Adelantó que no recibirá con insultos en el Congreso a la presidente electa como actuó el fujimorismo contra Pedro Castillo hace cinco años
Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, marcó una postura tajante frente a la reciente coyuntura electoral, estableciendo tres condiciones innegociables para acceder a cualquier invitación al diálogo proveniente de la presidenta electa, Keiko Fujimori.
Las exigencias de Juntos por el Perú
Durante una conferencia de prensa, Sánchez enfatizó que, antes de cualquier acercamiento, es imperativo atender demandas que, según su agrupación, son fundamentales para la justicia y la democracia:
- Libertad del expresidente Pedro Castillo Terrones: Sánchez condiciona el diálogo a la liberación de Castillo, insistiendo en que las vías legales internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deben agotarse ante lo que considera una afectación a los derechos políticos.
- Comisión de la Verdad: Exige la instalación de un organismo independiente que investigue y determine las responsabilidades políticas por los 51 fallecimientos registrados durante las protestas tras el 7 de diciembre de 2022.
- Anulación de leyes «procrimen»: El líder político demandó el compromiso del Ejecutivo para dejar sin efecto las normas aprobadas por el saliente Congreso que, a su juicio, garantizan impunidad a las fuerzas militares y policiales, contraviniendo estándares internacionales.
Críticas a la gestión y al rol de la prensa
Sánchez no escatimó críticas hacia el actuar de la gestión actual y la injerencia externa. Calificó de inmiscución las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en asuntos internos del país y advirtió que su agrupación mantendrá una postura de vigilancia estricta ante el nuevo gobierno.
En relación con el rol de los medios de comunicación, el exministro fue frontal:
«A los medios que parecen pasquines y han vendido su alma al vil negocio de la plata, quiero que sepan que el pueblo no les tiene miedo. Vamos a recuperar la democracia y el estándar de justicia, aunque sea lo más difícil», sentenció ante la prensa.
Vuelvo de la acttud en 180 grados
Roberto Sánchez adelantó que no recibirá con insultos a la presidente electa como hizo su bancada contra Pedro Castillo hace cinco años cuando acudió al Congreso de la República para recibir la banda presidencial , juramentar y pronunciar su discurso de asunción del mando.
Igualmente señaló que tampoco harán una labor obstruccionista y de boicot contra el Gobierno de Fujimori con presentaciones de interpelaciones a ministros y permanentes pedidos de vacancia.
Reafirmo que Juntos por el Perú se mantendrá en las calles con movilizaciones pacíficas, especialmente durante este mes patrio, para defender a sus dirigentes sociales y reafirmar su convicción democrática ante lo que denomina un «legado fujimorista de impunidad».
El dilema de la oposición y la búsqueda de legitimidad
La posición asumida por Roberto Sánchez revela una estrategia política dual: por un lado, se erige como el defensor de las bases sociales que consideran los resultados electorales como un proceso viciado; por otro, intenta trazar una línea divisoria ética con respecto a la oposición que enfrentó el gobierno de Pedro Castillo.
Al renunciar explícitamente a las prácticas de obstruccionismo —tales como la interpelación constante de ministros y las mociones de vacancia—, Sánchez busca capitalizar el desgaste que sufrieron los mecanismos de control parlamentario en el pasado reciente. Este mensaje parece dirigido no solo a la opinión pública, sino también a moderar la imagen de su partido, posicionándolo como una fuerza que, aunque disidente, respeta las formas democráticas de la alternancia en el poder.
Sin embargo, el condicionamiento del diálogo a la libertad de Pedro Castillo representa un muro de contención complejo. Esta demanda, que resuena profundamente en un sector del electorado que se siente desplazado, contrasta con la realidad institucional del país, donde el Poder Judicial mantiene la competencia exclusiva sobre la situación del exmandatario.
La insistencia en este punto sugiere que, para Juntos por el Perú, la legitimidad del nuevo gobierno está intrínsecamente ligada a la resolución de lo que denominan una «justicia sesgada».
Finalmente, el desafío está planteado: ¿Logrará el gobierno electo de Keiko Fujimori tender puentes con una oposición que exige, como base mínima, una revisión total del proceso de justicia y memoria histórica del país?
La respuesta a esta interrogante definirá si el próximo quinquenio estará marcado por una coexistencia política institucional o por una permanente movilización social en las calles.
