Guido Bellido introdujo modificación express cuando el Pleno debatía el polémico proyecto para gobernar municipios hasta con un solo voto.
Partidos políticos. En el Congreso de la República, la supervivencia de las cúpulas partidarias no conoce de ideologías ni de debates técnicos. En una demostración de cálculo político y agilidad legislativa, el parlamentario Guido Bellido logró introducir un auténtico «contrabando» normativo que desmantela las exigencias de representatividad nacional para los partidos políticos.
Lo escandaloso no es solo el fondo de la propuesta, sino el escenario en el que se perpetró: mientras la atención pública y el propio hemiciclo se centraba en un proyecto que permitiría capturar alcaldías prácticamente sin respaldo popular, se cocinaba por lo bajo el blindaje definitivo para las organizaciones «cascarón».
La cortina de humo: Municipios con un voto
La sesión del Pleno avanzaba en una jornada en medio de una fuerte controversia. En agenda se encontraba el debate de un predictamen de la Comisión de Constitución que buscaba eliminar el porcentaje mínimo de votos válidos (la valla del 20%) para consagrar a un ganador en las elecciones municipales. Bajo esa lógica, un candidato podría llegar a ser alcalde de un distrito o provincia arrastrando una votación ínfima, gobernando «hasta con un voto» si sus competidores directos quedan rezagados.
Es en ésta circunstancias que el congresista Guido Bellido vio la oportunidad perfecta para lanzar su estocada.
El «pacto» silencioso en el Pleno
Interrumpiendo la conducción del debate, Bellido tomó la palabra para alcanzar una «disposición complementaria y modificatoria única» al artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP – Ley 28094), el cual norma las causales de cancelación de la inscripción de un partido.
La respuesta de la Mesa Directiva y de la Comisión de Constitución fue de una docilidad pasmosa. Lejos de exigir un análisis de impacto o abrir un debate sobre las consecuencias de cambiar las reglas del juego a última hora, el presidente de la comisión parlamentaria, Arturo Alegría, acogió la propuesta de inmediato: “Habiendo acogido la propuesta del congresista Guido Bellido, solicito que esto pueda someterse a votación”. En cuestión de minutos, el pacto transversal estaba sellado y listo para el tablero de votación.
La trampa matemática del 30%
¿Qué es exactamente lo que Bellido introdujo en el proyecto de ley? La modificación añade el acápite (f) al artículo 13, estableciendo que un partido perderá su inscripción:
«Cuando el partido político no participa en las elecciones regionales en por lo menos el 30% de las regiones y en las elecciones municipales, conforme al siguiente detalle».
Aplicando una lectura jurídica a la inversa (sensu contrario), la norma determina que a un partido le basta con postular en el 30% de las regiones para salvar su registro nacional. Si el mapa electoral peruano cuenta con 25 regiones (incluyendo el Callao y Lima Provincias), el 30% equivale a apenas 7 u 8 regiones.
Esto destruye por completo el espíritu de la reforma electoral, que obligaba a los partidos nacionales a demostrar un verdadero arraigo en todo el territorio de la República. Con este cambio express, cualquier agrupación puede dejar en blanco el 70% del país, desentenderse de la gran mayoría de los ciudadanos del interior y, aun así, mantener su personería jurídica intacta para el siguiente proceso general.
Los beneficiados en el nuevo Congreso Bicameral
Este salvavidas normativo tiene beneficiarios con nombre propio. Lograr presencia, comités activos y cuadros técnicos en las 25 regiones de manera simultánea es una tarea titánica que desgasta las finanzas y la logística de las organizaciones políticas.
Con esta reducción de la valla, partidos de reciente aparición o bancadas híbridas que han logrado posicionarse en el nuevo Congreso bicameral —como el Partido Obras o el Partido del Buen Gobierno— encuentran un balón de oxígeno vital. Ya no tendrán la obligación de competir a escala nacional en los próximos comicios subnacionales; les alcanzará con concentrar sus esfuerzos en sus 7 u 8 bastiones tradicionales para blindar sus siglas.
De igual forma, la medida beneficia directamente a las llamadas «franquicias electorales» o «vientres de alquiler», que solo necesitan mantener el registro vigente como un activo comercial político para futuras alianzas, sin importarles en lo absoluto la representatividad democrática.
Un vacío legal con nombre propio
La prisa por aprobar el beneficio mutuo fue tal que el texto quedó registrado en el diario de debates con un vacío técnico. El enunciado planteado por Bellido cierra con la frase «conforme al siguiente detalle», pero el parlamentario cortó su discurso con un «Muchas gracias, Presidente» sin dar ningún anexo, cuadro o desglose numérico.
