Deep fakes: el anuncio no detalla en que consiste la sanción penal
Deep fakes. España anunció este martes la adaptación del marco legal frente a nuevas modalidades delictivas, como la modificación del Código Penal para poder sancionar, incluso desde el punto de vista penal, las conductas inapropiadas que se producen en el entorno digital.
Igualmente el Gobierno de Pedro Sánchez informó del inicio de la segunda edición del programa Verano Joven, una iniciativa destinada a facilitar que los jóvenes de entre 18 y 30 años viajen en transporte público por España y el resto de Europa. Habrá un descuento del 90% en el precio de los billetes de los servicios de autobús regular.
Los detalles
Le futura ley comentada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros español tipifica como delitos los ‘deep fakes pornográficos’, es decir, la difusión de imágenes o audios que puedan parecer reales, pero han sido generadas por inteligencia artificial u otras tecnologías y simulan situaciones de contenido sexual o vejatorias, sin autorización del afectado. También tipifica como delitos el «grooming» o engaño a menores en línea y la difusión de material pornográfico a menores.
El texto regula asimismo el alejamiento online para que los agresores condenados no puedan contactar con la víctima por medios digitales.
Conferencia de prensa del Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa (Captura: La Moncloa).Conferencia de prensa del Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa (Captura: La Moncloa).
Obligaciones para las empresas del sector tecnológico
El ministro ha recordado que el presidente del Gobierno se reunió el 4 de marzo con las principales empresas tecnológicas que operan en España y les propuso colaborar en la aplicación de medidas para proteger a los menores en el entorno digital.
Así, la futura ley establece que los fabricantes deberán asegurar que los dispositivos digitales cuenten con control parental activado por defecto y con un etiquetado informativo sobre sus riesgos. Del mismo modo, tendrán que implementar sistemas de verificación de edad efectivos.
Félix Bolaños ha añadido que las plataformas de intercambio de videos deberán tener un enlace directo al canal de denuncias y a los sistemas de control parental accesibles para cualquier usuario. La norma prohíbe el acceso de los menores de edad a mecanismos aleatorios de recompensas de pago en videojuegos y plataformas (loot boxes) y obliga a los ‘influencers’ a sumarse a las medidas de protección a menores. Además, eleva de 14 a 16 años la edad mínima a la que se pueda dar consentimiento al tratamiento de datos personales.
El ministro ha concluido señalando que España quiere liderar el debate en la Unión Europea sobre esta materia y aboga por lograr una regulación homogénea en todos los países.
Fiscalidad empresarial más justa
El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes el proyecto de ley para trasponer la directiva europea que garantiza una imposición mínima global del 15% para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión Europea. El texto cumple con el acuerdo que se alcanzó en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -ratificado ya por más de un centenar de países– para luchar contra el traslado de los beneficios de los grandes grupos multinacionales a lugares de menor fiscalidad.
«Se trata de avanzar hacia un orden fiscal internacional más justo, a ser posible armonizado, basado en la idea que siempre ha defendido este Gobierno: que quien más gana, más debe contribuir al conjunto de la sociedad», ha señalado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La vicepresidenta ha destacado la importancia de la justicia fiscal como base para el desarrollo de la justicia social y el Estado del bienestar, así como la necesidad de la cooperación internacional para lograr avances en un mundo cada vez más globalizado.
España lideró, en el marco de la OCDE, los trabajos preparatorios para adoptar medidas contra la «planificación fiscal agresiva» de las grandes compañías y ha sido un actor relevante en la consecución del mayor consenso posible. La responsable de Hacienda ha subrayado también que España puso en marcha de manera pionera algunas de esas políticas fiscales, como el tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para grandes empresas establecido en el año 2022.
En esa misma línea, Montero ha citado los gravámenes a grandes empresas de determinados servicios digitales, sobre transacciones financieras y a las energéticas y los bancos con beneficios récord por el aumento de los precios de la energía y de los tipos de interés. La recaudación obtenida con esas figuras fiscales ha posibilitado, a su vez, rebajar el IVA de la energía y de los alimentos básicos, que tienen más peso en el consumo de los colectivos vulnerables. «Recaudamos por una parte y dejamos de recaudar en la que afecta a la gran mayoría de la población», ha dicho Montero, que ha descrito la política fiscal del Ejecutivo como «responsable» y basada en los acuerdos y las recomendaciones internacionales.
El proyecto de ley establece un tipo mínimo global impositivo para grupos empresariales multinacionales o grupos nacionales de gran magnitud cuya cifra de negocio supere los 750 millones de euros. La norma persigue evitar que las empresas desplacen beneficios a territorios de baja o nula tributación, algo que perjudica a los ingresos de los Estados miembros y conduce a una espiral en la que los países se ven obligados a reducir sus tipos del Impuesto de Sociedades para atraer inversiones, según ha explicado Montero.
La Directiva recoge que los Estados podrán aplicar un impuesto complementario que grave a las multinacionales o grandes grupos nacionales que radiquen en su territorio y no alcancen una tributación mínima del 15% en su jurisdicción. Tras la aprobación del proyecto de ley, España aplicará ese impuesto, que puede adoptar diferentes configuraciones, complementarias entre sí.
La vicepresidenta primera ha detallado que, según las estimaciones de la Agencia Tributaria, la norma afectaría a un total de 126 grupos con matriz española y a 707 grupos multinacionales con matriz extranjera y filiales españolas. Respecto a la recaudación que Hacienda prevé obtener con la trasposición, María Jesús Montero ha explicado que dependerá de cómo adapte la directiva cada país de la UE. La ministra ha señalado que lo previsible es «que todo el mundo intente hacer su propia recaudación del 15% y que no caiga en manos de otros países».
Segunda edición del programa Verano Joven
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar PuenteEl ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
El Consejo de Ministros ha activado la segunda edición del programa Verano Joven, una iniciativa destinada a facilitar que los jóvenes de entre 18 y 30 años viajen en transporte público por España y el resto de Europa. Los beneficiarios disfrutarán de descuentos en el precio de los billetes sencillos o de ida y vuelta en viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2024.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha ligado esta nueva convocatoria al éxito que alcanzó la del año pasado: 1,13 millones de jóvenes realizaron 4 millones de viajes por España y, además, se registraron 16.134 Pases Interrail para viajar por toda Europa. De este modo, el programa cumplió los grandes objetivos para los que se diseñó: facilitar los desplazamientos estivales a los jóvenes, sobre todo a aquellos con una capacidad económica menor; fomentar el uso del transporte público -en particular, del ferrocarril- en ese segmento de la población, y potenciar los destinos turísticos y culturales nacionales, particularmente los de la España rural.
«Viajar es, probablemente, una de las aportaciones que más puede enriquecer a una persona que está formándose», ha señalado el ministro. «La juventud, por tanto, es una de nuestras prioridades como gobierno y está en el centro de muchas de las políticas que hemos puesto en marcha», ha dicho Puente, quien ha recordado que el programa se tramita a través de un Real Decreto-ley y, por tanto, «esta medida que hoy nace en el Consejo de Ministros podrá hacerse suya por parte de todos los grupos parlamentarios» que lo convaliden. (Fuente: Palacio de La Moncloa).
