De confirmarse una «falta grave», Corvetto será destituido del cargo
Piero Corvetto. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dio un paso decisivo sobre el futuro administrativo del exjefe de la ONPE.Tras concluir la investigación preliminar n.º 018-2026-JNJ, el Pleno acordó de forma unánime abrir un procedimiento disciplinario formal por la presunta comisión de faltas graves durante las Elecciones Generales 2026.
Este acto marca el paso de una simple indagación a una etapa acusatoria donde la permanencia o inhabilitación del exfuncionario entra en juego.
El Objetivo del Procedimiento
¿Qué busca realmente este proceso? Lejos de ser un trámite burocrático, la etapa formal iniciada bajo el Informe n.º 026-2026-GATRP-JNJ busca esclarecer si Corvetto vulneró los principios de legalidad y eficiencia que exige su cargo.
Según el Reglamento de la institución, el procedimiento garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa, permitiendo al investigado presentar pruebas y argumentos. Sin embargo, el objetivo de fondo es determinar la responsabilidad funcional; es decir, si su conducta fue compatible con la integridad que el sistema electoral requiere.
¿Destitución a la vista?
Aunque la JNJ ha enfatizado que este inicio de proceso no implica un adelanto de opinión, el Reglamento es claro sobre las consecuencias: de confirmarse una «falta grave», la sanción máxima es la destitución.
A diferencia de las investigaciones que realiza la Fiscalía de la Nación por posibles delitos penales, este proceso de la JNJ es un acto administrativo autónomo. Esto significa que Corvetto podría ser sancionado o inhabilitado por la Junta incluso si el proceso judicial penal sigue su curso o arroja resultados distintos, ya que se evalúa la conducta ética y funcional, no solo la penal.
Sin procesos «Express»
Ante la relevancia política del caso, la JNJ ha marcado distancia de cualquier celeridad indebida. «No se realizan procedimientos express», asegura el organismo, subrayando que se respetarán los plazos constitucionales para que el exjefe de la ONPE ejerza su defensa.
Con esta decisión, la Junta reafirma su rol como ente supervisor de los altos mandos electorales, poniendo a prueba una vez más la independencia institucional frente a casos de alto impacto nacional.
La respuesta de Corvetto
En un encuentro con un grupo de periodistas, Piero Corvetto rompió el silencio para confrontar las acusaciones de haber brindado información falsa sobre la preparación de los comicios.
En respuesta directa a los señalamientos de Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el exjefe de la ONPE defendió la profesionalidad de su gestión. «Hubo un problema, sí, pero eso no quiere decir que no hayamos asegurado todo», afirmó, enfatizando que siempre existieron planes de contingencia para mitigar las incidencias del pasado 12 de abril.
Defensa cuestiona riesgo procesal tras renuncia
En el plano judicial —que corre en paralelo al disciplinario—, la estrategia de Corvetto se centra en desestimar el pedido de detención preliminar solicitado por la Fiscalía.
Su abogado, Ronald Gamarra, calificó de «inconsistente» la apelación del Ministerio Público, argumentando que el principal motivo de la fiscalía para alegar un riesgo procesal era el cargo de Corvetto como jefe de la ONPE.
«Él ya no lo es», subrayó Gamarra, señalando que la renuncia fue aceptada de inmediato por la JNJ, lo que en la práctica elimina cualquier posibilidad de uso de poder para obstruir las investigaciones.
El peso de la «Verdad» en el Reglamento Disciplinario
Este cruce de versiones entre los titulares del sistema electoral (ONPE vs. JNE) será el núcleo del procedimiento en la JNJ. Según el Reglamento de la institución, el «deber de veracidad» es una obligación funcional.
Si el proceso administrativo determina que Corvetto ocultó información crítica o mintió al pleno del sistema electoral, la «presunta falta grave» podría consolidarse.
Mientras Corvetto asegura que «siempre ha dicho la verdad», la JNJ deberá contrastar sus planes de contingencia con los resultados reales de la jornada electoral para decidir si amerita la destitución o el archivo del caso.
Un escenario de doble frente
Con la disposición de Corvetto de participar en todas las diligencias, el escenario queda configurado en dos frentes críticos: mientras en la JNJ se pelea su rehabilitación o inhabilitación administrativa para la función pública, en el Poder Judicial se libra la batalla por su libertad ambulatoria.
En ambos casos, el fin de su mandato en la ONPE se ha convertido en el principal argumento de defensa para asegurar que no existe peligro de interferencia en las pesquisas.
