Alcalde de Lima insiste en desconocer las normas sobre neutralidad electoral y adelanta que no postulará en octubre
Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, reafirmó este lunes en conferencia de prensa su decisión de impugnar la legitimidad de los procesos electorales vigentes y anunció que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumirá los costos de la defensa legal en esta controversia.
La autoridad edil, en un abierto desafío a las interpretaciones tradicionales sobre la neutralidad electoral, sostuvo que el uso de recursos públicos para este fin es una obligación institucional en salvaguarda de los derechos de los ciudadanos.
El financiamiento de la ofensiva legal
La polémica central de la jornada giró en torno a la procedencia de los fondos para costear a los reconocidos juristas que lideran las demandas ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Reggiardo fue explícito al señalar que no se trata de una iniciativa privada, sino de una acción institucional:
«Los abogados obviamente tienen que ser reconocidos por la institución. O sea, no encuentro mucha lógica en pretender pensar que los abogados van a ser contratados por alguien en particular. Evidentemente, serán pagados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque estamos actuando en defensa de la comuna y los vecinos de Lima».
Según el burgomaestre, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades le otorga la representación legal y el deber de defender los intereses de la ciudad. Bajo esta premisa, la contratación de especialistas como el exmagistrado del TC, Gerardo Eto Cruz, y el abogado Wilber Medina, se considera un gasto administrativo justificado por la «defensa del derecho al voto» que, a juicio del alcalde, ha sido vulnerado por los actuales organismos electorales.
Postura frente a la neutralidad y renuncias
Reggiardo también abordó las denuncias por presunta infracción a la neutralidad electoral interpuestas por agrupaciones políticas. Al respecto, aseguró que sus críticas al sistema no constituyen un favorecimiento a candidatos específicos, sino una exigencia de transparencia. «Defender el derecho al voto no es un acto político electoral. Es un acto de dignidad democrática», afirmó, tras calificar a las autoridades electorales de actuar con «inacción o complacencia».
En un movimiento estratégico para deslindar sus acciones de intereses personales, el alcalde anunció que no postulará a ningún cargo de elección popular en los comicios de octubre de 2026. Esta renuncia, según sus palabras, busca demostrar que su lucha no es «electorera», sino basada en principios, aunque subrayó que toma esta decisión debido a la falta de garantías en las condiciones actuales del sistema.
El debate sobre el deber funcional y el orden público
Desde el equipo legal de la municipalidad, el abogado Raúl Fernández reforzó la postura del alcalde argumentando que la neutralidad no obliga al silencio ante situaciones de riesgo social. Para la gestión municipal, advertir sobre supuestas irregularidades es un «cumplimiento de un deber funcional» que no debería ser confundido con propaganda política, ya que no se ha hecho un llamado explícito a votar por ninguna organización.
Un escenario de interpretación jurídica
El desenlace de esta controversia queda ahora en manos de las instancias judiciales y constitucionales correspondientes. Por un lado, la posición de la Alcaldía de Lima plantea que el uso de presupuesto estatal es legítimo cuando se trata de defender derechos constitucionales de sus vecinos. Por otro lado, diversos sectores y organismos electorales sostienen que la neutralidad es un pilar inamovible que prohíbe el uso de la infraestructura y el tesoro público para cuestionar la institucionalidad del Estado.
En última instancia, será el sistema de justicia el que determine si la actuación de la Municipalidad de Lima se ajusta a sus facultades legales o si, por el contrario, excede las competencias municipales al intervenir en el ámbito electoral nacional. Mientras tanto, el debate permanece abierto entre la necesidad de vigilancia ciudadana que reclama el alcalde y el respeto irrestricto a las normas de neutralidad que rigen para todos los funcionarios públicos en el Perú.
