El domingo el presidente había acusado al gobierno de Jerí de diseñar un mecanismo legal para excluir a la Presidencia y al MEF de las negociaciones
José Jerí negó la acusación del presidente Balcázar respecto al diseño de un mecanismo legal para excluir a la Presidencia y al MEF de las negociaciones por los 24 aviones de combate y confirmó que su Administración tomó la decisión política de autorizar la compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70 a la empresa norteamericana Lockheed Martin.
Argumentos de la negación:
- Procedimiento legal: Calificó las expresiones del mandatario como «totalmente inexactas e inadecuadas», afirmando que el proceso tiene sustento en el artículo 55, inciso m de la Ley de Contrataciones.
- Transparencia interna: Aseguró que los ministros y el equipo técnico tienen la información precisa y que, si el presidente Balcázar tiene dudas, es por falta de comunicación con sus asesores.
- Validación ejecutiva: Jerí subrayó que el propio Balcázar validó el proceso al firmar el Decreto Supremo 01-2026, el cual asigna el presupuesto y declara el secreto militar.
- Responsabilidad de Estado: Instó a tratar el tema con seriedad por ser de seguridad nacional, indicando que la decisión política fue de su gobierno, pero la ejecución y validación final corresponden a la gestión actual.
«No me arrepiento de nada… hemos sido sumamente cautelosos y responsables», sentenció Jerí durante su intervención en la Comisión de Defensa del Congreso de la República.
Puntos clave:
- Defensa de la legalidad: Jerí aseguró que la compra se realizó siguiendo la Ley de Contrataciones y cuenta con el sustento de decretos supremos firmados por ambas gestiones (019-2025 y 01-2026).
- Validación del proceso: Argumentó que Balcázar validó la compra al no convocar al COSEDENA para cambiar la decisión y al firmar los presupuestos correspondientes.
- Seguridad Nacional: Enfatizó que la reserva de los detalles no es falta de transparencia, sino parte de la Defensa Nacional.
- Responsabilidad de Estado: Precisó que, aunque su gobierno tomó la decisión política, la ejecución final ha sido responsabilidad de la administración actual.
Las afirmaciones del presidente
En unas declaraciones formuladas la noche del domingo en el programa de TV “Sin Rodeos”, el presidente Balcázar cuestionó la compra bajo los siguientes alegatos:
- Herencia de gestión: Afirmó que no fue una decisión de su administración, sino el resultado de un proceso «blindado» e inconstitucional diseñado por su antecesor, José Jerí.
- Exclusión institucional: Acusó al gobierno de Jerí de crear un mecanismo legal para dejar fuera de las negociaciones a la Presidencia y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
- Desconocimiento: Insinuó en televisión nacional que se vio obligado a continuar un proceso del cual no tenía control total.
La respuesta de José Jerí (expresidente y congresista)
Jerí rechazó tajantemente las acusaciones y utilizó un tono de confianza («No me arrepiento de nada»):
- Validación del proceso: Sostuvo iene que la compra sigue todos los procedimientos legales, basándose en el Artículo 55, inciso M de la Ley de Contrataciones, y en los Decretos Supremos 019-2025 (su gestión) y 01-2026 (gestión de Balcázar).
- Responsabilidad compartida: Argumentó que, aunque su gobierno tomó la «decisión política», Balcázar tomó la «decisión ejecutiva» al firmar los decretos de presupuesto y secreto militar.
- Mecanismo de control: Indicó que si Balcázar no estaba de acuerdo, pudo convocar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA) para cambiar la decisión, pero al no hacerlo, validó el procedimiento.
- Crítica a los asesores: Sugirió que el presidente Balcázar está mal informado por sus asesores de «WhatsApp» y que los ministros sí poseen la información técnica correcta.
Cuestionamientos y Apoyos en la Comisión
Héctor Valer Pinto (Crítico)
- Calificó la transacción como una «oscura compra».
- Cuestionó por qué se favoreció a la empresa norteamericana (Lockheed Martin) y qué sucedió con las propuestas de Suecia y Francia, sugiriendo una falta de transparencia en la selección final.
- Menciona que están en juego más de 3,000 millones de dólares.
Congresista Soto (A favor)
- Defiendió la compra como un «tema de Estado» necesario por la obsolescencia del equipo actual (40 años sin compras similares).
- Desestimó las críticas sobre las prioridades de gasto (hospitales/carreteras), argumentando que el presupuesto aprobado es intangible y específico para defensa.
- Criticó a Balcázar por «pasar la pelota» a otros gobernantes siendo él el presidente legítimo.
Almirante (r) Cueto (Enfoque en Seguridad)
- Lamentó que el tema se ventile públicamente por «populismo».
- Sostuvo que estos procesos deben manejarse bajo secreto militar por razones geopolíticas, para no entregar «información gratis» a otros países sobre las carencias de defensa nacional.
Conclusión del conflicto: Atribución de Responsabilidades
El núcleo de la disputa es la atribución de responsabilidad política y técnica. Mientras el presidente Balcázar intenta distanciarse de la compra calificándola de una «herencia blindada» e inconstitucional, José Jerí y diversos sectores del Congreso sostienen que el actual mandatario ratificó el proceso mediante actos administrativos propios (como la firma de decretos presupuestales).
¿Qué corresponde hacer ante este panorama?
- Transparencia en el COSEDENA: Dado que Jerí mencionó que este es el máximo órgano asesor, una sesión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional podría clarificar si hubo o no intención de modificar el proceso y por qué no se hizo.
- Auditoría de la Contraloría: Para resolver la duda sobre el «mecanismo legal de exclusión», se requiere una revisión técnica que determine si el proceso cumplió con la Ley de Contrataciones (Art. 55, inciso M) o si realmente vulneró facultades del MEF y la Presidencia.
- Deslinde de Decisiones: Diferenciar claramente entre la decisión política (gestión anterior) y la decisión ejecutiva/presupuestal (gestión actual) para establecer responsabilidades administrativas precisas ante el país.
- Manejo de la Reserva: Equilibrar el carácter de «secreto militar» con el derecho a la información sobre el uso de más de 3,000 millones de dólares, evitando que la seguridad nacional sea usada como barrera contra la rendición de cuentas básica.
