Proyecto del Ejecutivo propone también que al menos el 40 % del profesorado cuente con contrato a tiempo completo en cada carrera
Pedro Sánchez. El Gobierno español anunció el reforzamiento de las exigencias relativas al profesorado de cada titulación universitaria, de forma que «un 50 % de docentes deberá tener título de doctor y un 40 % deberá tener un contrato a tiempo completo».
La iniciativa forma parte de un nuevo real decreto que el Gobierno prepara junto a la CRUE (Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas), documento que «establecerá nuevos requisitos para garantizar que, detrás de cada una de las titulaciones, haya una formación universitaria de calidad», explicó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras su visita al Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), en Madrid, junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.
Pedro Sánchez denunció que en los últimos tiempos «han aparecido universidades con una oferta de calidad cuestionable que se aprovechan de esta situación para hacer negocio», e insistió en que «una universidad no puede ser un chiringuito ni una franquicia expendedora de títulos». Precisó que el Ejecutivo ya endureció el año pasado los requisitos para crear y reconocer nuevas universidades y ahora va a tomar otras medidas con este real decreto.
En primer lugar —explicó—, el Gobierno propondrá reforzar las exigencias relativas al profesorado de cada titulación universitaria, de forma que «un 50 % de docentes deberá tener título de doctor y un 40 % deberá tener un contrato a tiempo completo».
«Con ello, no solo reforzamos la calidad de la enseñanza, sino que luchamos contra la precarización», remarcó. Y, en segundo lugar, «exigiremos la presencialidad allí donde sea necesaria, especialmente en ámbitos como el sanitario».
De esta forma, señaló, se evitará «que algunas universidades privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones y la falta de plazas suficientes en la universidad pública para ampliar masivamente su oferta online, sin garantizar los estándares de calidad y presencialidad».
Pedro Sánchez abogó por «un sistema universitario fuerte: capaz de formar talento, sostener la investigación y abrir caminos que después recorren otros», pero advirtió de que «no son buenos tiempos para el sistema público universitario».
Hizo hincapié en que, en la última década, el número de matriculados en la universidad pública ha crecido apenas un 3 %, mientras en la privada lo ha hecho un 128 %. Algo que también ocurre en los másteres, donde la privada ha multiplicado por tres su número de alumnos y ya supera a los de la pública.
¿Porqué la universidad privada gana terreno a la pública?
A su juicio, si la universidad privada está ganando tanto terreno a la pública es por tres razones principales. La primera, «la infrafinanciación de muchas universidades públicas» como resultado de «decisiones políticas» de los gobiernos de algunas comunidades autónomas, como Madrid o Castilla y León. «Es la obsolescencia programada de lo público: primero se deteriora; después, se reduce su oferta; y finalmente se presenta lo privado como la única alternativa», señaló. «Una estrategia —añadió— que conocemos bien, porque la vemos en otros pilares del Estado del bienestar, como la sanidad pública».
Frente a ello, Pedro Sánchez subrayó que la financiación directa del Estado a las universidades ha aumentado un 78 % desde 2018; las universidades públicas reciben más de 600 millones de euros para proyectos de investigación de la Agencia Estatal de Investigación y se ha puesto en marcha el programa María Goyri para la contratación de profesorado, que transfirió el año pasado más de 100 millones de euros. Asimismo, el Ejecutivo ha destinado casi 1300 millones de euros en becas para el curso 2025-2026, un 42 % más que hace ocho años; ha recuperado las becas Séneca, suprimidas en 2013, y ha elevado la financiación de la UNED hasta los 169 millones de euros.
El jefe del Ejecutivo apuntó que la segunda razón de lo que está ocurriendo con la universidad pública «tiene que ver con la demanda insatisfecha de plazas». De hecho, «en el curso 2024-2025, las universidades públicas presenciales recibieron casi medio millón de solicitudes en primera opción para poco más de 245 000 plazas: casi dos solicitudes por cada plaza». Así, «se crea un círculo vicioso: la falta de plazas públicas empuja a muchos alumnos hacia la privada y después ese crecimiento se presenta como una supuesta preferencia de las familias. Pero una elección forzada por la falta de alternativas no es una elección. Es una coacción. Y una coacción que no garantiza la igualdad de oportunidades», denunció.
Pedro Sánchez aseguró que la respuesta del Gobierno a esta situación es «ampliar la oferta» y, por eso, «dentro del presupuesto extra destinado a la UNED hay una fuerte partida que permitirás crear más de 20 000 nuevas plazas hasta 2029».
La tercera razón —explicó— tiene que ver con la existencia de universidades con una oferta de calidad cuestionable que se dedican a hacer negocio. Por ello, el Gobierno ha endurecido los requisitos para crear y reconocer nuevas universidades y, desde octubre, cualquier nuevo proyecto universitario debe destinar al menos el 5 % de su presupuesto a investigación. Además, los docentes deben acreditar experiencia investigadora en al menos el 60 %.
En opinión del presidente, «un título universitario debe tener valor estudie donde se estudie, lo curse quien lo curse y se venga de la familia de la que se venga» y «nos jugamos que estudiar en España siga abriendo las mismas puertas para todos y todas». «Hay otras opciones que buscan hacer como las aerolíneas low cost: acostumbrarnos poco a poco a que lo básico deje de venir incluido», «convertir lo común en un extra y lo que era una garantía en una mercancía». «Ese modelo low cost no lo queremos para nuestra universidad y para el futuro de la investigación de nuestro país», remarcó.
«No vamos a bajar la guardia y el Gobierno va a luchar para que la Universidad siga siendo uno de los principales motores de la movilidad social, de la igualdad y del futuro, en cuanto a la consolidación y mejora de nuestro sistema democrático», concluyó.
Cinco razones para adoptar la propuesta española en las universidades latinoamericanas y peruanas
- Frenar la proliferación de las universidades «cartón» o «chiringuitos»: Establecer un piso obligatorio del 50 % de doctores impide que instituciones privadas de baja calidad operen únicamente como negocios de emisión de títulos sin respaldo académico real, una problemática persistente en el sistema universitario latinoamericano.
- Dignificar la labor docente frente a la precarización laboral: Exigir un mínimo del 40 % de profesores a tiempo completo combate el modelo del «docente taxi» o por horas. Esto garantiza estabilidad laboral, mayor tiempo de asesoría para los estudiantes y la dedicación exclusiva que exige la vida universitaria.
- Garantizar la producción científica e investigación real: La presencia de doctores con vinculación permanente en cada carrera asegura que la investigación no sea un mero trámite administrativo, sino un pilar estructural financiado con partidas presupuestales concretas (como el 5 % mínimo exigido en España).
- Proteger la presencialidad en carreras críticas: En especialidades de alta exigencia, como las ciencias de la salud, limitar la masificación de programas virtuales de dudosa calidad asegura que los profesionales egresen con las competencias prácticas estrictamente requeridas para el ejercicio profesional.
- Evitar la «devaluación low cost» de los títulos universitarios: Al igual que las aerolíneas de bajo costo cobran cada servicio básico por separado, las universidades comercializadoras reducen exigencias y eliminan laboratorios, docentes cualificados e investigación para abaratarse. Fijar estándares estrictos evita que la educación superior se convierta en una mercancía recortada donde el estudiante paga por un diploma sin contenido, garantizando que el título mantenga su valor real en el mercado laboral y cumpla su función de impulsar la movilidad social.
