Asegura que en el cómputo tendría 500 mil sufragios más que Fujimori de no haber sido víctima de un robo de votos
Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, adoptó una postura de insurgencia política tras los comicios del domingo, declarándose en abierta rebeldía contra el sistema electoral peruano. El candidato afirmó que no aceptará los resultados oficiales, calificando el proceso como una «porquería» herida de muerte por el fraude.
El factor de los «500 mil votos robados»
El núcleo de la denuncia de López Aliaga radica en un cálculo propio sobre la participación ciudadana y el retraso en la apertura de mesas:
- Cómputo paralelo: Asegura que existe un universo de 1.6 millones de electores que no pudieron sufragar debido a que el material electoral llegó después de las 2:00 p.m.
- Ventaja sobre Fujimori: El candidato sostiene que, de haberse realizado una jornada normal, al menos el 30% de esos votos habrían sido para su partido.
- La cifra del reclamo: Afirma que le han «robado» 500,000 sufragios, cantidad con la cual —según sus palabras— estaría «largamente por encima» de Keiko Fujimori, desplazándola del cómputo y asegurando su propio pase a la segunda vuelta en primer lugar.
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El núcleo de la denuncia de López Aliaga radica en un cálculo propio sobre la participación ciudadana y el retraso en la apertura de mesas:(Foto: Facebook).
Ultimátum al JNE y expulsión de observadores
Exigencias radicales
López Aliaga ha escalado la tensión política mediante una serie de exigencias, entre ellas:
- Plazo de 24 horas: Otorgó un ultimátum al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para declarar la nulidad absoluta del proceso.
- Nuevas elecciones: Exige repetir los comicios bajo una nueva dirección, solicitando la salida inmediata del jefe de la ONPE, Piero Corvetto (ONPE) y de los miembros del JNE, a quienes llamó “mafiosos” y “delincuentes”
- Rechazo internacional: En un gesto de ruptura diplomática, exigió a las misiones de observación de la OEA y la Unión Europea que se retiren del país, acusándolos de ser cómplices ciegos de la «mafia».
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RLA exigió a las misiones de observación de la OEA y la Unión Europea que se retiren del país (Foto: Facebook.
Llamado a la insurgencia civil
Ante lo que considera un «anforazo» y un plan orquestado por la «derecha mercantilista» y la «izquierda ladrona», el candidato radical de derecha anunció las siguientes medidas:
- Estado de emergencia partidario: Declaró a su agrupación en alerta permanente.
- Insurgencia Civil: Invocó el derecho constitucional a la insurgencia, amenazando con «incendiar la pradera» si no se respetan sus reclamos.
- Plan Morrocoy: Advirtió que, de no anularse el proceso, iniciará un plan de movilización y resistencia social a nivel nacional.
Mas declaraciones
Ante una multitud de sus partidarios reunidos frente a la sede del JNE en Jesús María, Rafael López aliaga expresó:
«Nos han robado el primer lugar. Aunque nos favorezcan los resultados, no aceptamos esta elección; pedimos nuevas elecciones sin estos delincuentes.», expresó López Aliaga ante una multitud de sus partidarios reunidos frente a la sede del JNE en Jesús María.
“Hoy día cae la mafia para siempre. Yo demando al señor Fiscal de la Nación, al jefe de la Policía Nacional del Perú, que tomen preso de inmediato al señor Corvetto. El Corvetto es parte de un engranaje, parte de una estrategia. Aquí hay una mafia que ha planificado esto hace meses”.
“De acuerdo con el marco legal, la distribución del material electoral debió concluir a la medianoche del sábado, quedando bajo custodia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para su entrega a las mesas de sufragio a las 6:00 a. m. Sin embargo, el señor Corvetto vulneró la ley al entregar dicho material con retrasos injustificados de hasta doce horas, una irregularidad sin precedentes”
“Ante esta situación, se exige la intervención inmediata del Fiscal de la Nación para evitar ser cómplice de este fraude. El objetivo de esta «mafia» es manipular los resultados mediante un «anforazo» que favorezca a candidatos específicos, mientras otros actores políticos evitan dar la cara y se mantienen en la sombra”.
“Nos han robado. Eso es lo que han tramado con la complicidad de esa encuestadora llamada Ipsos, que es un grupo criminal, Luego, acuso a los medios de comunicación tradicionales de ser cómplices de la corrupción por decir que todo esta bien.
Reacciones
A nombre de Fuerza Popular, el candidato a la segunda vicepresidencia, Miguel Torres, rechazó las acciones de López Aliaga, calificándolas de «manifestación irresponsable»,
“Invocar la insurgencia civil solo genera inestabilidad y caos tras señalar que el Perú vive en un Estado de derecho donde las discrepancias deben resolverse mediante canales legales y no en las calles.”.
Contrario a lo afirmado por López Aliaga sobre el «robo de 500 mil votos», el vocero fujimorista fue contundente al señalar que no existen pruebas ni indicios de un fraude electoral. Para Torres, las actitudes del líder de Renovación Popular demuestran una preocupante falta de seriedad y responsabilidad política en un momento crítico. Lo exhortó a dejar de lanzar acusaciones públicas y, en su lugar, presentar pruebas concretas ante las autoridades.
Jorge Nieto (Candidato de la coalición centrista)
Jorge Nieto, quien actualmente se ubica en el tercer lugar del conteo según las últimas proyecciones, se mostró cauto al comentar la postura de López Aliaga. “No se puede escalar la situación al nivel de considerar un fraude electoral sin pruebas contundentes”, calificando la narrativa de López Aliaga como apresurada.
No obstante, coincidió en que el retraso en la llegada del material electoral a diversos centros de votación constituye una irregularidad grave que debe ser investigada, pero no necesariamente anula la legitimidad de todo el proceso.
Roberto Sánchez (Líder de Juntos por el Perú)
Desde la izquierda, Roberto Sánchez ha sido más enfático en la defensa del sistema democrático: Instó a todos los actores políticos a esperar los resultados oficiales de la ONPE y el JNE con responsabilidad y criticó la postura de «insurgencia» de López Aliaga, señalando que las instituciones electorales deben ser respetadas para garantizar la paz social y que las fallas logísticas no deben usarse como herramienta política para desconocer la voluntad popular.
