¿Se trata de un reflejo de la crisis de inseguridad que agobia al país?
INPE. Un nuevo escándalo se desata en los predios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esta vez el escenario no fue un penal de máxima seguridad, sino un hospital público de cuyas instalaciones un recluso sentenciado logró evadirse «como Pedro por su casa».
Los hechos
El martes 8 de setiembre de 2026, aproximadamente a las 18:20 horas, se conoció la evasión del interno Herrera Paredes Mayki Cagen desde las instalaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.
Herrera Paredes no es un detenido primario ni procesado por faltas menores: cumplía una sentencia de 18 años de prisión por el delito de robo agravado en el Establecimiento Penitenciario Lurigancho.
Su presencia en el nosocomio obedecía a un traslado médico realizado el día previo por un diagnóstico de hernia abdominal.
Custodia en el papel, impunidad en la práctica
De acuerdo con la información oficial emitida por el INPE, el interno se encontraba bajo la custodia presencial de dos agentes de seguridad penitenciaria. Pese a la presencia permanente de la guardia asignada, el recluso logró evadir los controles y abandonar el recinto hospitalario sin ser interceptado a tiempo.
Si bien la institución informó el inicio de investigaciones bajo el marco del Decreto Legislativo 1617 y la puesta a disposición de los custodios ante la Comisaría del sector y la Policía Nacional del Perú (PNP), las interrogantes de fondo permanecen sin respuesta. ¿Cómo supera un interno evacuado por razones médicas la vigilancia de dos efectivos entrenados?
La repetición de estos incidentes deja entrever dos fallas sistémicas: o asistimos a una grave omisión de los protocolos básicos de seguridad y supervisión, o nos enfrentamos a esquemas de corrupción que facilitan la fuga de delincuentes sentenciados.
El reflejo de la fragilidad institucional
La fuga en el Hospital Loayza no es un hecho aislado ni un simple descuido administrativo. Constituye un síntoma directo de la crisis de seguridad e institucionalidad que afecta al país.
Cuando el Estado se muestra incapaz de retener a un condenado por delitos graves en un entorno bajo su control directo, se debilita la confianza de la ciudadanía en la efectividad del sistema de justicia y de las fuerzas del orden.
El respeto a la salud de las personas privadas de su libertad es un mandato legal y humanitario indiscutible. Sin embargo, la atención médica no puede convertirse en un flanco de vulnerabilidad operativa ni en una vía expedita hacia la impunidad.
La ciudadanía no requiere un comunicado más que anuncie sanciones a futuro; exige reformas operativas concretas que garanticen que un traslado hospitalario no equivalga a una orden de libertad en la práctica.
El flanco débil de la militarización penitenciaria
Resulta paradójico que, en un momento en que cinco establecimientos penitenciarios de máxima seguridad permanecen bajo el estricto control de las Fuerzas Armadas para proyectar una imagen de rigor e inexpugnabilidad, el sistema penitenciario se desmorone a la primera salida médica.
La fuga en el Hospital Loayza no es la primera ni la única. En los últimos meses hemos sido testigos de evasiones idénticas en Puente Piedra (donde un secuestrador de Ancón I se esfumó de un centro de salud), Arequipa, Chiclayo y Huánuco.
Todas comparten la misma narrativa: dolores médicos, traslados a nosocomios públicos y una guardia que se evapora.
Las autoridades parecen no comprender que los muros del penal no terminan en la puerta de la celda, sino donde está el recluso. Mientras el Estado presume tanques y uniformes de camuflaje en las rejas de los penales, la puerta trasera de los hospitales sigue abierta de par en par para la impunidad.
Tres conclusiones
- Los traslados hospitalarios son la «puerta trasera» de la impunidad en el Perú
La reiteración de fugas en Lima, Arequipa, Chiclayo y Huánuco evidencia que los nosocomios públicos se han convertido en el flanco más permeable del sistema penitenciario. Los reclusos avezados conocen y explotan esta grieta: basta alegar una afección de salud para ser trasladados a un entorno civil donde los anillos de seguridad se relajan, la vigilancia se vuelve vulnerable y el cumplimiento de las condenas judiciales queda neutralizado en la práctica.
- Existe una contradicción insostenible entre la militarización de los penales y el control externo
El despliegue de las Fuerzas Armadas en los recintos de máxima seguridad resulta ineficaz si la cadena de custodia se fractura fuera del perímetro carcelario. Presumir rigor, tanques y uniformes en la puerta del penal pierde todo valor disuasivo cuando dos agentes en un centro de salud son superados con pasmosa facilidad. La seguridad pública requiere protocolos integrales de custodia externa —como monitoreo en tiempo real, grilletes y resguardo policial coordinado— y no mero efectismo de fachada dentro de los muros.
- El INPE padece de una crisis de fiscalización que erosiona la confianza ciudadana
Las fugas constantes bajo custodia directa de agentes penitenciarios demuestran que las investigaciones posteriores y los comunicados de rutina son insuficientes para resolver el problema de fondo. La incapacidad para prevenir la evasión de sentenciados por delitos graves —ya sea por negligencia inexcusable o por esquemas de corrupción arraigados— profundiza la percepción ciudadana de un Estado débil, incapaz de hacer cumplir la ley y de brindar garantías reales ante la crisis de inseguridad que golpea al país.
