Alejandro Soto. “Si bien la acción penal en este caso fue declarada prescrita, este hecho no impide que el juez de la causa se pronuncie sobre la reparación civil por haber generado menoscabo a la parte agraviada por las conductas ilícitas atribuidas a la parte imputada”.
Esta es a decisión del Tercer Juzgado Penal Unipersonal- sede Cusco, de la Corte Superior de Cusco, a cargo de la jueza Yeny Olivares Tapia para mandar a juicio oral al presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes a fin de determinar el pago de la reparación civil que reclama la empresa Waynapicchu S. A. en el proceso donde el titular del Parlamento fue investigado por presunta estafa.
De acuerdo a la resolución de la jueza, la discusión de este tema debe darse para establecer el monto de la reparación civil en audiencia y respetando el debido proceso y garantizando el derecho a la defensa de las partes procesales.
La compañía agraviada reclama una reparación de más de un millón de soles.
Además de Soto Reyes, comparecerán al juicio oral los procesados Mario Sequeiros Fajardo, Dante Flores Medina, Juan José Durand Gonzales, José Quente Escalante y Marco Cuenta Escalante.
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La audiencia ha sido fijada para el 13 de marzo del 2024 a las 09.00 horas en la tercera sala de audiencias del módulo penal.
Alejandrio Soto: el caso
Transportes Turísticos Waynapicchu solicitó la reparación civil luego del fallo judicial a favor del presidente del Legislativo con el archivo del proceso penal por estafa, gracias a la ley de prescripción del delito.
La empresa sostiene que el Consejo Directivo de Transportes WaynaPicchu que autorizó la compra del terreno a la comunidad campesina desconocía hasta aquel día la verdadera identidad del vendedor (Alejandro Soto) a quien se le giró en dos cheques el monto de la compra: US$200.000 el 26 de noviembre y US$ 65.000 el 24 de diciembre. Dicha información fue descubierta gracias a una auditoria.
El último fin de semana el diaria La República publicó la fotografía de los cheques que comprobarían la transferencia realizada a las cuentas de Alejandro Soto, los cuales prueban que él mismo los recibió, tal como acreditan sus firmas y huellas digitales.
Estos documentos fueron entregados por la empresa Transportes Wayna Picchu al juez Carlos Román Gil a fin de obtener el pago por reparación civil por daños y perjuicios contra el vendedor.
Primer cheque por US$200.000 del 26 de noviembre que probaría la estafa de Alejandro Soto contra Transportes Wayna Picchu. Foto: La República.
Primer cheque por US$200.000 del 26 de noviembre que probaría la estafa de Alejandro Soto contra Transportes Wayna Picchu. Foto: La República.
Segundo cheque por US$ 65.000 del 24 de diciembre que probaría la estafa de Alejandro Soto contra Transportes Wayna Picchu. Foto: La República.
Segundo cheque por US$ 65.000 del 24 de diciembre que probaría la estafa de Alejandro Soto contra Transportes Wayna Picchu. Foto: La República.
Alejandro Soto: Inmueble adquirido por US$252.000
¿Qué hizo Alejandro Soto con el dinero que recibió?
Se presume que el actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso compró un lujoso inmueble valorizado en US$252.000 en el distrito cuzqueño de San Jerónimo, en el 2015. El dinero depositado para esta compra habría sido producto de la venta fraudulenta que realizó a Transportes Wayna Picchu debido a que en la partida registral a la que accedió La República, no se consigna que el espacio se haya pagado a través de una hipoteca.
¿Qué acciones ha tomado Alejandro Soto en este caso?
Alejandro Soto no se salvará de juicio oral para fijar el pago de reparación civil a la empresa Waynapicchu (Foto: Congreso de la República).
En su argumento de autodefensa, Alejandro Soto ha comunicado que la compañía no le presentó la reclamación por la adquisición del terreno hasta pasados 5 años, y efectivamente esto ocurrió, ya que fue en el año 2017 cuando Transportes Wayna Picchu identificó el asunto que el congresista realizó en colaboración con otros miembros de la organización.
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La fiscal Etel Marquina Rodríguez corroboró los hechos presentados por la empresa agraviada y solicitó una sentencia de 8 años y 8 meses de prisión para Alejandro Soto, por el presunto delito de estafa y falsedad genérica.
Soto Reyes logró extender la fecha de la sentencia del juicio hasta el 21 de julio, mientras, trabajaba en el Congreso para introducir en la agenda del Pleno el debate sobre la aprobación de una ley de prescripción que podría eximirlo de una condena de prisión.
Con su voto a favor en el Hemiciclo, el Ejecutivo promulgó la Ley N°31751. El 14 de julio, Soto solicitó acogerse a esta ley para archivar la acusación en su contra.
