La titular del Poder Judicial señaló que espera que la mandataria explique al país el sentido de sus palabras pronunciadas en Nueva York.
Poder Judicial. Desde Ayacucho —escenario emblemático por ser el origen del accionar subversivo de Sendero Luminoso en 1980—, la presidente del Poder Judicial, Janet Tello, aprovechó el I Congreso Internacional de Familia para fijar una postura firme frente a lo que consideró un cuestionamiento injerencista del Poder Ejecutivo en un fuero internacional.
El desencadenante fue el discurso de la presidenta Keiko Fujimori ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde cuestionó de manera implícita la imparcialidad del sistema de justicia:
“Vengo de un país que conoce el alto precio de la paz. Vencimos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido”, expresó en Keiko Fujimori ante la Asamblea Geeneral de las NN.UU.
- El rol del Poder Judicial en la pacificación nacional
Frente a estas declaraciones, Tello rechazó que la magistratura haya actuado de espaldas a la lucha contra la subversión, recordando el costo humano e institucional asumido por los jueces:
- Sanciones ejemplares: Destacó que los tribunales dictaron sentencias severas contra los cabecillas terroristas —incluida la cadena perpetua a Abimael Guzmán, quien falleció en prisión—.
- Jueces caídos: Recordó que magistrados y magistradas también pagaron con su vida el compromiso de juzgar al terrorismo con la severidad que la ley exigía.
- Rechazo a la narrativa de persecución y quiebre de la independencia
La titular de la judicatura enfatizó que los juzgamientos a uniformados responden a denuncias e investigaciones específicas sobre conductas aisladas, garantizando en todo momento el debido proceso:
- Sin persecución ni sesgo: Aclaró que no existe un prejuzgamiento hacia las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional, y que cada causa concluye con una sentencia objetiva, ya sea absolutoria o condenatoria.
- Incumplimiento de la palabra: Tello reprochó que se olvide el compromiso formal asumido por el Ejecutivo el 28 de julio y el 4 de agosto (Día del Juez y de la Jueza) de respetar la separación de poderes y la independencia judicial.
“No le puedo pedir que se retracte porque lo ha hecho a nivel internacional, quizás sí cuando venga acá o explique cuál es el sentido de sus palabras… Nosotros, y en primer lugar yo, respeto el legado de nuestros héroes militares y policiales (…) pero cuando hay denuncias, le toca al Poder Judicial seguir un debido proceso”, sentenció.
Respuesta al título de la nota: ¿Por qué Janet Tello rechaza los señalamientos de Keiko Fujimori ante la ONU?
Janet Tello rechaza de forma categórica lo expresado ante las Naciones Unidas porque considera que constituye una acusación infundada de persecución y un ataque a la reputación institucional de la magistratura.
Para la presidenta del Poder Judicial, el juzgamiento a miembros de las fuerzas del orden no responde a un sesgo o revanchismo, sino a investigaciones formales por hechos puntuales realizados con garantías constitucionales. Asimismo, recriminó el quiebre del compromiso de respeto a la separación de poderes que la jefa de Estado había ratificado públicamente en el fuero nacional.
Temores
- ¿Podrían derivar estos entredichos, Ejecutivo y Judicial, en temas mayores?
Sí. Un enfrentamiento continuado entre el Ejecutivo y el Judicial suele ramificarse en tres frentes críticos:
- Erosión de la institucionalidad y la imagen internacional: Que la Jefa de Estado señale ante la ONU que en el país se vulnera el debido proceso a las Fuerzas Armadas, y que la titular del Poder Judicial le responda acusándola de injerencia, envía una señal de inestabilidad jurídica al exterior. Esto afecta la percepción de seguridad jurídica, insumo clave para la inversión y la diplomacia.
- Judicialización de la política y politización de la justicia: Este tipo de cruces incentiva a que las decisiones de los jueces sobre casos sensibles (derechos humanos, corrupción o actuaciones policiales/militares) sean leídas bajo el prisma del revanchismo o el sesgo político, restándoles legitimidad social.
- Bloqueo en políticas públicas contra la criminalidad: El combate a la delincuencia y la criminalidad organizada exige una coordinación fluida entre el Ministerio del Interior (Ejecutivo), la Policía Nacional y el Poder Judicial. Si la confianza institucional se quiebra en la cima, la articulación operativa en el territorio se vuelve ineficiente.
- ¿Cuál debe ser el papel del Poder Legislativo ante esta fricción?
Como el tercer pilar del poder público, el Congreso tiene un rol de equilibrio y contención constitucional. En un escenario de alta tensión entre el Ejecutivo y el Judicial, sus funciones principales deben orientarse a:
- Mediador institucional y garante del equilibrio
- Promover el diálogo interinstitucional: El Congreso, a través de la Mesa Directiva o de comisiones clave (como la Comisión de Justicia), puede convocar o propiciar espacios de coordinación técnica y respetuosa entre las cabezas de las instituciones, enfriando la confrontación mediática.
- Evitar exacerbar el conflicto: Su rol no debe ser el de tomar partido para azuzar el choque, sino el de recordar a ambas autoridades los límites constitucionales de sus atribuciones.
- Respeto y fiscalización de la separación de poderes
- Defensa de la independencia judicial: Le corresponde al Legislativo velar por que ningún fuero interfiera en el fuero jurisdiccional autónomo del Poder Judicial.
- Control político responsable: Si existen cuestionamientos legítimos sobre la eficacia de los juzgamientos o el debido proceso, el Parlamento debe encauzarlos mediante vías institucionales (informes de gestión, debates de leyes orgánicas, presupuestos) y no mediante ataques reputacionales generalizados.
- Marco legal claro (Producción legislativa)
- Mucha de la tensión respecto al juzgamiento de militares y policías radica en interpretaciones sobre tipos penales, prescripción o leyes de amnistía/protección. El Congreso tiene la tarea de legislar con precisión técnica para dar predictibilidad tanto a las Fuerzas Armadas como a los jueces, evitando normativas ambiguas que luego generen choque de criterios entre la judicatura y el gobierno.
En suma, ante el choque entre el Ejecutivo y el Judicial, el Poder Legislativo debe actuar como un factor de contención y no de combustión, garantizando que las discrepancias entre las máximas autoridades del país se resuelvan dentro del marco de la Constitución y no en la tribuna mediática.
