Lejos de ser un espacio protegido para el aprendizaje de sus 582 alumnos, las instalaciones de la I.E. se han convertido en una latente trampa mortal
Aucallama. Resulta insólito, pero es la cruda realidad que día a día enfrentan los escolares del distrito de Aucallama, en la provincia de Huaral, ubicada a 75.1 km del Palacio de Gobierno, en Lima. En pleno siglo XXI, la Institución Educativa N.° 20386 «Jorge Basadre», un centro educativo centenario fundado en el lejano año de 1918, funciona hoy entre escombros, grietas y avisos de peligro inminente. Lejos de ser un espacio protegido para el aprendizaje de sus 582 alumnos, sus instalaciones se han convertido en una latente trampa mortal.
Lo peor de esta crítica situación es que se conoce no por denuncias de los afectados —estudiantes, padres de familia o profesores—, ni porque la prensa lo haya destapado, sino por la revelación del Informe de Visita de Control N.° 016-2026-OCI/5456-SVC, elaborado por la Contraloría General de la República tras una inspección realizada en septiembre de 2026. Es decir, es el propio Estado el que se autorregula, transparenta el peligro y busca soluciones desde adentro, lo que evidencia de que el problema no es la falta de alertas, sino la inacción de las autoridades ejecutivas para resolverlo.
El documento al que tuvo acceso agendapais.com pone al descubierto un nivel de abandono estatal que roza lo insólito. Durante la verificación, los auditores constataron escenas dantescas: niños de 5.° de primaria recibiendo clases dentro de sus aulas (como el ambiente de 5.° «C») mientras en la parte exterior de las ventanas luce intacta una cinta de peligro que advierte el alto riesgo de la estructura. En el mismo pabellón, los docentes continúan usando la Sala de Profesores pese a tener pegado en la pared exterior un cartel explícito de «Peligro de riesgo de derrumbe».
Las imágenes y observaciones del informe técnico de la Contraloría revelan una infraestructura en estado deplorable:
- Riesgo estructural colapsable: Columnas agrietadas con los fierros expuestos, paredes con profundas fisuras y vigas de concreto del segundo piso con desprendimiento en el pabellón de secundaria.
- Zonas desprotegidas: Escaleras de acceso al segundo piso desgastadas, carentes de pasamanos completos y barandas de protección, lo que representa un riesgo diario de caída para los estudiantes.
- Inseguridad eléctrica y sanitaria: Cables eléctricos expuestos a la intemperie y al alcance de los niños, además de servicios higiénicos con cerámicas rotas y puertas destrozadas.
- Exposición a la radiación: El patio del colegio carece de malla raschel o coberturas contra la radiación UV, exponiendo la salud de los alumnos durante las actividades deportivas y pedagógicas al aire libre.
A pesar de que desde febrero de 2024 la Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital de Aucallama declaró la urgencia de intervenir los pabellones por constituir un «ALTO RIESGO para la vida y la salud», y de que la propia UGEL N.° 10 calificó el estado del colegio como «MALO» requiriendo reparación total, la respuesta de las autoridades ha sido lenta e insuficiente.
Las dos únicas aulas prefabricadas instaladas en junio de 2026 no cubren la demanda, obligando a los niños a retornar a los ambientes declarados en peligro de colapso. Mientras tanto, el proyecto de inversión aprobado por el Gobierno Regional de Lima por más de 34.7 millones de soles (CUI N.° 2413360) sigue esperando la asignación de presupuesto para empezar las obras.
Hasta en tanto se concrete dicha asignación presupuestal, el organismo de control ha fijado una postura tajante. En sus conclusiones, el informe precisa la identificación formal de tres (3) situaciones adversas que ponen en riesgo a la comunidad educativa. Por ello, en sus recomendaciones, la Contraloría exhorta formalmente a la directora de la UGEL N.° 10 de Huaral a adoptar de inmediato las acciones preventivas y correctivas que correspondan para asegurar el servicio educativo, otorgándole un plazo perentorio de solo cinco (5) días hábiles para informar documentalmente sobre las medidas adoptadas.
Ante este dramático e inaceptable panorama, la pregunta salta a la vista y exige una respuesta inmediata de las autoridades de la Región Lima Provincias: ¿Quién responde por esta punible negligencia o se espera que se caiga el aula y mate gente para hacer correctivos?
