Además, reafirma disposición de su gobierno de “atender con seriedad” las recomendaciones de la Defensoría
Keiko Fujimori. “Desde la Presidencia de la República reafirmo nuestra disposición de atender con seriedad las recomendaciones de la Defensoría y mantener una relación respetuosa, transparente y constructiva”, fueron las palabras centrales de la presidenta Keiko Fujimori durante la ceremonia conmemorativa por el 30.° aniversario de la institución defensora de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En el acto —en el que estuvieron presentes, además del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez; el presidente del Congreso, Miguel Torres; la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; y el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández— resaltó el papel que cumple la institución al representar a los ciudadanos y afirmó que “cumple una misión indispensable”.
La Defensoría fue creada en la Constitución de 1993 y comenzó a ejercer sus funciones en 1996. “Fue una decisión institucional muy importante reconocer que el crecimiento económico, el orden y la autoridad debían estar acompañados por una entidad encargada de proteger los derechos fundamentales y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública”, sostuvo.
“Hoy —agregó—, tres décadas después, corresponde valorar esa decisión y al mismo tiempo renovar el compromiso que le dio origen. El Gobierno no debe considerar a la Defensoría como una institución incómoda ni como un adversario. Debe verla como una aliada para identificar deficiencias, corregir procedimientos y mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos”.
En su intervención, la jefe de Estado extendió también su saludo a la institución por sus 30 años y a las personas que han trabajado en ella. Asimismo, expresó su deseo de que esta celebración represente el inicio de una nueva etapa de cercanía con la ciudadanía.
“Saludo a quienes durante estos 30 años han trabajado en esta institución: a quienes recorren comunidades, visitan hospitales, prisiones, comisarías, supervisan servicios públicos y reciben diariamente la demanda de la población. Les deseo que este aniversario no sea únicamente una celebración del camino recorrido, sino que sea también el comienzo de una nueva etapa de cercanía con la ciudadanía, modernización institucional y firme defensa de la dignidad humana”, acotó.
Los 30 años
La Defensoría del Pueblo trabaja desde hace 30 años en defensa de los derechos fundamentales de las personas y de la comunidad, así como en la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
Instituida el 11 de septiembre de 1996 bajo el liderazgo del primer defensor del pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, la Defensoría del Pueblo se constituye hoy como un organismo constitucional autónomo e independiente. A lo largo de estas tres décadas, la institución ha desarrollado una labor sostenida de promoción y defensa, consolidándose como un referente nacional en la protección de las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, como las niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y con discapacidad y ciudadanos indígenas.
En el marco de esta conmemoración, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor dio a conocer algunos de los logros más significativos de su gestión, que incluyen la implementación del programa Rompiendo Cadenas, creado en 2023 para proteger los derechos de los niños y adolescentes hijos de personas detenidas en los establecimientos penitenciarios del país, pero que posteriormente fue ampliado a otros sectores altamente vulnerables como hijos de víctimas de feminicidio o de fallecidos durante la pandemia, entre otros.
Hasta agosto último, a través de dicho programa se logró ubicar a cerca de 17 mil niños, adolescentes y jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad, por lo que la Defensoría del Pueblo hace seguimiento para que se garanticen sus derechos. Además, la creciente capacidad de respuesta del programa Rompiendo Cadenas en los últimos meses ha permitido la conformación de comités y consejos regionales, provinciales y distritales en todo el territorio nacional.
Otro logro obtenido es la ampliación de la presencia institucional en provincias y localidades ubicadas lejos de las capitales de región, lo que originaba que la población tuviera que movilizarse durante varias horas para exigir el respeto de sus derechos. Actualmente se cuenta con nuevas sedes de la Defensoría del Pueblo en localidades fronterizas como Caballococha, en la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia; y en Datem del Marañón, ambas en la región Loreto. Asimismo, en Atalaya y Purús, en Ucayali; Aguas Verdes, en Tumbes; Desaguadero, en Puno; Camaná, en Arequipa; Ilo, en Moquegua; y La Oroya, en Junín.
De igual forma, la institución ha emitido informes y ha desarrollado acciones de incidencia para exigir el cierre de brechas en infraestructura, abastecimiento de medicamentos y calidad de los servicios públicos de salud y educación en zonas urbanas y rurales.
