Flota la pregunta: ¿Es la estrategia del miedo una herramienta legítima para salvaguardar la democracia?
MEF. El Ministerio de Economía y Finanzas, por intermedio del viceministro de Hacienda, Armando Calderón, desestimó las declaraciones de los máximos representantes del sistema electoral, encabezados por Roberto Burneo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes advirtieron que la falta de presupuesto pone en riesgo la realización de las próximas elecciones regionales y municipales del 4 de octubre.
A menos de tres meses de la jornada electoral, el titular del JNE, Roberto Burneo, lanzó una severa advertencia al revelar que el sistema electoral enfrenta un déficit de S/589,52 millones, monto que calificó como «indispensable» para organizar los comicios.
Según Burneo, de no asignarse estos recursos en el corto plazo, podría ser necesario evaluar una prórroga del mandato de las actuales autoridades regionales y locales, una medida excepcional que devendría en anticonstitucional que alteraría el cronograma democrático.
La jefa del Reniec, Carmen Velarde, se sumó a la narrativa negativa al señalar que la falta de recursos paralizaría la emisión del DNI electrónico desde septiembre, dejando a cerca de 30.000 ciudadanos sin identificación para votar y acceder a programas sociales y servicios bancarios.
La respuesta del MEF: Las elecciones están garantizadas
Frente a estas declaraciones, el MEF ratificó a través de un comunicado oficial y vocería técnica que el desarrollo del proceso electoral está asegurado. El viceministro de Hacienda, Armando Calderón Valenzuela, subrayó que los organismos electorales aún cuentan con un saldo presupuestal significativo.
«El presupuesto asignado al JNE en 2026 fue de S/563 millones y, hasta el momento, han ejecutado S/305 millones; es decir, tienen un saldo de S/258 millones para continuar con los procesos», declaró Calderón a TV Perú.
Asimismo, el funcionario detalló que el presupuesto total asignado al sistema electoral este año es de S/2.271 millones, del cual aún restan por ejecutar S/1.085 millones.
El viceministro precisó que el Gobierno ha priorizado este proceso mediante dos vías concretas:
- Créditos suplementarios: El dictamen que será debatido próximamente en la Comisión Permanente del Congreso contempla S/325 millones adicionales para asegurar el flujo de recursos.
- Reserva de contingencia: El Ejecutivo ha asegurado que, de persistir cualquier déficit debidamente sustentado, se autorizará el uso de la reserva de contingencia para cubrir cualquier brecha remanente.
Compromiso con la autonomía
El MEF reafirmó su compromiso con el desarrollo normal de las elecciones y la transferencia democrática del poder, señalando que los recursos seguirán asignándose bajo criterios técnicos objetivos.
La entidad ha mantenido una coordinación permanente con los equipos técnicos del JNE, ONPE y Reniec para evaluar y atender las necesidades reales del cronograma electoral.
«El Gobierno reafirma su compromiso con el adecuado desarrollo del proceso electoral, garantizando el uso responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos», concluyó la cartera ministerial.
¿Burneo tenía necesidad de hacer esta declaración?
La decisión de Roberto Burneo de recurrir a los medios con un mensaje de «riesgo de democracia» y «prórroga de autoridades» —términos altamente sensibles en la coyuntura política peruana— tiene varias lecturas posibles sobre el porqué de esta táctica:
- El agotamiento de los canales diplomáticos, normalmente la vía institucional privada suele ser el primer paso. El propio Burneo admitió que desde noviembre de 2025 han sostenido reuniones constantes con el Ejecutivo sin una «respuesta definitiva». En la burocracia estatal peruana, cuando las mesas de trabajo técnicas se estancan o caen en el «peloteo» administrativo, los titulares de organismos autónomos a menudo sienten que han perdido el control del timing electoral.
La confeencia de prensa se convierte entonces en un «grito de auxilio» cuando el funcionario percibe que el Ejecutivo no le está dando prioridad en su agenda política.
- La creación de un «candado de responsabilidad» Al hacer pública la cifra del déficit y advertir sobre posibles prórrogas de mandato, Burneo está trasladando la carga de la prueba (y el costo político) hacia el MEF y el Ejecutivo:
- Si el proceso falla: Él ya dejó constancia de que fue por falta de dinero, blindándose ante futuras críticas o denuncias por una mala organización.
- Si los recursos aparecen: La presión mediática habrá funcionado como un catalizador, obligando al Congreso o al MEF a liberar la partida presupuestaria rápidamente para evitar el costo de imagen de ser los «saboteadores de la democracia».
- La fragilidad de la autonomía electoral En el Perú, la narrativa sobre la «desestabilización» es un tema que genera alta sensibilidad. El JNE sabe que, para el Gobierno y el Congreso, el costo político de verse asociados a una suspensión de elecciones o a una prórroga de mandatos (que sería vista como un intento de permanencia en el poder) es altísimo.
Usar el «lenguaje del miedo» es, en esencia, una medida de presión política para forzar una decisión ejecutiva que, por la vía técnica, no ha logrado destrabar.
- El factor «Reniec» y la presión social La incorporación de Carmen Velarde (Reniec) en la conferencia no es casual. Incluir el tema del DNI y los programas sociales (Pensión 65, SIS) eleva el conflicto de un nivel meramente administrativo (pago a proveedores de la ONPE) a un nivel de impacto social directo. Es mucho más difícil para el Ejecutivo justificar el recorte presupuestal si el argumento es que «se le quitará la identidad a 30,000 peruanos» o se les impedirá el acceso a programas sociales, lo cual es mucho más digerible para la opinión pública que hablar de un déficit contable.
¿Era mejor una reunión privada? Desde un punto de vista técnico-administrativo, sí. La prudencia suele ser la mejor aliada en la gestión de fondos públicos. Sin embargo, en el tablero político peruano actual, el silencio es a menudo interpretado como aceptación de la situación. Es probable que Burneo haya calculado que, tras meses de gestiones infructuosas, la única forma de mover el presupuesto era a través de la exposición pública, convirtiendo el problema en un tema de agenda nacional que el Ejecutivo ya no puede ignorar.
Pero, queda en este caso la pregunta: ¿la estrategia del miedo es una herramienta legítima para salvaguardar la democracia o si, por el contrario, contribuye a la desconfianza ciudadana en las instituciones al sugerir que el sistema electoral es tan frágil que depende de un «presupuesto de última hora»?
En realidad, el uso del miedo es una herramienta de «doble filo»: logra el objetivo táctico de forzar al Ejecutivo a desembolsar el dinero, pero lo hace al costo de sembrar dudas sobre la solidez de las instituciones.
