Increpó al exfiscal hoy abogado del expresidente por llamar “hijo del pueblo” y no por su nombre al expresidente
Jorge Montoya. Una jornada de alta fricción se vivió en sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República. El incidente principal lo protagonizaron el parlamentario Jorge Montoya y el defensor de Pedro Castillo, el exfiscal José Domingo Pérez.
El congresista y vicealmirante en situación de retiro no soportó que Pérez llame en su alocución “hijo del pueblo” al referirse a Pedro Castillo. “Acá no hay ningún hijo del pueblo que esté acreditado, llámelo (al expresidente) por su nombre”, exclamó el parlamentario que el momento de los hechos, presidía, en su condición de vicepresidente la sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
El altercado, que incluyó la interrupción de la palabra y el corte del micrófono del letrado, evidenció la honda polarización política que rodea los procesos de antejuicio político en el fuero legislativo.
La sesión ordinaria, presidida formalmente por la congresista Lady Camones, tenía como objetivo evaluar la Denuncia Constitucional 206-2021. Dicha acusación imputa a Castillo y a exmiembros de su gabinete la presunta infracción de los artículos 77, 80 y 118 de la Constitución, debido a la emisión de los Decretos de Urgencia 086, 100 y 105 durante el año 2021.
La controversia estalló casi de inmediato cuando el abogado Pérez asumió el uso de la palabra cedido por el exmandatario.
Al iniciar su alegato, Pérez afirmó presentarse en representación del «hijo del pueblo encarcelado», apelativo que repitió hasta 4 veces para justificar las acciones de su patrocinado frente a la emergencia sanitaria del COVID-19.
Esta retórica incomodó a Montoya, quien interrumpió de forma tajante: «Acá no hay ningún hijo del pueblo que esté acreditado, llámelo por su nombre», exclamó el legislador, exigiendo ceñirse a los nombres legales de los procesados.
Pérez solicitó que la objeción constara en el acta, pero el clima empeoró cuando prosiguió su defensa tildando a los sectores opositores como «cola del fujimorismo» que urdían planes para desestabilizar el gobierno.
Esto provocó la protesta de otros parlamentarios, quienes demandaron guardar las formas en una audiencia pública, llevando a Montoya a cortarle temporalmente el audio al abogado y pedirle que bajara el tono de voz.
A pesar de los reclamos de parlamentarios como Pasión Dávila, quien pidió libertad de expresión alegando que el Congreso es «la casa del pueblo», Montoya ratificó que el formalismo exige identificar a los procesados por sus nombres y no por apelativos políticos.
Tras el incidente, la defensa técnica logró concluir argumentando que los decretos cuestionados eran legítimos, urgentes y que el propio Parlamento jamás los derogó en su momento, lo que convalidaba su seguridad jurídica.
Habla Pedro Castillo
Posteriormente, Pedro Castillo hizo uso de sus cinco minutos de defensa. El expresidente defendió la legalidad de sus prerrogativas y argumentó que el presupuesto cuestionado se destinó a mitigar la crisis hospitalaria y reactivar la economía de los sectores más vulnerables.
Castillo denunció un ensañamiento político en su contra y criticó el accionar del Legislativo durante la pandemia. Asimismo, lanzó una advertencia política de cara al mes de junio, asegurando que «la historia estará del lado de la razón».
La sesión también contempló los descargos del ex presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte. El actual congresista deslindó responsabilidades respecto de la mayoría de las normas imputadas, precisando que su firma solo refrendó el Decreto de Urgencia 086-2021 antes de dejar el cargo, por lo que la responsabilidad constitucional debía ser estrictamente individual.
Finalmente, pese a la ausencia de la parte denunciante, Héctor Ventura, la subcomisión dio por concluido el debate tras otorgar el derecho de dúplica a los imputados. Castillo cerró la jornada reiterando que el Consejo de Ministros actuó de forma colegiada y acusando a las bancadas mayoritarias de haber copado las instituciones del Estado para obstaculizar lo que denominó un gobierno popular.
Con estos tensos descargos, la jornada parlamentaria no solo expuso los argumentos jurídicos de ambas partes, sino que volvió a mostrar la profunda división política que existe entre los peruanos. Una polarización que se hace aún más evidente en un contexto sumamente crucial para el país.
Y todo a escasas horas de que se proclamen los resultados oficiales de las elecciones generales del pasado 12 de abril, y con la mirada puesta en el inicio de la campaña para la segunda vuelta electoral, programada para el próximo 7 de junio, donde la ciudadanía definirá el rumbo político de la nación.
