Fiscalía de la Nación: plazo legal preliminar de 36 meses venció en mayo
Fiscalía de la Nación: El caso Los niños, apodo con el que se conocía a más de una veintena de congresista por su supuesta subordinación política al expresidente Pedro Castillo será investigado por el Congreso tras la decisión del Ministerio Público de presentar una denuncia constitucional conta el expresidente Pedro Castillo, los exministros Juan Silva, Jorge Prado y Betssy Chávez; así como 24 parlamentarios.
La denuncia constitucional atribuye a Castillo el presunto liderazgo de una organización criminal, integrada por congresistas y exministros, con el fin de negociar votos a cambio de direccionar licitaciones y contrataciones en los ministerios de Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Producción; así como en la Superintendencia Nacional de Migraciones, Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos.
Los denunciados
Congresistas denunciados por la presunta comisión del delito de organización criminal y tráfico de influencias, son:
- Juan Carlos Mori Celis
- Ilich Fredy López Ureña
- Wilson Soto Palacios
- Silvia María Monteza Facho
- José Alberto Arriola Tueros
- Pedro Edwin Martínez Talavera
- Luis Ángel Aragón Carreño
- Hilda Marleny Portero López
- Carlos Javier Zeballos Madariaga
- Germán Adolfo Tacuri Valdivia
- Pasión Neomías Dávila Atanacio
- Francis Jhasmina Paredes Castro
- Oscar Zea Choquechambi
- Jhackeline Katy Ugarte Mamani
- Paul Silvio Gutiérrez Ticona
- Segundo Teodomiro Quiroz Barboza
- Nivardo Edgar Tello Montes
- Américo Gonza Castillo,
- Karol Ivett Paredes Fonseca
Congresistas denunciados por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias:
- Raúl Felipe Doroteo Carbajo
- Elvis Hernán Vergara Mendoza
- Jorge Luis Flores Ancachi
- Jhaec Darwin Espinoza Vargas
Por la presunta comisión del delito de organización criminal:
- Carlos Enrique Alva Roas
Papel del Poder Judicial
Hace 10 días, el Poder Judicial había resuelto pedir a la Fiscalía de la Nación concluir la investigación contra los congresistas involucrados en el Caso Los Niños. El plazo legal de 36 meses para la etapa preliminar venció en mayo y, desde entonces, no se conocía el destino del expediente, el archivamiento o la interposición de una denuncia constitucional ante el Congreso.
La medida fue adoptada tras un recurso presentado por los abogados de dos congresistas investigados, quienes pidieron aplicar el control de plazos. Con esta decisión, el Ministerio Público está obligado a actuar.
Según la investigación fiscal, los legisladores habrían sido parte de una red criminal que utilizó su poder para interferir en nombramientos públicos y en decisiones dentro del Ministerio de la Producción y otras entidades estatales. Su rol sería el de asegurar el respaldo político a cambio de cuotas de poder en el aparato público.
Plazo de la investigación
La ley establece un plazo máximo de 36 meses para que el Ministerio Público desarrolle la fase preliminar de una investigación. En el Caso Los Niños, ese plazo venció en mayo de este año.
Julio Espinoza, abogado penalista que representa a uno de los congresistas, señaló que se encuentran en un periodo extemporáneo. “Ya estamos dos meses y medio de un plazo vencido. La Fiscalía tiene que definir su posición”, expresó.
La denuncia constitucional
La denuncia implicaría que se inicie un proceso para levantar el fuero parlamentario, condición necesaria para que el caso pueda pasar al Poder Judicial.
Sin embargo, este trámite en el Congreso podría enfrentarse a obstáculos políticos. Si el Parlamento no aprueba el levantamiento del fuero, el proceso penal quedaría estancado, incluso si existen indicios suficientes.
La defensa legal sobre el l caso
Los abogados defensores han cuestionado el ritmo de la investigación. Julio Rodríguez, abogado penalista vinculado al caso, calificó de “crítica” la situación del Ministerio Público. “Treinta y seis meses para un caso que fue de conocimiento público. Es una Fiscalía en crisis”, afirmó.
También cuestionó el hecho de que hace apenas dos meses se haya solicitado el levantamiento del secreto bancario de los investigados, una medida que en su opinión debió ser una de las primeras diligencias del caso. “Lo primero que tengo que levantar en delitos de esta naturaleza es el secreto bancario. Lo segundo, las comunicaciones”, explicó.
Tras la presentación de la denuncia constitucional, el Congreso tendrá que decidir si levanta o no el fuero de los legisladores investigados. Este proceso pasa por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y, finalmente, el Pleno del Congreso.
