Aseguró que la decisión en el caso Betssy Chávez estuvo orientada a preservar las relaciones con México, así como los beneficios en la Alianza del Pacífico
Pedro Castillo. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, descartó cualquier posibilidad de conceder un indulto o gracia presidencial al expresidente de la República, recluido en el penal de Barbadillo, tras la salida del país con destino a México de Betssy Chávez. En una entrevista concedida en televisión, el jefe del Gabinete detalló las prioridades del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, reformas normativas y combate a la criminalidad.
La liberación del expresidente Pedro Castillo mediante un indulto humanitario o gracia presidencial no forma parte de la agenda del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, declaró el domingo por la noche el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, saliendo al paso de especulaciones y pedidos tras la concesión del salvoconducto a la ex premier Betssy Chávez.
Galarreta descartó que el otorgamiento del salvoconducto a la exministra de Castillo —quien permaneció 9 meses bajo protección diplomática mexicana en el Perú— responda a presiones o chantajes políticos, asegurando que se trató de una decisión de alto nivel orientada a preservar las relaciones diplomáticas y comerciales con México, así como los beneficios en la Alianza del Pacífico.
“Nuestro gobierno ha tomado una decisión política de alto nivel pensando en las relaciones y los beneficios para el país. Nunca ha habido un chantaje ni ninguna presión, y tampoco nos vamos a dejar presionar por nadie. El caso del señor Castillo no está en la agenda, no lo hemos conversado. Este es un caso (el de Betssy Chávez) netamente de la relación diplomática entre Perú y México”, aseveró el jefe del Gabinete.
El pedido de la defensa y los documentos presentados ante el Ejecutivo
La postura oficial del jefe del Gabinete responde de manera directa a los pedidos de liberación formulados por la defensa legal e hijas de Pedro Castillo. Su abogado interpuso formalmente ante el Poder Ejecutivo un petitorio de gracia presidencial e indulto humanitario, alegando un deterioro severo en la salud del exmandatario recluido en Barbadillo y cuestionando la prolongación de su prisión preventiva.
Asimismo, durante la gestión del gobierno transitorio de José María Balcázar, la defensa técnica del expresidente y su entorno cercano hicieron llegar al despacho presidencial una serie de documentos de sustento:
- Informes Médicos Especializados: Certificados presentados ante el Ejecutivo con los que se argumentaba el deterioro progresivo de la salud física de Castillo en el centro penitenciario, requisito clave para el trámite de un indulto por razones humanitarias.
- Cuestionamientos a la Prisión Preventiva: Informes legales que argumentaban presuntas irregularidades procedimentales, solicitando la intervención del Ejecutivo como un mecanismo de «descompresión y despolarización política» en el país.
- Documentación ante Instancias Internacionales: Copias de los recursos de apelación y medidas cautelares elevadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y otros organismos internacionales, solicitando la revisión de su prisión cautelar.
A pesar de que estos expedientes fueron ingresados durante la administración anterior, Galarreta fue enfático al recalcar que el Ejecutivo actual no los tiene en consideración ni forman parte del plan de trabajo del Gabinete.
Seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado
Durante la entrevista, Galarreta enfatizó que la prioridad central de la gestión es la seguridad ciudadana y la recuperación del orden público frente al estado «calamitoso» en el que se encontró la administración pública.
Entre las medidas inmediatas y reformas legales anunciadas destacan:
- Despliegue operativo de las Fuerzas Armadas y PNP: Se ha dispuesto la presencia de efectivos policiales en buses de transporte público y el patrullaje de unidades de las Fuerzas Armadas en las rutas clave. Galarreta subrayó que se busca que el personal militar esté «operativamente activo» y no sea solo un elemento pasivo del paisaje urbano.
- Tipificación de «bandas criminales»: Ante las limitaciones legales actuales para sancionar a delincuentes que no encajan estrictamente en el tipo penal de «organización criminal», el Gobierno propondrá modificar el marco legal (vía delegación de facultades o decretos de urgencia) e incorporar formalmente el subgrupo de bandas criminales en el sistema penal.
- Declaración de «grupos hostiles»: Se busca ajustar la normativa para calificar a megabandas y mafias de crimen organizado (como el Tren de Aragua) como «grupos hostiles», equiparándolas en el tratamiento legal y operativo al terrorismo, lo que permitirá un accionar más severo de las Fuerzas Armadas.
- Reforma e institucionalidad en la PNP: El Gobierno, en coordinación con el ministro de Defensa/Interior (Astudillo) y la propia Policía Nacional, impulsará una reforma policial orientada a erradicar focos de corrupción y hacer más efectiva la labor institucional.
