Con esta decisión, quedan extinguidas las vías pacíficas e institucionales para el cambio de poder
Nicaragua. La reforma constitucional impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolida el control total del oficialismo sobre la vida política del país, clausurando de forma institucional cualquier vía para la oposición.
¿En qué consiste la reforma?
La modificación constitucional —impulsada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Nacional dominada por el Frente Sandinista— altera sustancialmente el marco electoral y democrático del país:
- Prohibición Constitucional de Candidaturas: Otorga rango constitucional a la inhabilitación política de cualquier ciudadano, grupo o partido calificado bajo los ambiguos términos de «golpistas», «servidores del imperialismo» o «traidores a la patria».
- Cancelación de Personerías Jurídicas: Otorga facultades expresas al Consejo Supremo Electoral (CSE) para despojar de su estatus legal a partidos que reciban o hayan recibido financiamiento internacional o que mantengan líneas críticas con el régimen.
- Extensión de Periodos y Control Político: Modifica la periodicidad de los cargos de elección popular e integra la figura de la «Copresidencia» (ejercida formalmente por Rosario Murillo junto a Ortega), extendiendo el mandato presidencial y subordinando de forma explícita al resto de poderes del Estado.
- Suspensión de Elecciones Competitivas: Restringe la contienda electoral a agrupaciones satélites leales, anulando los requisitos de pluralismo y alternancia pacífica del poder.
¿Quiénes son los excluidos?
La exclusión abarca a un abanico diverso de la sociedad civil nicaragüense, criminalizando el disenso político:
- Líderes de la Oposición y Candidatos: Políticos de agrupaciones opositoras tradicionales y emergentes que intentaron competir en las urnas o que encabezaron protestas populares.
- Desnacionalizados y Exiliados: Más de 300 opositores, activistas, periodistas y académicos a quienes la dictadura retiró la nacionalidad y confiscó sus bienes bajo cargos de «traición», dejándolos apátridas.
- Presos y Ex-Presos Políticos: Ciudadanos que sufrieron prisión por motivos políticos o por participar en las movilizaciones de 2018.
- Organizaciones Civiles y Defensores de Derechos Humanos: Integrantes de ONG, sindicatos independientes, líderes comunitarios y miembros del clero religioso (como la Iglesia Católica).
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Presidente Daniel Ortega (Foto: Presidencia de Nicaragua).
La lógica del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo
Desde la perspectiva del oficialismo, esta reforma responde a tres motivaciones fundamentales:
- Dinastización y Sucesión Familiar: Institucionalizar la sucesión en la figura de Rosario Murillo y su red familiar sin depender de un proceso electoral de resultado incierto.
- Inmunidad Penal y Blindaje Institucional: Mantener el control estatal para evitar investigaciones o rendición de cuentas internacionales por flagrantes violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
- Narrativa de «Soberanía Nacional»: El régimen argumenta que la exclusión defiende la soberanía frente a la «injerencia extranjera» y que las movilizaciones opositoras constituyen intentos de «golpe de Estado» patrocinados externamente.
El rechazo internacional y el pronunciamiento del Perú
La reforma desencadenó un enérgico repudio por parte de la comunidad internacional y de diversos organismos regionales de derechos humanos (como la CIDH).
El Gobierno del Perú, a través de su Cancillería, emitió una condena categórica contra esta medida:
El Gobierno peruano expresó su «más profunda preocupación y enérgico rechazo» a las reformas que buscan liquidar la institucionalidad democrática en Nicaragua, advirtiendo que eliminan las condiciones para elecciones libres y perpetúan una dictadura familiar, reafirmando su compromiso con los presos políticos, exiliados y perseguidos.
La postura del Perú refleja el consenso diplomático de las democracias de la región: una elección en la que el gobierno de turno decide por decreto quién puede y quién no puede ser su adversario invalida de raíz la legitimidad democrática.
Pronunciamiento de la OEA
La Secretaría General de la OEA emitió pronunciamientos donde condena la utilización del texto constitucional como una herramienta de represión:
- Incompatibilidad con el Sistema Interamericano: Advierte que las enmiendas que legalizan la exclusión de opositores violan los compromisos básicos de la Carta Democrática, la cual establece que «los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla».
- Acusación de «Monarquía Absolutista»: Calificó la jugada institucional (que crea la figura de «Copresidentes» y amplía el mandato) como un intento deliberado de consolidar un régimen hereditario y de unipartidismo de iure, invalidando cualquier proceso electoral futuro.
- Uso Instrumental de la Constitución: Sostiene que alterar la Carta Magna para calificar formalmente a los disidentes de «traidores» o «servidores del imperialismo» destruye la noción de igualdad ante la ley y la separación de poderes.
