Casa del Padre: Cuando el deber tutelar es ejercido en un momento inadecuado
Casa del Padre, La reciente incursión de la Fiscalía de la Nación y el Ministerio de la Mujer (MIMP) en el albergue «La Casa del Padre», fundada por la congresista reeleccionista Milagros Jáuregui de Aguayo, de Renovación Popular, ha puesto sobre la mesa una interrogante crítica: ¿Busca el Estado realmente la protección de las menores albergadas o estamos ante un uso estratégico de las instituciones en plena campaña electoral ?
El contexto
A la fecha actual, el centro se encuentra bajo una investigación de la Fiscalía y supervisión del MIMP debido a:
- Exposición de menores: Se difundieron imágenes de las niñas y sus bebés en eventos públicos de la iglesia, lo cual vulnera la ley de protección de datos y la privacidad de víctimas de violencia.
- Cuestionamientos éticos: Organizaciones de derechos humanos acusan al centro de «inducir» o forzar a menores a la maternidad infantil, limitando su acceso a opciones legales como el aborto terapéutico.
- Alertas de desaparición: según versión de periodistas que conducen espacios de televisión, se han reportado casos de adolescentes que escaparon del albergue denunciando malos tratos por parte de los tutores.
El análisis
Si bien el fundamento legal se basa en la salvaguarda de la imagen y privacidad de las menores —un deber irrenunciable según el Código de los Niños y Adolescentes—, la ejecución del operativo en el momentos que los candidatos de los 38 partidos políticos participantes en el proceso electoral buscan el voto de sus electores, ha despertado serias dudas sobre su neutralidad.
El factor político: Milagros Jáuregui en la mira
Resulta difícil ignorar que el objetivo mediático de esta intervención es la parlamentaria y candidata al Senado, Milagros Jáuregui de Aguayo. A pesar de ser ajena a la publicación directa de las fotografías cuestionadas, el sistema parece haber trasladado una responsabilidad administrativa hacia su figura pública.
Este escenario sugiere un «golpe publicitario» diseñado para socavar su base electoral en un momento decisivo. La rapidez y espectacularidad del operativo, del Ministerio Público primero y luego del Ministerio de la Mujer, contrastan con la lentitud estatal en otros casos de vulneración de menores, alimentando la tesis de una persecución dirigida.
El estigma contra la fe evangélica
La nota no puede obviar el sesgo religioso. Al atacar a «La Casa del Padre», se ha pretendido generalizar un juicio negativo hacia toda la comunidad cristiana evangélica peruana que no es única, como lo es la Iglesia Católica, la Iglesia Adventista, los Testigos de Jehová, Los Mormones, entre otros,
- La falacia de la generalización: Se ignora deliberadamente que el pueblo evangélico es un mosaico diverso de denominaciones (bautistas, pentecostales, presbiterianas, metodistas, Asamblea de Dios del Peru, Alianza Cristiana y Misionera, libres y más), intentando presentar una fe plural como un bloque cuestionable.
- Doble rasero: Mientras se fiscaliza con rigor extremo a las instituciones de base cristiana, otros sectores con agendas ideológicas opuestas que muchos llaman proaborto, promuerte y otras calificaciones, gozan de una permisividad mediática y estatal evidente.
Un precedente peligroso
Cuando las instituciones destinadas a proteger a los más vulnerables se utilizan como herramientas de desgaste político, la verdadera perjudicada es la democracia. El caso de «La Casa del Padre» exige una distinción clara: la fiscalización debe ser técnica y reservada, no un espectáculo para alimentar titulares que buscan dañar honras y creencias en vísperas de elecciones.
No es eficiencia, máximo cuando no hay flagrancia (para el Ministerio Público), irrumpir abruptamente al espacio asignado al albergue con el pretexto de verificar el cumplimiento de obligaciones legales con la protección de la identidad, dignidad, privacidad y desarrollo integral de niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Tampoco es una decisión correcta que de la noche a la mañana, funcionarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables anuncien, luego de visitar el Centro de Acogida Residencial ubicado en Cieneguilla anunciar el inicio de los procedimientos de variación de la medida de protección de las residentes y, en consecuencia, su traslado progresivo, a otros centros especializados.
La Casa del Padre
Es un Centro de Acogida privado, fundado por la actual congresista Milagros Jáuregui de Aguayo y su esposo, el pastor Guillermo Aguayo. Por encontrarse ella en funciones, la institución está actualmente en manos de un directorio.
A diferencia de otros centros con nombres similares, este tiene una identidad fuertemente vinculada a la iglesia cristiana evangélica.
¿Qué es y cuál es su objetivo?
Se define como un hogar refugio especializado en la atención de niñas y adolescentes (generalmente entre 10 y 13 años) que han quedado embarazadas producto de una violación sexual.
- Su enfoque es «provida» extremo: la institución busca que las menores continúen con el embarazo y críen a sus hijos, bajo la premisa religiosa de la fundadora de que «ninguna se arrepiente de dar a luz».
- Funciona también como parte de la estructura de la Iglesia La Casa del Padre, liderada por los esposos Aguayo.
¿Desde cuándo funciona?
Aunque la iglesia tiene más tiempo, la congresista Jáuregui ha declarado que el centro de acogida específico para menores embarazadas abrió sus puertas hace aproximadamente 10 años (alrededor de 2015-2016).
¿Cómo se financia?
El financiamiento es principalmente privado y religioso:
- Donaciones de la congregación: Se sostiene a través de los diezmos y ofrendas de la Iglesia La Casa del Padre.
- Eventos y campañas: Realizan actividades de recaudación de fondos y reciben apoyo de organizaciones civiles alineadas con su postura ideológica.
- Supervisión estatal: Aunque es privado, recibe derivaciones de casos por parte del Estado, lo que implica que deben cumplir con ciertos estándares para mantener su licencia de funcionamiento ante el Min isterio de la Mujer (MIMP).
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¿Cómo llegan las niñas allí?
Las menores llegan principalmente por dos vías:
- Derivación estatal: El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) o la Unidad de Protección Especial (UPE) remiten a menores en situación de abandono o riesgo extremo cuando no hay cupos en centros estatales.
- Casos directos: Situaciones de extrema pobreza o vulnerabilidad donde la familia busca ayuda tras una agresión sexual, bajo el asesoramiento de la red de la iglesia.
Comentario final
De manera que estamos ante un caso de «responsabilidad política trasladada«:
- A la congresista: Se le ataca por ser la cabeza visible, aunque sea ajena al acto digital.
- A los evangélicos: Se les mete en el mismo saco por un sesgo de confirmación, donde el error de uno se usa para juzgar la fe de millones.
Casa del Padre: ¿Protección a la infancia o instrumentalización política? https://t.co/tPbBD3ikWM a través de @Agenda País
— agendapais.com (@agendapais2014) February 13, 2026
