El Ejecutivo confirmó este sábado su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional en un intento de revertir los efectos de la ley aprobada por insistencia que obliga a discutir en el foro parlamentario toda reforma constitucional antes de ser sometida a un referéndum, lo que en la práctica frena la intención del Gobierno de Pedro Castillo de cumplir su promesa de campaña de convocar a una Asamblea Constituyente previa consulta vía referéndum.
En un comunicado oficial, la PCM señala que “El Poder Ejecutivo presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pues consideramos que la referida norma vulnera el derecho fundamental de participación política directa de la ciudadanía reconocido en el artículo 31 de la Constitución y en al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al restringir arbitrariamente la realización del referéndum y condicionar que la consulta popular sea aprobada previamente por el Congreso”.
Agrega que “Resulta inconcebible que en una democracia se desconozca el derecho de los y las ciudadanas a decidir de manera directa sobre los diferentes ámbitos de la sociedad, no solo porque es una manifestación directa de la dignidad humana, sino, porque es garantía para el ejercicio de otros derechos fundamentales”.
En el documento el Gobierno igualmente deplora que el Congreso no haya realizado un “debate amplio de esta norma, con opiniones técnicas y, sobre todo, permitiendo la participación ciudadana, pues recorta un derecho como el referéndum”.
