José Domingo Pérez Gómez, titular del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial, declaró que la Fiscalía de la que forma parte está a favor de que se cumpla la orden judicial para que el expresidente Alejandro Toledo sea recluido en un establecimiento penitenciario.
Adelantó que se opondrá a un eventual pedido de detención domiciliaria a aplicarse una vez que el exmandatario llegue a territorio peruano.
Indicó que de concretarse esa solicitud se confrontarán y contradirán los argumentos al respecto.
La Fiscalía acusa a Toledo de colusion y lavado de activos y ha pedido 20 años y seis meses de prisión.
El pedido de Toledo
En declaraciones a la agencia EFE horas antes de ponerse a disposición de las autoridades norteamericanas con fines de extradición, Alejandro Toledo hizo un pedido público al titular de la acción penal en el proceso abierto en su contra:
“Que me den un arresto domiciliario o una situación similar a la que tiene ahora el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, no puede viajar. Yo no me voy a escapar nunca, porque si lo haría estoy admitiendo que he participado en algo ilícito […] yo pido solo que en mi casa me den un arresto domiciliario”.
La posición de la Fiscalía
“Nos vamos a oponer, porque se tiene que cumplir el mandato del juez de internamiento en un establecimiento penitenciario”, recalcó el fiscal P{eres Gómez.
Asimismo, Pérez informó haber solicitado formalmente que el titular del equipo especial de fiscales para el caso Lava Jato, Rafael Vela, viaje a California, Estados Unidos, para “asegurar el debido traslado” de Toledo, luego de que este se entregó hoy a las autoridades.
“He considerado la necesidad de que vayan fiscales que puedan asegurar el debido traslado que van a realizar las autoridades peruanas que serán encomendadas, para una adecuada y correspondiente actuación”, expresó.
Sustentó acusación penal
Pérez hizo estas declaraciones a la prensa tras la audiencia judicial de control de acusación contra Toledo y otras seis personas por el caso de la carretera Interoceánica, en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, a cargo de Richard Concepción.
Allí, el fiscal sustentó su pedido de una pena de 20 años y seis meses de prisión para el expresidente, por los delitos de lavado de activos y colusión, cometidos presuntamente al recibir pagos ascendentes a 35 millones de dólares por parte de constructoras brasileñas para obtener la concesión de la carretera Interoceánica Sur.
Precisó que la acusación sobre este tema fue planteada por la fiscalía en agosto del 2020, pero por lo que calificó de una “actuación dilatoria de las defensas” de los implicados recién este año se han podido retomar las audiencias correspondientes.