Sólo el tiempo determinará si este modelo de confrontación lanzado por el Gobierno consolida o no la gobernabilidad
Comando Unificado. El Cuartel General del Ejército, en San Borja, sirvió el último fin de semana como escenario para la primera puesta en escena del Comando Unificado contra la criminalidad. La presidente Keiko Fujimori, flanqueada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los titulares del Interior y Defensa, dio cuenta del despliegue de 1,300 efectivos de élite. Las imágenes transmitidas por el canal del Estado evocaron la estética de mano dura popularizada en El Salvador: presencia de altos mandos militares y efectivos con el rostro cubierto.
El blindaje al ministro del Interior
El mensaje presidencial no se limitó al anuncio operativo. La jefa de Estado abrió un paréntesis político para expresar su respaldo absoluto al ministro del Interior, César Astudillo, tras el altercado en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado con el parlamentario Iber Maraví. Fujimori calificó el hecho como una «agresión verbal» hacia el titular del sector.
Esta postura presidencial pasó por alto la naturaleza bilateral del incidente. Las imágenes de televisión mostraron un choque mutuo, que inició tras el malestar del propio ministro ante la alocución previa de la senadora Ruth Luque. Al invocar la condición de comando Chavín de Huántar de Astudillo, la mandataria buscó situar la figura del ministro por encima de la fiscalización parlamentaria.
La metáfora presidencial en la cúspide del poder
En un pasaje de su discurso, la presidenta acudió a una conocida expresión popular: «Ministro, los perros ladran, es señal de que estamos avanzando».
El uso de esta metáfora por parte de la primera magistrada de la nación plantea importantes cuestionamientos institucionales:
- Descalificación de la oposición: Equiparar el debate o la crítica política con el ladrido de un can devalúa la función fiscalizadora del Poder Legislativo.
- Profundización de la polarización: La figura presidencial representa la unidad nacional; por ello, el empleo de metáforas despectivas erosiona el espacio para el diálogo entre poderes.
- Cálculo político: La frase funciona como un dardo retórico eficaz para la base electoral del Gobierno, al proyectar la idea de un régimen enfocado en la acción y distante del ruido político.
La doctrina del enemigo único
El discurso presidencial apeló a una narrativa maniquea de la coyuntura nacional. Al plantear dilemas como «estar del lado de la paz o de la violencia» y «del lado del Movadef o de las Fuerzas Armadas», la mandataria buscó anular los matices técnicos del debate sobre la seguridad pública.
Fragmentos del discurso
«Quiero hacer un paréntesis porque he visto los lamentables sucesos que han ocurrido en el Congreso de la República. En la Cámara de Senadores el ministro Astudillo fue agredido verbalmente, el ministro que además es comando Chavín de Huántar. Y yo aquí le expreso mi total respaldo y gratitud a él por su valentía. Ministro, los perros ladran, esa es una señal de que estamos avanzando.
Quiero también agradecer a los senadores, no solo de Fuerza Popular, sino de otros partidos que expresaron también su respaldo. Porque creo que queda bien claro que contra la violencia los peruanos nos unimos.
Este es un momento de definición hoy que estamos enfrentando a la delincuencia, después de muchos años en la que ha habido indiferencia por parte de los gobiernos anteriores. Hoy no solamente contamos con nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sino también con la decisión política del Poder Ejecutivo… Cuando digo que son momentos de definición hay que pensar si estamos del lado de la violencia o del lado de la paz. Si estamos al lado de los agresores o protegemos a las víctimas. Si estamos al lado del Movadef de Sendero Luminoso o de nuestras Fuerzas Armadas y de Chavín de Huántar… Es momento de definiciones y tenemos que saber de qué lado están, y el pueblo peruano nos juzgará».
Conclusiones: Las claves de la estrategia del Gobierno
El análisis de la puesta en escena y la alocución de la presidenta Fujimori permite extraer cuatro conclusiones de fondo sobre la orientación política del régimen:
- La tentación de la militarización ante la debilidad parlamentaria: Resulta cada vez más evidente la intención del Gobierno de militarizar su gestión pública. Esta apuesta responde a la imposibilidad real de construir mayorías o negociar acuerdos políticos sólidos en el Parlamento. Fuerza Popular no posee mayoría propia en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Aunque cuenta con el respaldo natural de aliados como Renovación Popular, la práctica demuestra que este bloque resulta insuficiente para garantizar la gobernabilidad. Frente a esa fragilidad legislativa, el Ejecutivo recurre a la fuerza militar como su principal fuente de legitimidad ante la ciudadanía.
- Carta libre para el error en el entorno presidencial: El discurso confirmó la existencia de un escudo de impunidad para los colaboradores más cercanos del Gabinete. Los ministros de Estado cuentan con margen abierto para la equivocación sin temor a sanción o rectificación pública. La inobservancia de las faltas cometidas por el ministro del Interior, cuyas actitudes precipitaron un bochornoso espectáculo de descalificaciones mutuas con representantes del Senado, evidencia que la lealtad política prima sobre la disciplina y la conducta decorosa en el ejercicio de la alta función pública.
- Una narrativa maniquea para dividir al país: El Ejecutivo busca fracturar la opinión pública mediante un esquema binario y rígido: los buenos contra los malos, los partidarios de la paz frente a los defensores de la violencia. Al articular dilemas como «estar del lado del Movadef o de las Fuerzas Armadas», la mandataria elimina cualquier matiz técnico o postura intermedia. Esta división estratégica pretende acorralar a la oposición, forzar un alineamiento incondicional del sistema de justicia y trasladar el costo del fracaso en la lucha contra el crimen hacia quienes no se sometan al libreto oficial.
- Presión sobre las instituciones: Con esta estrategia, el Ejecutivo traslada la responsabilidad hacia el Congreso y el sistema de justicia. Bajo la advertencia de que «el pueblo peruano juzgará», la administración Fujimori busca un alineamiento incondicional de las instituciones del Estado. El tiempo determinará si este modelo de confrontación consolida la gobernabilidad o si agudiza la inestabilidad política del país.
