Ante el Pleno de Diputados, el jefe del Gabinete delineó la ruta normativa del Ejecutivo para combatir la extorsión, el sicariato y el crimen organizado
Luis Galarreta. El presidente del Consejo de Ministros, justificó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la demora en el envío de la solicitud de delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, principal compromiso de campaña de la presidente Keiko Fujimori.
Galarreta sostuvo que la postergación responde a la necesidad de «afinar exactamente» el texto normativo para destrabar vacíos legales antes de remitirlo. No obstante, en su presentación omitió fijar posición sobre la eventual derogación o modificación de las polémicas leyes «procrimen», aprobadas en el periodo legislativo anterior y cuestionadas por obstaculizar la persecución del delito.
A pesar del retraso, el titular de la PCM aseguró que el Gobierno proyecta enviar el paquete legislativo en un tiempo récord menor a 45 días de gestión, tras sostener reuniones de trabajo con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la DINI, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
“Felizmente aún no se ha presentado la delegación de facultades; porque estamos afinando exactamente dónde están esos problemas (cuellos de botellas legales) para enfrentar, cómo se debe a la delincuencia”, expresó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarrreta en el marco de su exposición sobre la Política General del Gobierno y las medidas que requiere su gestión presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados.
Diagnóstico del Ejecutivo: los «cuellos de botella» legales identificados
El Gabinete justificó el aplazamiento en un diagnóstico técnico fruto de las coordinaciones sostenidas durante sus primeros 22 días de gestión. A partir de estas evaluaciones, la PCM identificó cinco trabas operativas y normativas centrales:
- Atribuciones limitadas de la inteligencia táctica: La DINI perdió la facultad legal de ejecutar operaciones directas de campo, lo que le impide precisar la ubicación de guaridas criminales y genera intervenciones policiales imprecisas.
- Divergencias entre el Poder Judicial y la Fiscalía: Discrepancias de criterio legal sobre la tipificación penal de determinados delitos dilatan las decisiones judiciales y perjudican la sanción oportuna de la criminalidad organizada.
- Vacíos del Código Procesal Penal («puerta giratoria»): Disposiciones procesales actuales permiten a los detenidos acogerse a salidas inmediatas desde las comisarías, generando impunidad y anulando la labor de captura policial.
- Rigidez procedimental con extranjeros indocumentados: La normativa exige liberar a los ciudadanos extranjeros indocumentados si su expulsión del país no se concreta en un plazo máximo de 24 horas.
- Falta de protección legal para las Fuerzas Armadas: Inexistencia de un marco legal claro que respalde las intervenciones de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno, exponiendo al personal militar a procesos penales prolongados.
Bajo este escenario, el Ejecutivo sostiene que elevar la solicitud sin corregir previamente estos nudos legales derivaría en un paquete normativo ineficaz.
La expresión de Galarreta («felizmente aún no se ha presentado») busca posicionar la demora como una cautela técnica frente al crimen.
La delegación de facultades: la hoja de ruta contra el delito
Durante su intervención, el primer ministro adelantó las medidas concretas que integrarán el pedido de delegación de facultades remitido al Congreso:
- Reforma legal y fin de la «puerta giratoria»: Modificación del Código Procesal Penal para evitar la liberación inmediata de capturados y fortalecimiento de los juzgados de flagrancia.
- Recuperación de la inteligencia operativa: Restablecimiento de las atribuciones de campo de la DINI para ubicar y desarticular bandas en su punto de origen.
- Protección jurídica militar: Establecimiento de un marco constitucional definitivo para el actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la seguridad interna.
- Intervención focalizada a motocicletas: Operativos basados en mapas de calor en zonas críticas para fiscalizar vehículos de dos ruedas empleados en la extorsión.
- Reorganización y deshacinamiento penitenciario:
- Traslado de reclusos por delitos menores no violentos (como omisión a la asistencia familiar) a cuarteles y hangares adaptados con talleres de trabajo.
- Implementación de un cerco perimetral externo a cargo de las Fuerzas Armadas en los penales, con detectores de metales para controlar al personal del INPE.
- Bloqueo efectivo de señales de telefonía móvil, restricción de visitas y régimen de aislamiento para reos de alta peligrosidad.
- Retoma de proyectos para la construcción de penales de máxima seguridad.
- Equipamiento y modernización tecnológica:
- Inversión de S/ 19 millones para la División de Investigación de Extorsiones en vehículos, drones, cámaras y software de análisis criminal.
- Implementación del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (AFIS) en 15 unidades de investigación policial.
- Despliegue de videovigilancia inteligente con inteligencia artificial para apoyo forense y respuesta en tiempo real.
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Traslado de reclusos por delitos menores no violentos (como omisión a la asistencia familiar) a cuarteles y hangares adaptados con talleres de trabajo (Foto: Congreso de la República).
Final del discurso
En la parte final de su intervención, Galarreza aseguro que “Este Gobierno hará lo que le corresponde: gobernar con la mirada puesta no solo en los problemas de hoy, sino en el país que queremos dejar a las próximas generaciones. Hoy reafirmamos ante esta Cámara y ante todos los peruanos nuestra decisión de asumir estos desafíos sin excusas y sin temor a tomar las decisiones que el país necesita”.
“Vamos a gobernar con firmeza, con sentido de urgencia y con la responsabilidad que nos impone este momento. Pero también con la convicción de que el Perú no está condenado al miedo ni a la incertidumbre. El Perú tiene un futuro mejor por delante. Y este Gobierno está decidido a trabajar para hacerlo realidad.”, señala en la parte final de su intervención.
