Psiquiatra aseguró ante el jurado que la procesada planeaba suicidarse y que no quería que sus hijos sufrieran sin ella
“Filicidio altruista”. El juicio por jurado contra Lindsay Clancy, la enfermera de partos acusada de asfixiar a sus tres hijos en enero de 2023 en Duxbury y que quedó parapléjica tras atentar contra su vida, entra en su etapa decisiva en la Corte Superior del Condado de Plymouth, estado de Massachusetts, Estados Unidos.
El debate judicial quedó marcado por el testimonio del psiquiatra forense Dr. Phillip Resnick, experto convocado por la defensa y referencia internacional en el análisis de filicidios (perito clave en el caso de Andrea Yates en 2001). Resnick empleó el término de «filicidio altruista» para describir la lógica distorsionada bajo la cual actuó la acusada.
La tesis de la defensa
Según la defensa técnica, encabezada por el abogado Kevin Reddington, Clancy sufrió una pérdida total del control voluntario a causa de una psicosis posparto severa, depresión mayor y trastorno bipolar, cuadro agudizado por la ingesta de más de 12 fármacos recetados en los meses previos.
Durante su intervención, el Dr. Resnick detalló los puntos centrales de esta evaluación:
- Ausencia de hostilidad: El perito categorizó la tragedia como un acto motivado por un delirio altruista. Sostuvo que, dentro del estado psicótico, no existió malicia ni negligencia, sino la creencia errónea de que la muerte constituía una «misericordia».
- Delirio de protección: Clancy creía de forma firme que, si ella se quitaba la vida, los tres niños —Cora (5), Dawson (3) y Callan (8 meses)— padecerían de manera insoportable. En su realidad alterada, concluyó que lo correcto era que fuesen al cielo juntos.
- Pérdida de control: El psiquiatra afirmó que la procesada atravesaba una alteración severa de la realidad, desprovista de control sobre sus actos, e indicó que la mujer llegó a pronunciar la frase «vayan con Dios» durante el ataque.
La postura de la fiscalía
Por su parte, el Ministerio Público busca desmontar la falta de responsabilidad penal. Con el respaldo de peritos como el psicólogo forense Kirk Heilbrun, la fiscalía sostiene que la acusada conservaba la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos.
Entre los contraargumentos destacan la ocultación de síntomas a sus médicos tratantes antes del crimen y la existencia de actos de planificación, como calcular el tiempo de desplazamiento de su esposo fuera de la vivienda para quedarse a solas con los menores.
Alegatos finales y escenarios del veredicto
Con la conclusión de las pruebas periciales, el tribunal dará paso a los alegatos finales y a la posterior deliberación del jurado. El proceso plantea dos escenarios judiciales:
- Culpable de asesinato (primer o segundo grado): Implica una condena obligatoria a cadena perpetua (con o sin posibilidad de libertad condicional, según determine el juez).
- No culpable por enfermedad o defecto mental: Determina la exención de responsabilidad penal en prisión y dispone el internamiento indefinido en un hospital psiquiátrico estatal.
Antecedente, el caso Andrea Yates
El debate sobre la responsabilidad penal en casos de tragedia materna asociada a la salud mental tiene su referente más importante en el caso de Andrea Yates. El 20 de junio de 2001, la exenfermera de 36 años ahogó a sus cinco hijos (de entre 6 meses y 7 años) en la tina de su vivienda en Houston, Texas, tras sufrir episodios recurrentes de depresión y psicosis posparto severa.
Al igual que en la tesis pericial expuesta en el juicio contra Lindsay Clancy, Yates actuó impulsada por un severo delirio: creía firmemente que sus hijos estaban condenados moralmente y que la única forma de garantizar la salvación de sus almas era quitándoles la vida.
Aunque en un primer juicio en 2002 fue condenada a cadena perpetua, el dictamen fue anulado. En un segundo juicio celebrado en 2006, un jurado la declaró no culpable por razón de demencia (Not Guilty by Reason of Insanity), al concluirse que la gravedad de su psicosis le impedía discernir la ilicitud moral de sus actos. Desde entonces, permanece internada de manera indefinida en un centro psiquiátrico estatal en Texas, sentando un precedente judicial definitivo sobre la evaluación del filicidio en el contexto de brotes psicóticos posparto.
