A su criterio, no habría ningún problema de gobernabilidad en caso la próxima presidente decida indultarlo como parte del diálogo con la oposición
Pedro Castillo. Parecería que en las próximas tres semanas la situación del expresidente destituido por un intento de golpe de Estado, razón por la que purga condena en el Penal de Barbadillo, no cambiará. Y seguirá en prisión. El presidente José María Balcázar, por sus declaraciones formuladas a una emisora de alcance nacional, habría decidido no insistir en la concesión del indulto o gracia presidencial y tiró la pelota a la próxima presidente para que tome la decisión sobre el caso, bajo el argumento de “qué problema habría para que Keiko Fujimori gobierne con Castillo indultado”.
La posición de José María Balcázar ha dado un giro que, si bien puede ser interpretado como una retirada táctica en la recta final de su mandato, abre un debate político de mayor calado. Durante su entrevista en radio “Exitosa”, el mandatario fue enfático al señalar que, aunque reconoce haber recibido presiones y reclamos en sus viajes por el interior del país —donde diversos sectores de la población exigen la liberación del expresidente Castillo—, los cauces legales actuales no permiten una maniobra de esa naturaleza antes de que termine su gestión.
Balcázar explicó con detalle técnico por qué su administración se encuentra atada de manos: «Yo les dije que había un indulto; les expliqué incluso qué cosa se trataba de un indulto de carácter constitucional, que no cumplía el requisito porque efectivamente no teníamos una sentencia consentida y ejecutoriada; y el indulto humanitario, que requiere de un estado especial de emergencia de salud». Con estas palabras, el presidente no solo cerró la puerta a una acción inmediata, sino que subrayó el respeto a la legalidad vigente, despejando los rumores de una decisión precipitada.
El peso de la decisión hacia la sucesión
Sin embargo, lo más llamativo de su intervención no fue la negativa, sino la proyección de la responsabilidad hacia el futuro gobierno. Al ser consultado sobre si planea otorgar la gracia presidencial en el lapso de los 21 días que le restan en el cargo, su respuesta fue tajante: esperará a que el escenario político se asiente tras la transferencia de mando. Balcázar reconoce que, si bien la facultad es presidencial, esta debe tener un sustento jurídico sólido, algo que, a su juicio, no se puede forzar en la etapa terminal de una administración.
El foco de su reflexión se trasladó entonces hacia la figura de Keiko Fujimori. Balcázar sugirió que el indulto, más que una cuestión meramente jurídica o humanitaria, debe entenderse en el marco de la «gobernabilidad». Según el mandatario, el país atraviesa un momento crucial que requiere «tender puentes». A su entender, la nueva presidenta debería considerar el diálogo con la oposición y diversos sectores sociales como la única vía para legitimar su gestión en un contexto de evidente descontento popular.
Gobernabilidad y el «fantasma» de Castillo
«¿Qué problema habría finalmente para gobernar con Castillo indultado? Ningún problema», sentenció Balcázar, planteando un desafío político para quien asumirá el sillón de Pizarro. Para el actual presidente, el miedo a la figura de un Castillo libre es, quizás, una construcción que no debería impedir la reconciliación nacional. En su análisis, el verdadero desafío de la próxima jefa de Estado no es la libertad de un individuo, sino su capacidad de gestión y su relación con el sur del país.
Balcázar aprovechó la oportunidad para enfatizar que la desazón en regiones como Juliaca o Cusco no es un síntoma de radicalismo comunista, sino una legítima expresión democrática contra el autoritarismo. «La gente espera diálogo, está cansada de autoritarismo, no solamente acá, sino en el mundo», sostuvo. Para el mandatario, la receta para la gobernabilidad es clara: destrabar proyectos como el Gas del Sur, ejecutar programas sociales efectivos y, sobre todo, conversar directamente con el pueblo.
En este tablero, el indulto aparece como una pieza política que, eventualmente, la nueva administración podría verse obligada a mover. Balcázar deja claro que, si en ese camino de búsqueda de consensos se vuelve necesario tocar el caso de Pedro Castillo, será el nuevo gobierno el que deba «sopesarlo». La pelota, por tanto, ya no está en su tejado. En los próximos días, el país observará si el mensaje de Balcázar —un llamado a la pragmática política por encima de las trincheras ideológicas— es tomado en cuenta por la próxima administración o si, por el contrario, la situación de Barbadillo se mantiene como una piedra angular de la polarización política peruana. Por ahora, el presidente se retira, dejando una hoja de ruta marcada por la negociación y el desafío a los miedos tradicionales de la clase política.
