin en primera instancia con una sentencia de 15 años de prisión en abril de 2025.
- Impacto de la exclusión: Durante 2026, este caso se encuentra en la etapa de apelación. La ausencia de Vela y Pérez significa que no estarán los rostros que lograron la condena original para defenderla ante la Sala Superior. Si la nueva fiscalía no sostiene con la misma vehemencia los argumentos, la sentencia podría ser revocada o reducida significativamente.
Declaraciones a la prensa del fiscal Tomás Gálvez
“Mientras yo esté, en absoluto. Esos señores (Rafael Vela y José Domingo Pérez) son el ejemplo del fracaso del Ministerio Público”, se escuchó decir este martes al fiscal Tomás Galvez Villegas al sostener que el desempeño de estos fiscales en el manejo del caso Odebrecht ha sido “calamitoso”. “Después de ocho años de investigación, no se puede resolver el caso diciendo que no es delito. Si no era delito, ¿por qué mandaron a la cárcel a tanta gente, por qué gastaron tanto dinero para que al final el TC diga que no es delito?”, preguntó.
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