En un pronunciamiento público, la Defensoría del Pueblo observó la continuación en el Gabinete Ministerial de Aníbal Torres Vásquez, de Geiner Alvarado y de Willy Huerta, en la presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones y del Interior, respectivamente. Sin embargo, no censura, tampoco se opone a la presencia de los tres ministros en el equipo ministerial.
“A juicio institucional, resulta preocupante la capacidad de propuesta y compromiso que pueda ejercer un funcionario, portavoz del Gobierno que había anunciado al país su decisión de apartarse del Poder Ejecutivo”, expresó al objetar la ratificación en el cargo de jefe del Gabinete de Torres Vásquez. Este es el texto del documento de la Defensoría:
Defensoría del Pueblo formula observaciones al nuevo equipo ministerial y pide poner por delante los intereses del país
Ante la renovación de miembros del gabinete ministerial, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su rol constitucional de protección de los derechos fundamentales y supervisor de la administración estatal, señala lo siguiente:
Expresamos nuestra preocupación por los cambios en el gabinete ministerial luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pusiera su cargo a disposición. A juicio institucional, dadas las altas funciones de supervisión y coordinación que le corresponde desarrollar en el marco del artículo 123 de la Constitución, resulta preocupante la capacidad de propuesta y compromiso que pueda ejercer un funcionario, portavoz del Gobierno que había anunciado al país su decisión de apartarse del Poder Ejecutivo.
Todos los cambios realizados en el gabinete ministerial deben estar orientados a cumplir con las políticas públicas y las priorizaciones del Estado en función de la solución de los grandes problemas nacionales del país. Sobre el particular, hemos señalado que entre ellos se encuentran la reducción de la inseguridad ciudadana; la lucha frontal contra la corrupción; la lucha contra la violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas en su diversidad; la mejora de la salud pública, infraestructura y calidad de servicios médicos y educativos; los atentados contra el medio ambiente y personas defensoras de derechos humanos; la atención adecuada y oportuna de los conflictos sociales; la situación de las personas con discapacidad; entre otros.
En ese contexto llama la atención institucional el cambio de cartera del ministro Geiner Alvarado, que ha pasado del sector Vivienda al sector Transporte, sin haber previamente justificado las razones del incremento presupuestal del 200 % que recibió el municipio de Anguía, el mismo que habría sido empleado en la ejecución de 12 proyectos licitados por más de 30 millones de soles, algunos respecto de los cuales se ha señalado habrían sido adjudicados irregularmente. A fin de esclarecer este hecho, hemos solicitado información al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante Oficio N.° 0182-2022-DP/ALCCTEE.
Asimismo, se ratifica en el gabinete al ministro del Interior Willy Huerta, quien cuestionó la conformación del equipo policial designado por su antecesor, Mariano González, en apoyo del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, y que acaba de designar al general (r) Whitman Ríos como nuevo director general de inteligencia (Digimin), oficial que tendría antecedentes de filtración de información reservada de investigaciones en curso. Ríos será superior del coronel Harvey Colchado, integrante del mencionado equipo policial y cuya remoción del mismo fuera solicitada por el propio ministro Huerta.
La buena administración, principio constitucional implícito en nuestro ordenamiento y expresamente reconocido como tal por el Tribunal Constitucional, implica que funcionarias públicas y funcionarios públicos sirvan y protejan el interés general, pues están al servicio de la nación, teniendo como fin último la defensa de las personas y el respeto de su dignidad, que es la razón de ser del Estado y de la sociedad. En ese sentido, corresponde al gabinete recién conformado actuar en consonancia con la protección de dicho interés general manteniendo a funcionarias, funcionarios y personal calificado de sus ministerios, e incorporando funcionarias/os que respondan al estándar mínimo establecido por la Ley 31419 o superior, de ser posible, a fin de garantizar una adecuada gestión y el consiguiente establecimiento e implementación de políticas públicas que enfrenten, de manera eficaz, los graves problemas que enfrenta el país.
Invocamos al Poder Ejecutivo a poner por delante los intereses del país y de la ciudadanía, para lo cual, en el marco de su función constitucional, supervisará la observancia de los mandatos constitucionales antes citados, y el cumplimiento y efectivo goce de los derechos humanos de todas las personas en el país, en particular de las personas en situación de vulnerabilidad.
