La prohibición de la detención incluye también a quienes tienen requisitoria vigente
ERM. Con el objetivo de garantizar el libre ejercicio del derecho al sufragio en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ratificó este viernes que ningún ciudadano capacitado para votar podrá ser detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) el día de los comicios, norma que abarca también las 24 horas previas al acto electoral. La única excepción a esta garantía es la comisión de flagrante delito.
Esta disposición forma parte del protocolo de instrucciones dictado mediante la Resolución Jefatural N.° 000155-2026-JN/ONPE, normativa que establece el marco de actuación de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la PNP para la protección de la libertad personal, la custodia de sedes y el resguardo del material electoral durante los procesos electorales en el país.
Protección especial para miembros de mesa y personeros
Las garantías a la libertad personal se extienden con mayor amplitud a los actores clave del proceso. Según lo estipulado en el artículo 14 de la norma, los miembros de mesa (tanto titulares como suplentes), las autoridades en consulta, los candidatos, los observadores y los personeros de las organizaciones políticas no podrán ser detenidos desde 24 horas antes y hasta 24 horas después de la jornada electoral, salvo en situaciones de flagrancia delictiva.
El mandato busca evitar interferencias o amedrentamientos que puedan poner en riesgo la instalación de las mesas de sufragio o el correcto escrutinio de los votos.
¿La prohibición de la detención incluye también a quienes tienen requisitoria vigente?
Sí incluye. Ellos no podrán ser detenidos por la requisitoria durante esa «ventana electoral».
De acuerdo con el artículo 343 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú, la orden de detención judicial o requisitoria vigente queda suspendida temporalmente para el elector durante el periodo de inmunidad electoral (desde 24 horas antes del proceso hasta el cierre de la jornada).
¿Cómo funciona la inmunidad para un requisitoriado?
- Prevalece el derecho al voto: Salvo que la persona haya sido privada expresamente de sus derechos civiles y de sufragio mediante una sentencia condenatoria firme, su derecho constitucional a votar prevalece temporalmente sobre la orden de captura de un juez. La Policía Nacional no puede ejecutar una requisitoria ni arrestar al ciudadano en el local de votación ni en el trayecto.
- Única excepción (Flagrante Delito): Si el ciudadano con requisitoria comete un nuevo delito en el lugar (por ejemplo, agresión, suplantación de identidad, disturbios o porte ilegal de armas), pierde automáticamente la inmunidad y es detenido de inmediato bajo la figura de flagrancia.
- Estrategia policial («Plan Cerco»): Aunque la PNP no puede detener al requisitoriado mientras se traslada a votar ni dentro del aula de votación, los agentes sí están facultados para identificarlo y esperar a que venza la ventana de protección (o realizar el seguimiento) para ejecutar la captura inmediatamente después de que expire la restricción legal.
Repaso sobre la “inmunidad del elector” para requisitoriados
- Las iniciativas legislativas para eliminar la restricción
Durante los últimos periodos parlamentarios e institucionales, se han presentado iniciativas legislativas enfocadas en modificar los artículos 342 y 343 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE, Ley N° 26859).
- El argumento de los impulsores: Congresistas de bancadas vinculadas a la seguridad ciudadana e incluso la Defensoría del Pueblo sostuvieron que impedir la detención de personas con requisitoria judicial durante las elecciones crea un escenario de «impunidad temporal». Se argumentaba que la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común no debía pausarse por el calendario electoral, estimándose que hay más de 100 000 ciudadanos con requisitoria vigente u orden de captura a nivel nacional.
- La fórmula planteada («Vota y detenido»): La propuesta parlamentaria buscaba habilitar a la Policía Nacional del Perú (PNP) a ejecutar mandatos judiciales de detención el mismo día de los comicios, incorporando una garantía procesal: que la PNP facilitara que el ciudadano primero emitiera su voto en el recinto electoral e, inmediatamente después, se ejecutara la detención al salir del aula o del local.
- Por qué no prosperó
Las iniciativas parlamentarias enfrentaron cuestionamientos y trabas legales que impidieron su aprobación:
- Ponderación Constitucional de Derechos: Constitucionalistas y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordaron que el derecho al voto es de rango constitucional supremo. Permitir la presencia de operativos policiales de captura dentro de los centros de votación podía generar situaciones de coacción, amedrentamiento, confusión o desorden en el flujo de electores.
- Riesgo de persecución y abusos: La inmunidad electoral histórica (normada desde el siglo XX) nació para evitar que fuerzas públicas o gobiernos de turno usaran mandatos de detención preventivos o arbitrarios para impedir el voto de opositores o grupos específicos de ciudadanos el día de las urnas.
- Falta de consensos técnicos y protocolos: Se requería un protocolo articulado entre el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el sistema electoral para evitar que un despliegue de capturas masivas entorpeciera el libre tránsito y la seguridad en los locales de sufragio.
- La solución operativa: El «Plan Cerco» o «Operación Seguimiento»
A pesar de la falta de reforma legal, la Policía Nacional suele aplicar estrategias alternativas que no vulneran la norma:
- Fichaje y seguimiento: Puesto que los padrones de miembros de mesa y padrones electorales son públicos, la PNP cruza la base de datos de requisitoriados del Sistema Informático de la PNP con los locales de votación asignados.
- Detención fuera de la ventana legal: Los agentes identifican discretamente al requisitoriado en el local de votación y realizan un seguimiento mimetizado para proceder con la captura una vez que expire la prohibición legal o en zonas neutrales donde la intervención no vulnere las garantías del sufragio.
Mas sobre el instructivo: Ingreso restringido a los locales de votación
Asimismo, las disposiciones del protocolo de instrucción señalan los límites estrictos para la intervención policial dentro de los recintos electorales. La Policía Nacional solo podrá ingresar a los locales de votación de manera excepcional y únicamente cuando exista un requerimiento expreso del personal de la ONPE asignado al local, de las Fuerzas Armadas o de la autoridad competente.
Con esta reglamentación, el organismo electoral busca asegurar una jornada pacífica y neutral, donde los ciudadanos acudan a las urnas con plena libertad y seguridad.