La Comisión de Constitución aprobó una norma incompleta. Este limbo legal obligará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a realizar interpretaciones reglamentarias o, en el peor de los casos, dejará el camino libre para que los propios partidos interpreten la ley de la manera más laxa y conveniente para sus intereses.
El factor de último minuto: El naufragio del monopolio electoral
Sin embargo, toda esta arquitectura del beneficio mutuo y el cálculo a puerta cerrada acaba de estrellarse contra una realidad jurídica y política que el Parlamento no supo prever: la inminente caída de la reforma constitucional que pretendía desaparecer del mapa a los movimientos regionales.
El plan de las cúpulas parlamentarias parecía perfecto y fríamente calculado. Al modificar los artículos 35 y 191 de la Carta Magna para extinguir a las agrupaciones locales, obligaban a toda la clase política del interior del país a someterse al centralismo limeño. Con la cancha limpia de rivales provinciales y la valla nacional ahora reducida a un cómodo 30% gracias al contrabando de Guido Bellido, el negocio de las franquicias electorales y los «vientres de alquiler» estaba más que asegurado para las próximas elecciones subnacionales.
Pero el tiro les salió por la culata. La enorme resistencia en las regiones, las acciones de inconstitucionalidad y el propio peso de un Congreso fragmentado que no logra sostener los consensos para una segunda votación de reforma constitucional han terminado por traerse abajo el veto a la representación regional. Los movimientos regionales se quedan en la cancha.
Este revés desnuda la desesperación detrás de la jugada express de Guido Bellido y Arturo Alegría. Al no poder consumar el exterminio de la competencia local, los partidos nacionales «cascarón» entran en pánico. Saben que históricamente, los movimientos regionales los barren en las urnas del interior del país.
Haber blindado la inscripción partidaria exigiendo apenas un 30% de presencia regional ya no es solo una muestra de pereza logística; ahora es un escudo de supervivencia pura frente a una derrota anunciada. Al Congreso no le quedó más remedio que firmar su propia carta de incapacidad: reconocen que no pueden competir en igualdad de condiciones contra el arraigo local y se aseguran, por ley, que bastará con capturar un puñado de regiones para no desaparecer del mapa político.
Una vez más, el Parlamento demuestra que sus verdaderas reformas no buscan fortalecer las instituciones, sino asegurar la permanencia de quienes ya están adentro. Mientras el país discutía el escándalo de los alcaldes elegidos «con un voto», el Congreso consumaba el asalto final al sistema electoral: un intento fallido por liquidar la representación regional que terminó convirtiéndose en el refugio de sus propios cascarones políticos
Conclusiones: El asalto al sistema electoral en limpio
- 1. Institucionalización del «cascarón»: La modificación al artículo 13 de la LOP legaliza la incapacidad partidaria. Al exigir apenas el 30% de presencia regional, la ley permite que agrupaciones con membrete nacional operen abandonando el 70% del territorio patrio.
- 2. Salvavidas de supervivencia: Partidos de reciente aparición en el Congreso bicameral, como el Partido Obras o el Partido del Buen Gobierno, reciben un balón de oxígeno normativo que les evita el desgaste logístico y financiero de competir a escala nacional.
- 3. Confesión de incapacidad: Al rebajar la valla de participación, el propio Parlamento firma y reconoce la absoluta incapacidad de las dirigencias limeñas para estructurar bases sólidas y cuadros técnicos en el interior del país.
- 4. La “caída” de la reforma constitucional: El contrabando de Bellido desnudó la hipocresía de la Comisión de Constitución; en su momento eliminaron del mapa a los movimientos regionales exigiendo «partidos fuertes», y ahora blindan a sus propias siglas para que sigan existiendo con el mínimo esfuerzo.
- 5. Escudo ante el naufragio: Tras frustrarse la desaparición definitiva de las agrupaciones regionales, el blindaje del 30% mutó de ventaja a necesidad: los partidos nacionales se blindan por ley porque saben que la competencia local los barre en las urnas provinciales.
- 6. Legislación con nombre propio y vacío legal: La prisa por consumar el pacto transversal impidió redactar el «detalle» técnico de la norma. El Congreso aprobó un texto trunco y con un limbo legal evidente, priorizando el blindaje de sus cúpulas por encima de cualquier rigor parlamentario.
