Investigación fiscal partió del homicidio de un empresario en San Isidro y de un docente en Ate, perpetrados en 2024
Fiscalía. En un megaoperativo simultáneo que marca un hito en la lucha contra las mafias inmobiliarias, el Ministerio Público logró la detención preliminar de 10 presuntos integrantes de una sofisticada red criminal. Esta organización es sindicada por la apropiación ilícita y usurpación sistemática de inmuebles del Estado, lavado de activos y una peligrosa infiltración en instituciones claves del aparato público peruano.
La intervención, ejecutada por el Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, bajo el liderazgo del fiscal provincial Juan Alberto Orihuela Legonia, incluyó el allanamiento de viviendas y oficinas en 13 distritos de Lima, además de las regiones de Ayacucho y La Libertad.
El «Modus Operandi»: Un esquema de 25 millones de dólares
La organización no operaba de forma ruda o improvisada. Su fortaleza radicaba en la infiltración de funcionarios en entidades críticas como el Archivo General de la Nación, la SUNARP, el Poder Judicial y diversas notarías.
Gracias a esta red de contactos, la banda lograba construir una «legalidad de fachada», falsificando escrituras públicas, minutas y expedientes judiciales para tomar control de propiedades de alto valor.
El objetivo eran predios pertenecientes a congregaciones religiosas, cofradías, o inmuebles cuyos dueños hubieran fallecido o residieran en el extranjero. Según la Fiscalía, el valor de los inmuebles bajo este esquema ilícito supera los USD 25 millones. Las ganancias obtenidas eran posteriormente ingresadas al sistema financiero mediante técnicas de lavado de activos para ocultar su origen delictivo.
La conexión con el sicariato, casos que cercaron a la red
Si bien el operativo de hoy se centra en la estructura económica y de usurpación, la solidez de la carpeta fiscal descansa en una revelación impactante: la organización utilizaba la violencia letal para silenciar oposiciones. La inteligencia policial logró vincular a esta red con dos homicidios perpetrados en 2024 a través de la homologación de una misma arma de fuego.
El asesinato del empresario Daniel Castillo en San Isidro
En septiembre de 2024, el sector empresarial se estremeció con el asesinato de Daniel Castillo. El ataque ocurrió en el distrito de San Isidro y, según las líneas de investigación actuales, no fue un robo común. Castillo habría representado un obstáculo en los planes de la organización para consolidar la toma de posesión de un inmueble de lujo. Al no poder desplazarlo mediante el fraude documental, la red habría activado su brazo armado para eliminar la resistencia legal que el empresario ejercía sobre la propiedad.
El crimen del docente Julio Pacheco en Ate
Apenas un mes después, en octubre de 2024, el docente Julio Pacheco fue acribillado frente a sus alumnos en un colegio de Ate Vitarte. La investigación determinó que la misma arma utilizada en San Isidro fue disparada contra el maestro. Pacheco estaba vinculado a gestiones de defensa de terrenos que la banda pretendía usurpar sistemáticamente.
Este caso fue crucial, pues la exposición mediática y el despliegue policial en Ate permitieron a la DIRIN y la DIRILA recolectar evidencias balísticas y testimoniales que finalmente conectaron los crímenes con los hoy detenidos.
Recuperación de bienes
Más allá de las capturas, el operativo de hoy incluyó la incautación con desposesión de inmuebles en ocho distritos de la capital. Entre los bienes recuperados destaca una galería comercial en el Cercado de Lima, la cual operaba bajo el control de la red a pesar de pertenecer legalmente a la Beneficencia de Lima.
Con el apoyo de 29 fiscales y efectivos de la Policía Nacional, el Ministerio Público ha logrado no solo desarticular a los operadores de campo, sino también golpear la logística de «cuello blanco» que permitía que esta organización se infiltrara en los registros públicos del país. Las investigaciones continúan para determinar si existen más inmuebles afectados y otros funcionarios involucrados en este complejo entramado de corrupción y sangre.
