La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, presidida por el congresista Hernando Guerra García (FP) recibió a la asesora de la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Katiuska Valencia Segovia, quien informó sobre el contenido de la propuesta de modificación de reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios, contenida en la Resolución Jefatural 000216-2023-JN, en fase de prepublicación.
Según la ONPE, esta modificación está dirigida a garantizar que los fondos del Financiamiento Público Directo (FPD) sean utilizados para promover la participación y fortalecimiento de las organizaciones políticas.
También profundiza la delimitación de los criterios exigibles para el uso de los fondos del financiamiento público directo, a fin de asegurar el uso adecuado, eficiente y transparente de los recursos públicos y la debida rendición de cuentas. «La propuesta tiene una finalidad orientadora y preventiva, antes que sancionadora», expresó la representante de la ONPE.
El congresista Guerra García sostuvo que, por ejemplo, en las universidades también se entregan fondos públicos, pero no se les prohíbe contratar personal como pretende la propuesta de la ONPE. «En la práctica se paraliza las acciones que los partidos pueden hacer», expresó.
Por su parte, el congresista Alejandro Aguinaga (FP) cuestionó la propuesta de la ONPE y consideró que esta constituye un «contrabando» que pretende que una norma de menor jerarquía esté por encima de la ley y la Constitución.
Sostuvo que «este contrabando malévolo» pretendería prácticamente tener en una situación de «preahorcamiento a los partidos y es un exceso».
La vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, también participó en la sesión y llamó la atención por la ausencia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto y subrayó que la propuesta, excede la norma y «un reglamento no puede ir por encima de una ley. De ninguna manera». Consideró que, al final de cuenta, el Congreso podría derogar el reglamento e ir por la ley.
La representante de APP, Marisol Espinoza, mostró su preocupación por la propuesta de la ONPE. «Para garantizar la democracia significa, respetar la Constitución y la ley, si no hacemos eso se vienen abajo la democracia y la institucionalidad».
Aldo Borrero, dirigente de Avanza País, consideró que la propuesta de la ONPE debe ser «perfeccionada en más de un aspecto».
