- Fiscalía: Tomás Gálvez ha sido investigado por el equipo Cuellos Blancos del Puerto, el cual acaba de disolver
Fiscalía. El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, tomó a inicios del presente año, uno de las decisiones mas polémicas en lo que va de su gestión: desactivar los principales equipos especiales del Ministerio Público como Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos, lo que ha provocado un intenso debate sobre la autonomía del sistema de justicia en el Perú.
La desactivación de estos equipos de trabajo cuando las investigaciones tocan a las más altas esferas del poder político sugiere, para sus detractores, un intento de impunidad más que una reforma técnica que busca eficiencia administrativa. La preocupación radica en que, al pasar estos casos a fiscalías ordinarias (con menos recursos y protección), las investigaciones complejas terminen archivadas o dilatadas. Veamos en detalle el contraste de ambas posturas:
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¿Eficacia Administrativa? (La postura oficial)
El argumento central de Tomás Gálvez es que los equipos especiales se habían convertido en «fiscalías paralelas» con privilegios excesivos y poco control.
Unificación del mando: Sostiene que los casos deben retornar a las Fiscalías Especializadas (Anticorrupción, Lavado de Activos, etc.) para evitar la fragmentación y que todos los fiscales sigan estándares iguales.
Resultados y plazos: Critica que equipos como Lava Jato lleven más de 7 u 8 años sin sentencias definitivas en los casos más emblemáticos (como el de Keiko Fujimori o expresidentes), bajo el argumento que la especialización no garantizó celeridad.
Ahorro de recursos: Plantea que eliminar las coordinaciones de los equipos especiales libera presupuesto y personal para atender la carga ordinaria, que está desbordada.
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¿Intento de Impunidad? (La crítica jurídica)
Expertos y organismos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señalan que la desactivación es un golpe letal a las investigaciones en curso.
Conflicto de intereses: El cuestionamiento más grave es que el propio Tomás Gálvez ha sido investigado por el equipo Cuellos Blancos del Puerto, el cual acaba de disolver. Esto sugiere una «venganza institucional» o un mecanismo de autodefensa.
Pérdida de «Expertise»: Al diluir a los fiscales en el sistema común, se pierde el conocimiento acumulado sobre tramas criminales complejas. Se teme que los nuevos fiscales asignados no tengan el tiempo ni la protección para enfrentar a redes de poder.
Riesgo de prescripción y dilación: El traslado de 97 carpetas fiscales (solo en Lava Jato) a otros despachos provocará que los juicios se reinicien o se estanquen, beneficiando directamente a los acusados por el paso del tiempo.
«Sobresaturación» de investigaciones a aforados
Según el fiscal Tomás Gálvez, la Fiscalía de la Nación está sobresaturada, dedicando aproximadamente el 70% de su tiempo a investigar a altos funcionarios (aforados), lo cual, según él, impide que el despacho cumpla otras funciones estratégicas.¿Es coherente este argumento?
Es real que el número de denuncias contra congresistas y ministros ha crecido exponencialmente, congestionando la oficina del Fiscal de la Nación.
La función principal del Fiscal de la Nación, por diseño constitucional, es precisamente investigar a los altos funcionarios. Delegar esta facultad podría vulnerar el prrffdddddddddincipio de jerarquía.
Reforma Orgánica
La Ley Orgánica del Ministerio Público (1981) es antigua y el modelo actual funciona como «compartimentos estancos» sin supervisión integral.
Los equipos especiales se crearon justamente porque el sistema ordinario no tenía la capacidad ni la independencia para enfrentar redes de corrupción en el poder.
Doble Instancia
Propone que la Fiscalía de la Nación solo actúe en segunda instancia para garantizar el debido proceso.
En el caso de aforados, la ley establece un fuero especial. Cambiar esto requeriría reformas legales profundas y no solo una resolución administrativa.
¿Un cambio de nombre?
No se trata solo de un cambio de nombres, sino de una redistribución masiva de carga procesal que afecta directamente la continuidad de los juicios.
El destino de las 97 carpetas
El destino de las 97 carpetas de Lava Jato:
Las investigaciones ya no serán gestionadas de forma autónoma. Según la Resolución N.º 007-2026-MP-FN, el equipo especial deja de existir y su carga se redistribuye de la siguiente manera:
Absorción por el Subsistema de Lavado de Activos:
Las 97 carpetas pasan a integrar el Subsistema Especializado en Delitos de Lavado de Activos.
Estado de los casos: De estas carpetas, 71 se encuentran en etapa crítica (investigación preparatoria o juicio oral), incluyendo los casos de Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Alejandro Toledo.
Riesgo de «fojas cero»: Aunque Gálvez afirma que los expedientes «se mantienen en giro», el cambio de fiscales adjuntos y personal administrativo obliga a los nuevos responsables a estudiar miles de folios desde cero, lo que en la práctica dilata los procesos.
¿Quiénes asumen el control?
La medida ha descabezado el liderazgo que mantuvo el equipo por casi una década:
Salida de Rafael Vela y José Domingo Pérez: Se dio por concluida la designación de Rafael Vela como coordinador. Ambos fiscales regresan a sus plazas de origen.
Pérez, por ejemplo, ha sido reasignado a una fiscalía provincial en San Juan de Lurigancho (Zona Alta), alejándolo totalmente de los casos Odebrecht.Nuevos mandos: La supervisión de estos casos recae ahora en la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios y de Lavado de Activos, cuyos titulares han sido nombrados recientemente por la gestión de Gálvez.
Remoción de Fiscales Provisionales: Se ha concluido la designación de 31 fiscales superiores provisionales y otros 40 fiscales adjuntos que formaban la columna vertebral de estos equipos, siendo reemplazados por personal designado directamente por la actual administración interina.
Por último, los casos de las muertes de 2022-2023 pierden exclusividad. ¿Qué significa esto para el ciudadano?
El mayor peligro es la fragmentación. Al pasar a la «justicia ordinaria», investigaciones que antes se veían de forma integral (entendiendo la red criminal completa) ahora podrían ser analizadas como casos aislados por distintos fiscales, perdiendo la visión de conjunto que permitía acusar por organización criminal.
